Por: Antonio Gutiérrez Victoria
“Tenemos la gran posibilidad de seguir insistiendo en la importancia de este modelo de garantía. Los derechos que tutelamos en sede autónoma permiten conectar a la gente y alcanzar la justicia social”.
Adrián Alcalá Méndez, Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) expuso sus opiniones sobre la situación actual y el futuro que avizora para el organismo autónomo; mediante esta entrevista que concedió en su reciente visita a Oaxaca.
¿Cuál es el estado actual de la situación con el INAI?
Gracias por la oportunidad de dirigirme, no solo a la comunidad académica de la Benemérita Universidad de Oaxaca, sino también a toda la sociedad oaxaqueña y mexicana interesada en estos temas. Es necesario recordar que Oaxaca jugó un papel determinante en la construcción de este derecho y de estas instituciones, porque fue aquí donde se reunieron en 2001 académicos, periodistas e investigadores que formaron el “Grupo Oaxaca”. Este grupo emitió una declaratoria y un consenso para exigirle al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión la necesidad de contar con una instancia que garantizara el derecho a saber, la transparencia y la actividad gubernamental. Por eso celebro la invitación y me da muchísimo gusto estar aquí.
¿Cuál es el tema actual? La semana antepasada, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, nos recibió por indicaciones de la Presidenta, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Desde el día en que los resultados de la jornada electoral del 2 de junio fueron irreversibles, planteamos de manera abierta una petición formal de diálogo con el gobierno que encabezaría entonces la doctora y a los futuros legisladores que asumirían la Legislatura actual el primero de septiembre. Posteriormente insistimos y enviamos una carta a las oficinas solicitando este diálogo, porque las instituciones del Estado mexicano no deben contraponerse ni entrar en conflicto. Finalmente, en el marco de sus atribuciones y con total defensa de la autonomía que nos mandata, dialogamos para construir el mejor camino en beneficio de la sociedad, a quien todos nos debemos. Somos una institución del Estado mexicano, no enemigos del poder público o político; somos parte del andamiaje institucional con una misión muy importante: defender los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, de manera independiente, con autonomía técnica, de gestión y de decisión.
En esa reunión, las tres comisionadas y un servidor, que actualmente integramos el pleno del INAI tuvimos la oportunidad de expresar, libre y abiertamente, nuestras preocupaciones: ¿qué pasaría si no existiera el INAI y los organismos garantes en las entidades federativas con diseño de autonomía constitucional? Porque vemos precisamente que el derecho a la información se debilitaría y se fragmentaría. En el esquema del dictamen que está en la Cámara de Diputados y aprobado por la comisión de la legislatura anterior, se establece una fragmentación al asignar cierta competencia a la Secretaría Función Pública y, respecto a los poderes, cada quien tendría sus ámbitos de aplicación (sindicatos, partidos políticos, etc.), lo que llevaría a la fragmentación del derecho y la garantía. Esto, tarde o temprano, derivaría en la inhabilitación del ejercicio, pues las personas no confiarían en instancias que actuarían como juez y parte. Y cuando eres juez y parte, existe un alto grado de tentación y percepción de parcialidad. No digo que necesariamente sea así, pero es una gran tentación.
En ese sentido, planteamos la posibilidad de una reducción organizacional y presupuestaria de hasta 300 millones de pesos, sin comprometer nuestras facultades y atribuciones en materia de acceso a la información y protección de datos personales en los ámbitos privado y público. Recordamos al público que la única instancia a nivel nacional que garantiza el derecho a la protección de datos personales en el sector privado es el INAI; en el sector público, cada entidad federativa cuenta con sus respectivos órganos garantes. Con esta intención, estructuramos la reestructura organizacional.
La licenciada Rosa Icela Rodríguez nos dijo con claridad y transparencia que ella no tenía la decisión final, pero que informaría a la Presidenta de México. Fue importante que enviáramos esta propuesta de ahorro presupuestal, que en términos generales representa una reducción de poco más de 330 millones de pesos. Si el argumento es el alto costo del INAI —cuyo presupuesto es de mil noventa y siete millones de pesos, lo que representa el 0.01% del Presupuesto de Egresos de la Federación, es decir, ocho pesos por persona una vez al año—, también hemos planteado esta reducción.
Además, sabemos por diversas manifestaciones del diputado Monreal, líder del grupo mayoritario en la Cámara de Diputados y Presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Ramírez Cuéllar, y senadores como Javier Corral, que el tema sigue en análisis, sin una definición clara. Se habla de la creación de una Agencia de Identidad Digital, encaminada desde mi perspectiva a la garantía de los datos personales en el sector privado. Del acceso a la información no se ha dicho nada, pero entiendo que sigue en análisis.
El propio diputado Monreal cuando le preguntaron sobre la reforma de los órganos autónomos hace tres semanas, comentó que la reforma judicial tendría que ir por tres caminos y en otro ritmo, es decir, sin prisas, buscando consensos y diálogos, y que, continúa en análisis. Celebro estos tres puntos porque van sin prisa, buscando consensos y con análisis constante.
Esto me permite manifestar que aún no hay una definición y que, mientras no se tenga una en el Congreso de la Unión y el dictamen no esté aprobado en el pleno respectivo ni avalado por la Cámara revisora, tenemos la gran posibilidad de seguir insistiendo en la importancia de este modelo de garantía. Los derechos que tutelamos en sede autónoma permiten conectar a la gente y alcanzar esa justicia social.
Cuando las personas logran obtener un documento mediante el acceso a la información, pueden ejercer otros derechos que, por la vía administrativa, no podrían haber obtenido, como su expediente clínico, semanas cotizadas, evaluaciones de escuelas públicas, programas de becas y sus requisitos. Es decir, la información es esencial para avanzar en la transformación. También es necesario garantizar los datos personales en el mundo digital de manera independiente, con autonomía y ajena a cualquier tentación política, porque estamos resolviendo sobre los datos personales, los tuyos, los míos, los de todas las personas en un entorno digital.
En síntesis, creo que seguirán existiendo posibilidades, aunque en el futuro inmediato no haya una fecha determinada. Aunque los diputados dijeron la semana pasada que el tema está en la agenda legislativa y la Presidenta de la República y la Secretaria de Gobernación lo confirmaron en nuestra visita, lo cierto es que no hay fecha, y mientras no la haya fecha, se sigue analizando, lo cual es una gran oportunidad para nosotros.
¿Puede coincidir o coexistir la propuesta de la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el INAI?
Totalmente, es una posibilidad. En la administración pública la coordinación de transparencia al interior del gobierno federal siempre ha estado a cargo de la Secretaría de la Función Pública. Desde la creación del IFAI, en 2002, ha existido una relación estrecha con la propia Secretaría de la Función Pública, la cual se encarga de implementar las políticas que dicta el INAI a nivel nacional. A nivel estatal, se cuenta con un enlace correspondiente; en el Poder Judicial existe un área específica, y en los congresos locales, también. Es decir, es el área natural. Celebro, a propósito del anuncio de la creación de una nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y que la Presidenta de la República haya manifestado que la transparencia no desaparecerá durante su gobierno. Ella entiende, desde mi punto de vista, que la transparencia es un eje fundamental, transversal, y un pilar para combatir la corrupción, evitar espacios de opacidad y lograr un buen gobierno. Por eso, creo que a la Secretaría le agrega el nombre de “buen gobierno”.
Recordemos que cuando la Presidenta fue Jefa de Gobierno se materializó en la Constitución de la Ciudad de México un concepto ya considerado como un derecho fundamental: el derecho al buen gobierno. Este derecho implica que todas las personas deben tener acceso a un gobierno eficaz y eficiente, ya que todos contribuimos al gasto público. Además, este principio se ve reflejado en los ejes de los 100 programas prioritarios de la Presidenta. El segundo de estos ejes se refiere a la socialización de todos los derechos en el territorio nacional; el tercero, a la libertad de expresión, donde se contempla el derecho de acceso a la información, y el duodécimo, al combate a la corrupción.
Por ello, celebro que exista esta iniciativa, pero también considero importante que el ejercicio de este derecho esté garantizado cuando es vulnerado. Seguiremos insistiendo en la importancia de que la garantía resida en una institución ajena al poder político y a cualquier tipo de interés. Esto no debe depender de intereses políticos o de algún grupo; se trata de un derecho humano, y nosotros lo defendemos con independencia, sin miramientos ni fijaciones, porque estamos hablando de derechos humanos.
Por último, imaginemos el escenario en el que se consuma la reforma. ¿Qué sigue? Más bien, ¿qué le diría usted a los jóvenes, a los estudiantes, pero sobre todo a los universitarios? ¿Qué pueden hacer a futuro?
Les diría que sigamos fomentando la participación en un esquema que, por ahora, es desconocido, porque, a mí me preguntan: “Oye, ¿y cómo será el ejercicio del derecho?”. No lo sé. Si se fijan, el dictamen establece que todo se dejará a la legislación secundaria. Entonces, ahí tenemos la posibilidad de participar, de incidir.
También hacemos un llamado al gobierno federal y al Congreso de la Unión —Cámara de Diputados y Senado— para que, si esta reforma prospera, nos dejen ser parte activa de la construcción de la nueva ley general, la nueva Ley Federal y las nuevas leyes estatales. Hay procedimientos en curso, derechos laborales de nuestros trabajadores en juego. ¿Quién será responsable de la Plataforma Nacional de Transparencia? ¿Qué pasará con los millones de datos en la plataforma de transparencia? ¿Cómo se ejercerán los derechos de protección de datos personales? Es decir, es importante que estemos ahí.
Sin embargo, más allá de eso, es fundamental que la comunidad universitaria de todo el país participe, que no se desmotiven y que sigan incidiendo en el ámbito público, sea cual sea el esquema. ¿Cómo? Preguntando, cuestionando, fomentando la participación y contribuyendo. Porque ustedes, como universitarios, realizan una crítica constructiva. ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo fortalecemos los derechos? ¿Cómo logramos la igualdad de circunstancias? Desde mi perspectiva, ustedes tienen una misión clara: prepararse para el presente. Son los futuros tomadores de decisiones, y seguramente querrán vivir en un México como el que han conocido desde niños, con derechos humanos, libertades, garantías, pesos y contrapesos, en donde se respete el Estado de Derecho en términos generales.
