Adrián Ortiz Romero Cuevas
El presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió el objetivo delineado en el llamado Plan C de la reforma al Poder Judicial, planteado a finales de 2023: ganar, en los comicios federales de 2024, las dos terceras partes de las dos cámaras que integran el Congreso de la Unión; y mantener el control a través de su partido en más de la mitad de las entidades federativas del país. Habiendo cumplido esa meta, tanto el presidente López Obrador como la ahora mandataria Claudia Sheinbaum han cumplido cabalmente con el plan de reformas trazado desde entonces… hasta muy recientemente, que se toparon con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sí, la Coordinadora ha sido la única capaz de plantársele a la aplanadora morenista.
En efecto, de acuerdo con El País, el pasado 7 de febrero la presidenta Sheinbaum envió al Congreso una reforma a la ley del ISSSTE. La iniciativa, se dijo, “busca el fortalecimiento financiero del ISSSTE” y regresar al FOVISSSTE “las atribuciones de adquisición, construcción, rehabilitación y renta de viviendas”. En concreto, la reforma buscaba ampliar el porcentaje de aportación al fondo de seguridad social del ISSSTE para los trabajadores de más altos ingresos, y homologar las metas del FOVISSSTE a las del Infonavit. La propia Presidenta dijo que ninguna de las finalidades de la reforma impactaba a los trabajadores de la educación. Pero aún con eso la Coordinadora organizó la semana antepasada un paro y protestas de dos días; y para la semana previa tenía el plan de parar tres días más y protestar nuevamente en la Ciudad de México.
Así, el mismo día 18 de marzo la Presidenta recibió a una comisión de trabajadores adheridos a la CNTE —que, recordemos, es la corriente de base disidente del magisterio históricamente “oficialista” identificado con el SNTE—. De dicha reunión, los profesores del sureste del país —Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, principalmente, aunque también aglutinan algunas expresiones robustas del Valle de México— salieron con lo impensable bajo el brazo: la promesa, ejecutada ahí mismo, de que la Presidenta retiraría la iniciativa que un mes antes había presentado ante el Congreso.
¿Por qué “impensable”? Porque el gobierno federal tiene las mayorías necesarias para reformar cualquier ley e incluso la Constitución de la República; porque, además, el gobierno federal ha cumplido a pie juntillas su programa de reformas constitucionales y legales; porque, en ese tenor, el Ejecutivo federal ya reorganizó estructuralmente al Poder Judicial Federal, y ha modificado con comodidad todas las normas que le han resultado necesarias para cumplir con sus metas. No detuvo a la Presidenta la amenaza de “los trabajadores del país” de bloquear la reforma a la ley del Infonavit; no ha pasado en ningún otro tema. Entonces, ¿por qué con el magisterio democrático, sí?
La respuesta no resulta difícil: ellos, igual que el régimen, fueron opositores históricos a los gobiernos priistas y panistas del país. A ellos no los pueden acusar de ser agentes de la derecha ni opositores enmascarados en las caretas de la lucha social. De hecho, si a algún grupo organizado el actual régimen morenista le debe su supervivencia en los momentos más aciagos, es justamente al magisterio adherido a la CNTE.
En esta discusión, lo que menos importa es el contenido de la iniciativa, que ya fue retirada. Es decir, que era lo menos si beneficiaba o perjudicaba a los trabajadores de base del magisterio o de otras instituciones del Estado. Al final, quedó claro que la CNTE, por su identidad histórica —que no alianza— con el actual régimen, sí tiene derecho a hacer valer su ascendencia frente a él.
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