Pésimo signo, que fiscalización siga “entre cuates”
Una de las razones por las que justamente la ley prevé que ciertos órganos del Estado sean renovados en periodos distintos a los ejercicios de gobierno, estatales o federales, radica en la inhibición de la posibilidad de que las administraciones y los grupos políticos en el poder, puedan tener fiscalizadores a modo.
Se supone que todo esto, debe estar reforzado por la participación auténtica de ciudadanos que garanticen que la revisión del ejercicio público sea puntual y objetiva, y no cargada a favor o en contra del grupo gobernante. Si se entiende que todas estas son condiciones naturales de toda “sociedad democrática”, como la que dicen que ya comenzamos a ser, ¿entonces por qué en Oaxaca se está promoviendo la repetición de los viejos esquemas —propios de los regímenes priistas hegemónicos— para la designación del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado?
El asunto no es menor. Al menos en el Congreso del Estado, y en los corrillos de la política gubernamental, ya se desborda la especie de que “el bueno” para encabezar la ASE próximamente, es el hasta ahora secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado, Carlos Altamirano Toledo.
Esto, dicen, podría ya estar “autorizado” por el gobierno estatal, y es posible que incluso cuente el apoyo con las bancadas opositoras en el Congreso. Independientemente del interés particular que guardan cada una de las fuerzas representadas, y el régimen gobernante, consolidar esta posibilidad constituirá un golpe implacable para nuestra —incipiente y nada clara— “sociedad democrática”. ¿Por qué?
Sencillo. Porque independientemente de que Altamirano —o cualquier otro personaje afín al poder— pueda ser un extraordinario economista, y que cuente con todas las potencialidades para desarrollar inmejorablemente las atribuciones del cargo, queda claro que tanto su procedencia, como su modo de arribo, abonarían no sólo a las peores condiciones para su nombramiento (pues llegaría señalado y cuestionado, con toda razón, por la potencial sumisión al gobierno para el que trabajó y por el que fue impulsado para el cargo desde donde él se dedicaría a fiscalizarlo), sino que también serían la repetición fiel y exacta del pasado: es decir, que Altamirano caminaría sobre los pasos que marcó Rosa Lizbeth Caña Cadeza, como una auditora subordinada e impuesta por el gobierno en turno, que luego fue depuesta por la administración siguiente. Marcaría, de entrada, su destino y su paso (incompleto) por el órgano de fiscalización del Congreso.
Desde la creación de los órganos tales como la ASE, el Instituto de Acceso a la Información, y demás, quedó claro que su único gran cuestionamiento radicaba en la forma como fueron integrados. Aunque democráticamente era inadmisible que el entonces gobernador Ulises Ruiz impulsara a una serie de personajes de amplia cercanía a él para encabezar a esos órganos, la llegada de personajes como Caña Cadeza a la ASE, o Genaro Vásquez Colmenares al IEAIP, fueron “entendidos” bajo la lógica pura del poder, que indicaba que si bien el régimen anterior ya había creado los órganos, dejaría a sus sucesores la tarea de iniciar el verdadero proceso de independencia, y de desincorporación de los integrantes de éstos del grupo gobernante.
En esa lógica, comprensible pero no admisible, la democratización e independencia plena de esos órganos debió llegar en el momento de que sus primeros integrantes culminaran sus respectivos periodos, y entonces se combinaran tanto la voluntad democrática del grupo gobernante, como el interés verdaderamente ciudadano por participar de esos procesos, para conseguir titulares e integrantes de los órganos autónomos, verdaderamente comprometidos con las causas y los fines que éstos persiguen.
Sin embargo, parece que eso podría quedar eventualmente cancelado.
¿ESTABILIDAD EN LOS CARGOS?
Uno de los puntos que provocó mayores cuestionamientos, incluso antes de que se aprobara la reforma constitucional ocurrida recientemente en Oaxaca, era la firme voluntad que manifestaba el grupo gobernante por “renovar” la integración de los órganos autónomos. Esa voluntad —que caminaba lo mismo sobre los rieles de la democracia, que sobre los del exterminio al régimen anterior—, fue finalmente convalidada por todos los partidos políticos, que votaron modificaciones sustanciales a sus alcances e integración, y que dieron la pauta para que los actuales titulares fueran removidos.
El primer órgano sobre el que se puso la mirada, fue justamente la ASE. En un principio, la auditora Caña decidió dar la batalla, y a través de distintos canales, manifestó la necesidad de que los titulares de esas instancias culminaran sus periodos. Y es que, independientemente de sus dichos y sus formas de defensa, para todos quedaba claro que sería un mal ejemplo del gobierno entrante, el tratar de forzar cambios constitucionales para expulsar a funcionarios que gozaban de estabilidad en sus cargos, sólo porque eran afines a un gobierno distinto al actual.
Lo más riesgoso, en ese sentido, radicaba en la posibilidad de que los nuevos titulares de los órganos corrieran, seis años después, con la misma suerte que sus antecesores. Todo eso, rompería con varios de los principios fundamentales sobre los que se fundan los alcances de ese tipo de órganos, y provocaría que materialmente los cambios en entidades como la ASE, el IEAIP y demás, quedaran sujetos también a los vaivenes políticos sexenales de los que, se supone, deberían ser ajenos.
Al final, la reforma se pactó, aunque nunca quedó claro si los partidos de oposición pusieron como condición que para la nueva integración de los órganos autónomos, se hiciera un verdadero proceso de auscultación. Seguramente eso no ocurrió, porque independientemente de las “formas democráticas”, parece que ya existe un personaje perfilado —que bien podría ser Altamirano Toledo, u otro personaje ligado al gobierno estatal— para ocupar dicha responsabilidad. Aunque cargará con los mismos cuestionamientos con los que sus impulsores descalificaron la integración actual de la Auditoría.
INSENSIBILIDAD
Los adultos mayores que recién recibieron su primer cheque del programa Bienestar, deben acudir per-so-nal-men-te a la sucursal bancaria a cobrar el apoyo económico. No importan sus enfermedades, ni su edad, ni las larguísimas filas, ni la burocracia, ni las inclemencias del tiempo. Abundaremos.
