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+ Senadores por Oaxaca: que ya se estrenen
El acto de desechamiento de las Controversias Constitucionales presentadas por los pueblos y el gobierno del Estado de Oaxaca, marca una serie de posibilidades infinitas para eso que coloquialmente se conoce como “poner a prueba las instituciones”.
En un primer plano, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe examinar con toda amplitud el caso y argumentar con toda precisión la confirmación de la decisión dada a conocer ayer por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Pero además, esta primera decisión abre la posibilidad de, de todos modos, continuar explorando la vía política del Senado de la República, y para demostrar que los gobiernos de las dos entidades federativas tienen posibilidades reales de conciliar y entenderse sin necesidad de acudir a las instancias jurisdiccionales.
¿Qué resolvió ayer la Corte? En términos sencillos, el Alto Tribunal desechó por notoria improcedencia tres controversias constitucionales promovidas por dos municipios y el gobierno de Oaxaca para impugnar la creación del municipio chiapaneco de Belisario Domínguez en la zona de Los Chimalapas.
A través de un comunicado, la Corte puntualizó que el Ministro Ponente pidió al gobierno de Oaxaca y a los dos municipios inconformes, hacer varias aclaraciones a sus demandas, pues el caso tenía toda la apariencia de tratarse de un conflicto de límites. En ese sentido, tanto Oaxaca y Chiapas informaron que no han desahogado procedimiento alguno ante el Senado, por lo que el ministro Pardo desechó las controversias, en una sentencia que los demandantes pueden impugnar mediante recurso de reclamación que será resuelto por una de las salas de la Corte.
De entrada, esto abre dos posibilidades que deberán poner a prueba al máximo tribunal del país. Esto porque el recurso de reclamación (que, de acuerdo con la fracción I del artículo 51 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 constitucional, referente a las Controversias Constitucionales, procede contra “los autos o resoluciones que admitan o desechen una demanda, su contestación o sus respectivas ampliaciones”) que ayer anunció el gobierno de Oaxaca que presentará contra el desechamiento de la demanda, necesariamente excitará al Pleno de la Corte a que entre de lleno al estudio del caso respectivo, y emita una resolución que, además de decidir definitivamente el destino de la controversia, marque también un referente para casos futuros equiparables a este asunto.
La garantía que queda en todo eso, es que la decisión final que tome la Corte finalmente, estará lejos de los posibles intereses particulares de los integrantes de la Corte, y de las suspicacias que despierta la cercanía del ministro Pardo con el Secretario General de Gobierno del estado de Chiapas. También, esa decisión colegiada, por esa sola razón será superior a la sola interpretación o visión de un ministro sobre este asunto, y permitirá que haya un debate amplio sobre los razonamientos y la argumentación vertidos en la Controversia, y el grado de validez y eficacia de los mismos.
Al final, si el resultado es la confirmación del acto de desechamiento, en Oaxaca deberá haber ajustes importantes en la estructura gubernamental encargada de la estructuración de la demanda respectiva. Pero junto con ello, y lejos de quedarse llorando por este primer revés, se deberán buscar todas las vías alternativas para lo más importante: continuar la defensa del territorio oaxaqueño.
ESTRENAR A LOS SENADORES
Si el Gobierno de Oaxaca actúa con algo más que soberbia, debiera asumir que este es momento de aceptar los escenarios diferentes al planteado por sus abogados, y comenzar a actuar con responsabilidad. Es indispensable, en ese sentido, que a la par de las acciones legales que iniciaron ante la Suprema Corte, el Gobierno de Oaxaca se asuma como garante del Estado, y explore la posibilidad de incidir en este asunto a través del Senado.
En efecto, hasta antes de ayer el gobierno de Oaxaca se decía muy seguro de haber optado por la vía correcta al alegar que sus discrepancias con Chiapas era por el acto de invasión, por la reforma constitucional chiapaneca que modificó los límites y colindancias de aquella entidad federativa con la nuestra, y por el acto de creación del municipio de Belisario Domínguez. Hoy, con el revés de la Corte, debe actuar ahora sí con previsión y no empecinarse en vías que, como ya quedó visto, posiblemente sean rechazadas por el Alto Tribunal.
¿Qué debe hacer? De inmediato, exigir la intervención de los tres senadores que tiene Oaxaca, para que sea la Cámara alta la que inicie las posibles labores de conciliación en este asunto. Se supone que el senador Ericel Gómez Nucamendi y el senador Armando Contreras Castillo, son parte del grupo que hoy gobierna Oaxaca. Esa pertenencia, hoy, debiera traducirse, más que para la grilla, en acciones eficaces y oportunas a favor de la defensa del territorio. Y también debieran solicitar la participación del senador priista Adolfo Toledo Infanzón, en ésta que podría ser una de las más importantes acciones que habrían hecho senadores oaxaqueños por la entidad federativa a la que pertenecen.
Es indispensable que los senadores se “estrenen” y hagan algo por Oaxaca. Si la Corte está dando luz sobre las formas que debieran seguirse para defender los límites territoriales (y también queda claro que el inicio de un procedimiento jurisdiccional, no es obstáculo para que al mismo tiempo el gobierno estatal solicite al Senado que aborde el tema para hallarle una solución política entre entidades federativas, en el corto o mediano plazo).
Lo ideal sería que esto pudiera ser resuelto por los gobiernos estatales. El problema es que en el chiapaneco se ve indisposición para llegar a un arreglo, y en el oaxaqueño se aprecian titubeos que pueden ser de altos costos.
DEFENSA EFECTIVA
Decíamos, sobre este tema, en nuestra entrega del pasado 3 de febrero que “lo único no deseable es que, aún teniendo la razón jurídica, Oaxaca ya no pueda deshacer el acto material por el que Chiapas invadió el territorio de los Chimalapas. Ese, que también es posible, sería el peor escenario.” Por eso es por lo que fundamentalmente, debe preocuparse el gobierno de Oaxaca. Hoy ratificamos esta preocupación, pero también con la exigencia de que los responsables de llevar esta defensa al límite de los riesgos resientan pronto las consecuencias respectivas. Ojalá no se consolide este despojo.
