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Además de dispendio, timan con ofertas imposibles
Bulmaro Rito Salinas, y todos los demás ex funcionarios de la administración estatal anterior, que de alguna forma participaron del descomunal negocio que significó la construcción de las ciudades Administrativa y Judicial del gobierno del estado, pueden ya dormir tranquilos. Con las declaraciones de sus adversarios políticos —ahora en el poder— respecto a la imposibilidad de renegociar la deuda, y eventualmente dar por terminado los Contratos de Prestación de Servicios, quedó constatado y convalidado el enorme fraude en contra de los oaxaqueños que esas instalaciones significan.
En efecto, la víspera el propio gobernador Gabino Cué Monteagudo reconoció en entrevista con medios informativos estatales, que la deuda que tiene la actual administración por el pago de los contratos PPS de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial es compleja y no se puede reestructurar. Al año, dijo, se tienen que pagar 500 millones de pesos para saldar el costo que realizó la pasada administración. “En el caso de los PPS es algo inevitable y se tendrá que asumir por tener un proceso muy difícil para revertir; se tiene presupuestado por servicio de la deuda anual casi 500 millones de pesos”, indicó.
¿Qué significa esto? Literalmente, que quienes elaboraron el entramado jurídico de esos contratos en la administración anterior, pusieron los suficientes candados no sólo para garantizar que el erario estatal cubriera, en los plazos establecidos, los costos de las dos edificaciones, sino que también garantizaron que las ganancias proyectadas inicialmente quedaran intocadas.
Se esperaba que, frente a ello, el Gobierno del Estado tuviera la capacidad no sólo para encontrar la punta de la madeja de esa compleja bola de hilos —e intereses— jurídicos, financieros, bancarios y hasta políticos. No obstante, ese primer reconocimiento expreso está claramente encaminado a ser el punto de inicio del proceso de “legitimación” de ambos complejos administrativos, por parte del nuevo gobierno.
¿De qué hablamos? De que, así como en su momento decidieron hacer todo no sólo para defender la velaria, sino también para terminarla y “legitimar”, ante los ojos del público, su permanencia en el Auditorio Guelaguetza, ahora la administración estatal parece enfilada a “convencer” a la ciudadanía, que dejar sin efecto los contratos de Prestación de Servicios que amparan la construcción de las ciudades Administrativa y Judicial, “es muy difícil”… y que, por tanto, será más fácil seguir pagando.
Con dicho reconocimiento quedó consolidado el fraude presuntamente cometido por Bulmaro Rito y sus socios. Porque más que el Gobernador del Estado, el órgano facultado para exigir un proceso de revisión de los contratos y de la estructura jurídica de esos convenios, para eventualmente declarar su rescisión o su renegociación, es el Congreso local.
Sin embargo, ¿quién lo hará ahora? Si por un lado, la fracción parlamentaria del PRI no lo hará, debido a la razón natural de que todos sus integrantes fueron parte del gobierno de Ulises Ruiz, y por obvias razones políticas no estarán dispuestos a reconocer las malas acciones de la administración y el grupo político del que, lo acepten o no, todos provienen.
Y tampoco lo harán los partidos que integran la coalición gobernante, debido a que fue el propio Mandatario Estatal quien ya marcó las coordenadas sobre las cuales caminará ahora el gobierno estatal respecto a los PPS de los complejos administrativos, y no parece posible que ninguno de los diputados o fracciones quiera en este momento ponerse a contradecir, ni exigir explicaciones, a quien ya se erigió como su Jefe Político.
FRAUDE DE EXPECTATIVAS
Si bien recordamos, hace más o menos un año, el entonces gobierno electo fue muy enfático, y lo puso como una de sus primeras prioridades, la de evaluar la viabilidad de continuar pagando los costos de las ciudades Administrativa y Judicial, e incluso el retorno de la oficina del Gobernador del Estado al Palacio de Gobierno, en el corazón de la capital oaxaqueña, constituyó una primer señal de que el gobierno estatal no estaba de acuerdo con los complejos administrativos, y que haría todo al menos por limpiar el cochinero que se dejaba ver alrededor de éstos.
Luego, ya en el poder, en diversos momentos se dejó ver la molestia y la apatía de los principales integrantes del grupo gobernante, por tener que despachar en instalaciones que, a su juicio, no eran ni adecuadas, ni dignas, ni funcionales, y mucho menos prioritarias para una entidad con tantas carencias como la nuestra. Todos iban detrás de quienes habían decretado la construcción de esos edificios. Y se veían resueltos a llegar hasta las últimas consecuencias.
De hecho, además de la exigencia ciudadana, la revisión de los PPS se convirtió en una especie de pena autoimpuesta por quienes hoy gobiernan. Así lo externaron. Y como en otros muchos casos, generaron expectativas entre la población, que ahora también comenzarán a echar por tierra.
En este sentido, ¿Será que no calcularon bien el grado de complejidad de las tareas que se resolvieron a emprender? ¿Será que de verdad los constructores de esos complejos fueron unos verdaderos genios en cuanto al aseguramiento jurídico de sus inversiones y sus ganancias? ¿O será que —como lo advirtió el doctor Felipe Martínez López hace meses, en estas mismas páginas— sólo era cuestión de tiempo para que las sociedades beneficiarias de obras como la velaria y los complejos administrativos, ensancharan su cauda de socios y funcionarios recompensados?
Todas las posibilidades están abiertas. Sin embargo, lo único cierto es que este parece ser el inicio de la consolidación de esas obras. Y finalmente, no ganaremos nada si la idea de justicia de los ahora gobernantes se reduce en sancionar o inhabilitar a un puñado de ex funcionarios… si de todos modos el negocio subsiste, y los verdaderos favorecidos con los PPS se siguen riendo de las exigencias de justicia que tiene el pueblo de Oaxaca.
ENDEUDAMIENTO
Ojalá que el edil Luis Ugartechea esté midiendo bien lo que va a hacer: endeudar para costear gasto corriente, es poco más que un suicidio. Esa regla aplica desde la economía familiar, hasta las grandes empresas y gobiernos. ¿Para qué quiere tantos recursos? Muy posiblemente, para pavimentar… su ilusoria carretera al Senado.
