Alberto Benítez Tiburcio
¿Por qué México no crece al ritmo que podría, considerando su enorme potencial en recursos naturales, capital humano y ventajas logísticas como el nearshoring?
La pregunta no es nueva, pero sigue sin respuesta satisfactoria. México tiene prácticamente todo para ser una potencia económica regional. Es la segunda economía de América Latina, tiene acceso preferencial al mayor mercado del mundo a través del T-MEC, cuenta con una población joven de más de 130 millones de personas y una ubicación estratégica en el nuevo reacomodo global de las cadenas productivas.
Y sin embargo, no crece como podría.
Si se observa la última década, el patrón es claro: México ha crecido muy por debajo del nivel necesario para detonar desarrollo sostenido. Distintos análisis coinciden en que el país necesitaría crecer entre 4% y 5% anual de manera consistente para generar condiciones reales de prosperidad, reducir la informalidad y cerrar brechas sociales.
Para 2025, el crecimiento fue cercano a 0.6%, y para 2026 las proyecciones se ubican entre 1.3% y 1.6%. Es decir, una economía que avanza, pero sin la fuerza suficiente para transformar la realidad social.
El rezago se vuelve más evidente cuando se observa el empleo. En 2025, México generó alrededor de 650 mil empleos formales, una cifra claramente insuficiente frente a la presión demográfica. Cada año, entre 1.1 y 1.2 millones de personas se incorporan al mercado laboral. La diferencia no es técnica: es estructural.
Ese déficit explica, en buena medida, la persistencia de la informalidad y la fragilidad del ingreso en millones de hogares. La pregunta entonces es inevitable: ¿qué está frenando el potencial de México?
Una parte central de la respuesta está en un concepto que suele mencionarse mucho y entenderse poco: el estado de derecho.
El estado de derecho no es una abstracción jurídica. Es una condición económica. Significa que las normas son claras, que se aplican de manera predecible y que no dependen de la voluntad de quien ejerce el poder. Significa que los contratos se respetan, que la corrupción se sanciona, que la justicia funciona y que la autoridad tiene límites.
En otras palabras, significa certeza jurídica.
Y la certeza jurídica genera confianza. Y la confianza, a su vez, es el activo más importante de cualquier economía moderna.
Para dimensionar dónde está México en esta materia, vale la pena observar el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project. Este indicador evalúa a más de 140 países con base en variables como límites al poder, ausencia de corrupción, transparencia, seguridad y efectividad de la justicia.
No mide discursos. Mide realidad.
El resultado para México es preocupante: el país se ubica alrededor del lugar 121 de 143 países, y en América Latina en la parte baja del ranking, 28 de 31, apenas por encima de Haití, Venezuela y Nicaragua.
No es un dato menor. Es un diagnóstico estructural.
Existe una relación directa entre estado de derecho y crecimiento económico. La cadena es simple, pero contundente: más certeza jurídica genera más inversión; más inversión genera mayor empleo; más empleo incrementa el ingreso de las familias; ese ingreso impulsa el consumo; y el crecimiento económico fortalece la capacidad del Estado para recaudar y redistribuir mejor.
En este contexto, es relevante reconocer que el tema ya forma parte de la agenda pública. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido reuniones con el sector empresarial para fortalecer la confianza en el país como destino de inversión. Incluso recientemente ha señalado que México necesita generar mayor certidumbre para detonar su crecimiento económico.
El diagnóstico es correcto. Desafortunadamente, algunas decisiones han enviado señales en sentido contrario. La reforma judicial, en particular, ha generado dudas sobre la independencia y previsibilidad del sistema de justicia. Y en economía, la incertidumbre institucional no es neutra: se traduce en menor inversión.
No se trata de una discusión ideológica. Es una cuestión de incentivos. La inversión no responde a discursos, responde a condiciones. Cuando las reglas son claras, el capital llega. Cuando las reglas son inciertas, el capital espera. Y a veces no se va: simplemente no llega.
México tiene frente a sí una oportunidad histórica con el nearshoring. Pero esa oportunidad no se materializa por inercia. Requiere algo elemental: confianza en las reglas. Sin estado de derecho, el potencial se convierte en promesa.
México no crece al ritmo que podría no por falta de recursos, sino porque no ha logrado construir un entorno de certeza jurídica suficiente para atraer la inversión que necesita.
Y mientras esa certeza no se consolide, el crecimiento seguirá siendo insuficiente para generar prosperidad para las y los mexicanos.
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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.
