Aurelio Ramos Méndez
¿Intento de golpe de Estado técnico? Sí. El cuarto o quinto de la temporada. Un golpe de Estado y no otra cosa es lo que trataron de inducir ocho ministros de la Corte, al haber acordado contra todo derecho discutir la factibilidad de revisar si es constitucional la reforma judicial, ya tramitada en el Congreso, ante los ojos de la nación, con todas las de la ley.
Maquinaron una nueva intentona del desprestigiado Poder Judicial para buscar impedir la concreción de los cambios propuestos por la fuerza política mayoritaria desde 2018, y ratificados y ampliados en las urnas, con el abrumador respaldo de 36 millones de ciudadanos, el pasado 2 de junio.
Y eso, la obstrucción de la agenda de un gobierno, es exactamente lo que persigue un golpe de Estado.
O sea, arrebatarle a la mala el control del Estado –por militares a punta de fusiles y bayonetas o mediante procedimientos técnico-jurídicos menos violentos– a un gobierno democrática y legalmente constituido, con objeto de evitar que pueda instaurar los cambios sociales e institucionales avalados por la mayoría de los ciudadanos.
Los mexicanos estamos pues ante una clara conspiración inspirada, operada y financiada por un conjunto de actores, defensores de intereses, a cual más siniestro.
Actores que van de la oligarquía articulada por Claudio X. González a tenebrosos agentes extranjeros –de Estados Unidos, para ser explícitos—y partidos políticos que ven amenazada la ubre del erario a que han estado prendidos.
Los empeños de la oposición para torpedear los cambios iniciaron de manera soterrada aun antes de la asunción del poder por Andrés Manuel López Obrador.
Y se hicieron patentes luego con la interposición masiva de amparos en contra de los planes, programas y obras emblemáticas del obradorismo.
Se recrudecieron después, durante la campaña electoral, a base de patentes mentiras que denotaban determinación de robarse la Presidencia, según las cuales las encuestas daban ganadora a Xóchitl Gálvez.
Y se hicieron de plano desembozados el día de los comicios, cuando la candidata opositora –quien acabó perdiendo por paliza–, dio la vuelta olímpica gritando “¡gané, gané!”, mucho antes de que terminara el partido.
En la estrategia golpista de la derecha vendría luego la necedad de alegar –contra toda evidencia, interpretación jurídica o práctica política y electoral– sobrerrepresentación legislativa de la fuerza triunfante en las votaciones.
Faltaba, no obstante, lo peor en las irresponsables y peligrosas intenciones de la atomizada y enclenque oposición de atajar los cambios decididos por los mexicanos: tratar por todos los medios de malograr la reforma judicial.
Los ministros golpistas, cuyos nombres es menester que sean registrados por los mexicanos, son los siguientes:
Luis María Aguilar, Juan Luis González Alcántara, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Pardo, Alberto Pérez Dayán, Norma Piña, Javier Laynez Potisek y Margarita Ríos Farjat.
El haberle dado entrada al asunto, dizque para determinar si procede o no someterlo a revisión, es una leguleyada de este piquete de ministros confabulados, sabedores de que –lo sabe hasta un estudiante de derecho—siempre es posible interpretar la ley a conveniencia.
Ministros con talante de tinterillos ya buscan la manera de sacarle la vuelta a la expresa prohibición constitucional de revisar reformas a la Carta Magna realizadas por el Legislativo, poder reformador por excelencia y garante de la democracia.
Echan mano para ello de un arsenal de acuerdos, resoluciones, tratados, conferencias y cuanto instrumento jurídico ha suscrito el gobierno mexicano con organismos internacionales, los cuales –según su criterio– tienen carácter supranacional y a querer o no obligan observar sus disposiciones.
Se antoja poco probable que los ministros lleven hasta el final su atrevimiento y declaren inconstitucional la reforma.
Sin embargo, estiran peligrosamente la cuerda y pueden detonar una crisis institucional de consecuencias imprevisibles.
Orillan a las dos otras ramas del poder público –Ejecutivo y Legislativo— “desobedecer” las resoluciones de la Corte, con miras a colgarle a la Jefa del Estado, desde el inicio del sexenio, el sambenito de autoritaria y hasta tirana.
La presidenta Sheinbaum ya dijo que no pisará el garlito, pero también dejó claro que es voluntad de los ciudadanos que el Poder Judicial tenga las modificaciones incluidas en la reforma. “Va a ser así, porque en México se acabaron aquellos gobiernos que servían a unos cuantos”.
Luego despejó toda duda sobre las intenciones de los ministros que votaron a favor de darle entrada al tema no por descuido o ignorancia, sino por mala fe. “Saben que están procediendo ilegalmente. Lo saben. Son constitucionalistas, conocen la Constitución”.
Y reafirmó que habrá elección popular directa de jueces, magistrados y ministros porque “es la decisión del pueblo de México”.
Así se habla. Así se hace.
BRASAS
Directivos de Radio Fórmula despidieron a la senadora Lilly Téllez del programa del periodista Ciro Gómez Leyva, fervoroso defensor de la libertad de expresión, quien sin embargo no tuvo arrestos para decirle no al patrón.
La legisladora dio a conocer el miércoles su cesantía, de la cual dijo que fue por decisión de la empresa.
Tres días después, el conductor apareció en el triste papel de trompo de poner –ese que los chicos colocan en el centro del círculo de castigo–: dio su versión e hizo la pantomima de asumir la responsabilidad del despido, aunque más bien incurrió en delación de los mandamases de la radiodifusora.
Ciro narró que desde el comienzo de la participación de Téllez funcionarios y directivos no aprobaban lo que ella decía y así se lo hicieron saber al conductor.
Y que, por estos días, volvió a darse “esta decisión… comentarios” de directivos de Formula, “y yo ya no la objeté”.
Añadió:
“Fui yo quien ya no la objeté. Así se lo dije a Lilly. Entonces, es una decisión mía el ya no haber objetado esta… inconformidad, o este no gusto de funcionarios de Fórmula por las participaciones de Lilly Téllez.
“¿Por qué no objeté? Pues… ya ¡qué más da! Lo importante es que no lo hice. Por desgaste, quizá por el momento que estamos viviendo, que estoy pasando en lo personal…”.
Clarísimo. A la senadora panista la echaron los directivos y funcionarios de la radioemisora, y el director –un ícono de la libertad de expresión– no pudo, no supo o no quiso defenderla.
Ella publicó que “el dueño” de la empresa está en su derecho de haber tomado la decisión de cesarla.
Como no hay mal que por bien no venga, ¡en buena hora la senadora panista fue expulsada de un espacio periodístico, el cual, lógicamente, tiene que ser ocupado por periodistas no por políticos.
El episodio debería ser oportunidad para procurar la depuración del periodismo usurpado por políticos, quienes nada aportan porque su ámbito natural de acción es la plaza pública, la tribuna parlamentaria, la calle, la visita casa por casa.
¿Alguien cree que un político colaborador de medios dice en éstos cosas distintas de las que expresa en el templete, la cámara legislativa el encuentro con ciudadanos?
¿Lilly Téllez decía en los micrófonos de Ciro cosas diferentes a las que profería con estridencia en la tribuna del Senado?
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Erró la Presidenta de la República al responder críticas pedestres de los comediantes Rafael Inclán y Luis de Alba, famosos por su ordinariez, precario talante histriónico y propensión a burlarse de la idiosincrasia de los mexicanos, en particular de los núcleos más humildes. Es decir, a mofarse de quienes les dan de comer.
Son estos sectores sociales, en efecto, los que lamentablemente consumen la mayor parte de la bazofia profesional de ambos actores, a quienes nadie los confundiría con Robert de Niro o Al Pacino, por más que su soberbia prefigure la suposición de varios Oscar en el palmarés de cada uno.
“Tome las cosas de quien vienen”, debió de haberle recomendado alguno de sus asesores a la mandataria, de modo que ella dejara pasar las bajezas de estos notables émulos de la India María en eso de retratar –mejor dicho, estereotipar– a mexicanos de los estratos más desfavorecidos.
Resultaba ocioso atender ramplonerías y vilezas como esa de que tendremos seis años a una ama de casa en la Presidencia, ruindad que fue lo menos prosaico vomitado por el comicastro Inclán.
Lo de estos dos vacuos, pero jactanciosos faranduleros fue misoginia más estupidez.
En su respuesta, Sheinbaum reivindicó a las amas de casa –“soy presidenta, abuela, mamá y ama de casa con orgullo”—y les recriminó a estos histriones del cine de ficheras el uso de la palabra “sirvienta”, de la cual expresó con razón: “es terrible… Del porfiriato, de la Colonia”.
Defendió además la digna actividad que realizan las trabajadoras del hogar, a quienes –dijo de paso– hay que darles no sólo reconocimiento sino también seguridad social.
Víctimas de avanzado trastorno cognitivo, producto en los dos casos de duras adicciones, ninguno de estos dos genios de la interpretación dio indicio de haber comprendido los alcances de la amonestación. Ni una disculpa, ni una explicación, ni un gesto de arrepentimiento.
Y, a todo esto, ¿sabe alguien dónde están las organizaciones de feministas, defensoras de los derechos de la mujer y de la equidad de género? ¿Será que despliegan una defensa selectiva, en función de sus simpatías político-partidistas?
O, peor, ¿no será que comparten esas organizaciones los miserables prejuicios de Inclán y De Alba?
RESCOLDOS
El prestigioso Premio Mundial de Arquitectura y Diseño, mejor conocido como Prix Versailles, puso a la oposición mexicana a condimentar sapos grandes como gatos y deglutirlos sin hacer gestos. Reconoció al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como uno de los más bellos del mundo. Evaluó el diseño y el desarrollo sustentable, y lo ubicó al lado de los aeropuertos de Emiratos Árabes, Singapur, Tailandia y Estados Unidos, también galardonados. La presidenta Sheinbaum celebró el premio y destacó del AIFA los aspectos de arquitectura y diseño. Desde la atalaya de su refinamiento estético los opositores siguen considerándolo una terminal de autobuses.
aurelio.contrafuego@gmail.com
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