Ernesto Ruiz
¿Y si los desastres ambientales no son el costo inevitable del desarrollo, sino negligencias punibles?
¿Y si la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indagará qué ha pasado con el recurso para mantenimiento de la refinería Antonio Dovalí Jaime y los ductos?
¿Y si está violando nuestros Derechos Humanos?
La narrativa oficial y corporativa se ha vuelto experta en el arte de la ingeniería del deslinde. Cada vez que una mancha negra devora una playa, un río o un campo de cultivo en nuestro estado, el guion institucional es casi idéntico: fue una toma clandestina, un acto de vandalismo o una desafortunada anomalía fortuita. Pero quienes conocemos las tripas de la administración ambiental y hemos caminado el territorio oaxaqueño, sabemos que aquí el olor a amoníaco y chapopote no es un accidente; es síntoma de una sistemática simulación.
De Salina Cruz a Palomares, los desastres no son anomalías de la naturaleza, sino las cicatrices abiertas de una infraestructura obsoleta que colapsó hace años. En el puerto de Salina Cruz se acumulan más de 60 derrames en el último lustro, con crisis urbanas y costeras recurrentes que asfixian bahías como La Ventosa. La herida en la zona norte del Istmo cala de forma distinta: En octubre de 2022, el tramo del oleoducto de 30 pulgadas Nuevo Teapa-Salina Cruz reventó en San Juan Güichicovi, el petróleo crudo convirtió al río El Corte y al Arroyo Tonto en cementerios flotantes de tortugas, ganado y aves, dejando los pozos artesanales de comunidades indígenas como El Triunfo, Tolosita y Sarabia inservibles y oliendo a muerte.
Apenas dos meses después, en diciembre de ese mismo año, el ducto en la agencia de Donají, Matías Romero, exhaló una nube tóxica de amoniaco que provocó el desplazamiento forzado de más de 1,200 almas y quemó los maizales. En febrero de 2023, fue el rugido invisible del gas isobutano el que obligó a evacuar familias en plena noche ante el pánico de una explosión.
El mapa de México se está tiñendo de negro a una velocidad alarmante. Datos oficiales revelan que, entre octubre de 2024 y marzo de 2026, la petrolera estatal registró un total de 1,490 derrames y fugas a nivel nacional. En el 2025 se consolidó esta tendencia crítica con 1,015 desastres operativos, la inmensa mayoría de ellos catalogados bajo la causa de “falla industrial”. No es el huachicol; es el envejecimiento de la infraestructura y la criminal falta de mantenimiento.
Frente a la terca realidad de los datos y el testimonio de ingenieros y exfuncionarios de la refinería Antonio Dovalí Jaime que han denunciado cómo el presupuesto de integridad de ductos se esfuma en el laberinto de la corrupción interna, la pregunta que da título a esta columna deja de ser una hipótesis técnica para convertirse en un reclamo político urgente: ¿Y si sí?
¿Y si resulta que los técnicos tienen razón? ¿Y si los desastres ambientales no son el costo inevitable del desarrollo, sino negligencias punibles?
Imaginemos por un momento un México donde las instituciones encargadas de la gobernanza y la justicia ambiental no fueran meros espectadores de adorno. ¿Cuál sería nuestra realidad si la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) ejerciera sus facultades de inspección y vigilancia con rigor? Entre 2015 y 2022, Pemex reportó casi 6,000 incidentes en sus informes de sustentabilidad, pero la ASEA solo emitió 14 sanciones. Una impunidad del 99.7%. ¿Qué pasaría si en lugar de actuar como una condescendiente oficina de trámites de escritorio, la ASEA clausurara las instalaciones que son una bomba de tiempo en el Istmo?
¿Cuál sería la realidad si la Auditoría Superior de la Federación (ASF) rascara a fondo en las partidas presupuestales de mantenimiento preventivo, encontrara los desvíos y pusiera nombres y apellidos al dinero desaparecido que debió usarse para sustituir las líneas de distribución en Oaxaca y dar mantenimiento a la Refinería Antonio Dovalí Jaime?.
¿Y qué pasaría si la Fiscalía General de la República (FGR) hiciera su trabajo y dejara de usar la coartada perfecta? Cuando se presenta una denuncia —como las cinco que la Procuraduría Ambiental Estatal (PROPAEO) interpuso formalmente ante la federación en febrero de 2023—, la FGR se apresura a catalogar a Pemex como la “víctima” del robo de combustible. El caso se archiva bajo el argumento de que el daño no fue intencional por parte de la empresa, sino una consecuencia del “Huachicoleo” dejando intacta la responsabilidad de los altos mandos por omisión. ¿Qué pasaría si la FGR judicializara con seriedad las carpetas por los daños ambientales contra los funcionarios responsables?.
La respuesta es clara para quienes hemos estado en la trinchera del servicio público: si esas tres instituciones —ASEA, ASF y FGR— hicieran su trabajo, la impunidad petrolera se terminaría mañana. Los ríos de Oaxaca correrían limpios, los pescadores podrían tener un sustento seguro y el desarrollo regional en el marco del Corredor Interoceánico sería sustentable y digno para los pueblos originarios.
Si la ley ambiental se aplicara sin dobleces ni tintes políticos, Pemex tendría que dejar de gastar en retórica nacionalista y empezar a invertir en tuercas, soldaduras, estudios de daño ambiental, programas de remediación y tecnología. Hoy nos quieren convencer de que el desastre es el precio del progreso. Pero la sospecha está sembrada: ¿Y si sí es corrupción? ¿Y si sí es abandono? ¿Y si sí es omisión? ¿Y si sí es violación a los Derechos Humanos? Si las instituciones cumplieran con su deber, la verdad nos daría un país muy diferente. Uno en el que el futuro de Oaxaca, por fin, no huela a petróleo.
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