+ Unos van adelante, pero no todos
En un estado idealmente democrático, el ejercicio de la transparencia tanto por parte de la autoridad como de los ciudadanos, no debería ser un tema discutible: ésta tendría que cumplirse naturalmente por todos, y punto. En México, sin embargo, la opacidad en el manejo de los recursos del Estado, y la discrecionalidad en las decisiones de quienes detentan el poder público, son discusiones interminables, que siempre han venido acompañadas de acusaciones recíprocas sobre las fallas en el cumplimiento de los deberes con la rendición de cuentas y el acceso a la información.
En la semana que termina, hubo una nueva reedición tanto de la discusión por el cumplimiento de los órganos del Estado de sus obligaciones con la transparencia, como también de las acusaciones que reiteradamente se realizan entre los diversos órdenes de gobierno por su falta de voluntad en la satisfacción de esta garantía constitucional de que gozamos todos los ciudadanos. Todas esas reyertas están cargadas de verdades a medias y paradojas que debemos analizar detenidamente. Pero, vayamos por partes.
Hace unos días, el presidente Felipe Calderón acusó a los gobiernos estatales y municipales del país, de resistirse a cumplir con sus tareas relativas a la transparencia y la rendición de cuentas. La primera de esas obligaciones, podemos entenderla como las facilidades y la disposición que tienen los órganos del gobierno para que el ciudadano pueda acceder a la información oficial de cómo se ejerce el servicio público y cómo se gasta el dinero del erario.
La segunda, es decir, la rendición de cuentas, podemos entenderla, en este sentido, como la disposición que tienen los entes públicos, para que otros órganos fiscalizadores del mismo Estado tengan acceso a sus cuentas, y puedan corroborar que el uso que se les dio a los recursos asignados fue correcta, eficiente, eficaz y apegada a los lineamientos para los que dichos recursos fueron otorgados. Según el presidente Calderón, tanto las entidades federativas como los municipios no cumplen con estos deberes, que están plasmados en la Constitución federal como obligatorios en su observancia.
En tal puntualización, no le falta razón al Titular del Poder Ejecutivo Federal. De hecho, esa fue una de las más profundas polémicas que generó la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente año, en el que se acordó incrementar los recursos públicos a las entidades federativas, e incrementar la carga tributaria a los contribuyentes cautivos de siempre, pero sin elevar las obligaciones de los poderes públicos respecto a la fiscalización y la rendición de cuentas, y tampoco sobre los mecanismos de control sobre esos recursos.
Es decir, que a las entidades federativas —como Oaxaca— se les expidió desde el Congreso, un atractivo cheque en blanco para hacer de esos millonarios recursos una jauja que en poco corresponde a la pobreza de la mayoría de los ciudadanos, y a la debilidad y presiones que hoy soportan las disminuidas finanzas nacionales.
¡Vaya! Podríamos decir que éste es un acto de congruencia y rectitud ejemplar del Presidente de la República. Pero no. Si recordamos bien, el Presupuesto de Egresos, con los millonarios recursos que se aprobaron para las entidades federativas, fue impulsado y controlado por la Secretaría de Hacienda. Finalmente, en el momento de las decisiones sobre el gasto público para 2010, la bancada panista —al igual que la priista, que no deja de darse baños de pureza— eludió en todo momento abordar de forma seria el tema de la rendición de cuentas y la opacidad.
Todos juntos prefirieron no abordar esa discusión. Porque en este país, tal pareciera que a nadie le conviene que se sepa cómo se gastan el dinero todos aquellos que tienen un pedazo de poder y recursos para ejercer.
LO QUE NO DICE
EL PRESIDENTE…
Apenas unos días antes, en esta misma semana, un diario editado en la capital de la República —El Universal— documentó algunos fallos importantísimos del gobierno federal en materia de transparencia. Durante los primeros días de enero, ese medio informativo documentó la tendencia de las entidades federativas a seguir trabajando en medio de la opacidad; que algunas entidades del gobierno federal acuden cada vez más a la salida fácil, ante las solicitudes de información que presentan los ciudadanos ante el Instituto Federal de Transparencia, de responder que lo solicitado es “información no disponible”. Y que, por si fuera poco, en la Secretaría de Gobernación se trabaja en una iniciativa para imponer al IFAI, un órgano jurisdiccional que revise sus resoluciones y se convierta en una especie de medio de control para la actuación de dicho órgano autónomo.
¿Qué buenos ejemplos de transparencia, no? Es evidente que si las entidades federativas y el Distrito Federal bien pueden reprobar en materia de transparencia, el gobierno federal no tendría mucho que presumir en ese rubro. Es cierto que para todos resulta una incomodidad —y hasta un riesgo—, el tener que abrir todas sus cuentas y archivos al escrutinio público, y mucho más que ese deber sea nada menos que una garantía constitucional que se tiene que cumplir.
Sin embargo, sin justificar a nadie, las paradojas son mucho mayores para el gobierno federal. La ley federal de acceso a la información, es un referente que ha sido tomado en consideración por muchos países, como un modelo eficaz de acceso a la información. En contraparte, las leyes estatales de la materia se han ido construyendo en adversidad, por las fuertes resistencias que los cacicazgos y grupos de poder locales han opuesto a la rendición de cuentas. ¿Cuál es la diferencia?
Que en la mayoría de las entidades federativas, se tiene la percepción de que los órganos de transparencia deben ir ganando paulatinamente su fuerza, autonomía real y capacidad de gestión y decisión ante el poder público; y que en el gobierno federal existe una normatividad con muchos más mecanismos y posibilidades de ejercicio del derecho a la información, que ahora se están intentando sobre regular y disminuir en detrimento de los ciudadanos.
CAMINOS ENCONTRADOS
Es decir, que todo es desafortunado; las entidades federativas avanzan en materia de transparencia con un tortuguismo, por las resistencias antes mencionadas. Se tiene la percepción de que los órganos y normas son “Elefantes blancos”, que un día dejarán de serlo. Un lentísimo camino hacia delante. Pero en la Federación las cosas parecen ir exactamente en el camino contrario. Vaya contradicciones.
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