+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Complejos administrativos: el fraude, convalidado

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Además de dispendio, timan con ofertas imposibles

 

Bulmaro Rito Salinas, y todos los demás ex funcionarios de la administración estatal anterior, que de alguna forma participaron del descomunal negocio que significó la construcción de las ciudades Administrativa y Judicial del gobierno del estado, pueden ya dormir tranquilos. Con las declaraciones de sus adversarios políticos —ahora en el poder— respecto a la imposibilidad de renegociar la deuda, y eventualmente dar por terminado los Contratos de Prestación de Servicios, quedó constatado y convalidado el enorme fraude en contra de los oaxaqueños que esas instalaciones significan.

En efecto, la víspera el propio gobernador Gabino Cué Monteagudo reconoció en entrevista con medios informativos estatales, que la deuda que tiene la actual administración por el pago de los contratos PPS de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial es compleja y no se puede reestructurar. Al año, dijo, se tienen que pagar 500 millones de pesos para saldar el costo que realizó la pasada administración. “En el caso de los PPS es algo inevitable y se tendrá que asumir por tener un proceso muy difícil para revertir; se tiene presupuestado por servicio de la deuda anual casi 500 millones de pesos”, indicó.

¿Qué significa esto? Literalmente, que quienes elaboraron el entramado jurídico de esos contratos en la administración anterior, pusieron los suficientes candados no sólo para garantizar que el erario estatal cubriera, en los plazos establecidos, los costos de las dos edificaciones, sino que también garantizaron que las ganancias proyectadas inicialmente quedaran intocadas.

Se esperaba que, frente a ello, el Gobierno del Estado tuviera la capacidad no sólo para encontrar la punta de la madeja de esa compleja bola de hilos —e intereses— jurídicos, financieros, bancarios y hasta políticos. No obstante, ese primer reconocimiento expreso está claramente encaminado a ser el punto de inicio del proceso de “legitimación” de ambos complejos administrativos, por parte del nuevo gobierno.

¿De qué hablamos? De que, así como en su momento decidieron hacer todo no sólo para defender la velaria, sino también para terminarla y “legitimar”, ante los ojos del público, su permanencia en el Auditorio Guelaguetza, ahora la administración estatal parece enfilada a “convencer” a la ciudadanía, que dejar sin efecto los contratos de Prestación de Servicios que amparan la construcción de las ciudades Administrativa y Judicial, “es muy difícil”… y que, por tanto, será más fácil seguir pagando.

Con dicho reconocimiento quedó consolidado el fraude presuntamente cometido por Bulmaro Rito y sus socios. Porque más que el Gobernador del Estado, el órgano facultado para exigir un proceso de revisión de los contratos y de la estructura jurídica de esos convenios, para eventualmente declarar su rescisión o su renegociación, es el Congreso local.

Sin embargo, ¿quién lo hará ahora? Si por un lado, la fracción parlamentaria del PRI no lo hará, debido a la razón natural de que todos sus integrantes fueron parte del gobierno de Ulises Ruiz, y por obvias razones políticas no estarán dispuestos a reconocer las malas acciones de la administración y el grupo político del que, lo acepten o no, todos provienen.

Y tampoco lo harán los partidos que integran la coalición gobernante, debido a que fue el propio Mandatario Estatal quien ya marcó las coordenadas sobre las cuales caminará ahora el gobierno estatal respecto a los PPS de los complejos administrativos, y no parece posible que ninguno de los diputados o fracciones quiera en este momento ponerse a contradecir, ni exigir explicaciones, a quien ya se erigió como su Jefe Político.

 

FRAUDE DE EXPECTATIVAS

Si bien recordamos, hace más o menos un año, el entonces gobierno electo fue muy enfático, y lo puso como una de sus primeras prioridades, la de evaluar la viabilidad de continuar pagando los costos de las ciudades Administrativa y Judicial, e incluso el retorno de la oficina del Gobernador del Estado al Palacio de Gobierno, en el corazón de la capital oaxaqueña, constituyó una primer señal de que el gobierno estatal no estaba de acuerdo con los complejos administrativos, y que haría todo al menos por limpiar el cochinero que se dejaba ver alrededor de éstos.

Luego, ya en el poder, en diversos momentos se dejó ver la molestia y la apatía de los principales integrantes del grupo gobernante, por tener que despachar en instalaciones que, a su juicio, no eran ni adecuadas, ni dignas, ni funcionales, y mucho menos prioritarias para una entidad con tantas carencias como la nuestra. Todos iban detrás de quienes habían decretado la construcción de esos edificios. Y se veían resueltos a llegar hasta las últimas consecuencias.

De hecho, además de la exigencia ciudadana, la revisión de los PPS se convirtió en una especie de pena autoimpuesta por quienes hoy gobiernan. Así lo externaron. Y como en otros muchos casos, generaron expectativas entre la población, que ahora también comenzarán a echar por tierra.

En este sentido, ¿Será que no calcularon bien el grado de complejidad de las tareas que se resolvieron a emprender? ¿Será que de verdad los constructores de esos complejos fueron unos verdaderos genios en cuanto al aseguramiento jurídico de sus inversiones y sus ganancias? ¿O será que —como lo advirtió el doctor Felipe Martínez López hace meses, en estas mismas páginas— sólo era cuestión de tiempo para que las sociedades beneficiarias de obras como la velaria y los complejos administrativos, ensancharan su cauda de socios y funcionarios recompensados?

Todas las posibilidades están abiertas. Sin embargo, lo único cierto es que este parece ser el inicio de la consolidación de esas obras. Y finalmente, no ganaremos nada si la idea de justicia de los ahora gobernantes se reduce en sancionar o inhabilitar a un puñado de ex funcionarios… si de todos modos el negocio subsiste, y los verdaderos favorecidos con los PPS se siguen riendo de las exigencias de justicia que tiene el pueblo de Oaxaca.

 

ENDEUDAMIENTO

Ojalá que el edil Luis Ugartechea esté midiendo bien lo que va a hacer: endeudar para costear gasto corriente, es poco más que un suicidio. Esa regla aplica desde la economía familiar, hasta las grandes empresas y gobiernos. ¿Para qué quiere tantos recursos? Muy posiblemente, para pavimentar… su ilusoria carretera al Senado.

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