opacidad

Transparencia: todos faltan a ella

+ Unos van adelante, pero no todos

En un estado idealmente democrático, el ejercicio de la transparencia tanto por parte de la autoridad como de los ciudadanos, no debería ser un tema discutible: ésta tendría que cumplirse naturalmente por todos, y punto. En México, sin embargo, la opacidad en el manejo de los recursos del Estado, y la discrecionalidad en las decisiones de quienes detentan el poder público, son discusiones interminables, que siempre han venido acompañadas de acusaciones recíprocas sobre las fallas en el cumplimiento de los deberes con la rendición de cuentas y el acceso a la información.

En la semana que termina, hubo una nueva reedición tanto de la discusión por el cumplimiento de los órganos del Estado de sus obligaciones con la transparencia, como también de las acusaciones que reiteradamente se realizan entre los diversos órdenes de gobierno por su falta de voluntad en la satisfacción de esta garantía constitucional de que gozamos todos los ciudadanos. Todas esas reyertas están cargadas de verdades a medias y paradojas que debemos analizar detenidamente. Pero, vayamos por partes.

Hace unos días, el presidente Felipe Calderón acusó a los gobiernos estatales y municipales del país, de resistirse a cumplir con sus tareas relativas a la transparencia y la rendición de cuentas. La primera de esas obligaciones, podemos entenderla como las facilidades y la disposición que tienen los órganos del gobierno para que el ciudadano pueda acceder a la información oficial de cómo se ejerce el servicio público y cómo se gasta el dinero del erario.

La segunda, es decir, la rendición de cuentas, podemos entenderla, en este sentido, como la disposición que tienen los entes públicos, para que otros órganos fiscalizadores del mismo Estado tengan acceso a sus cuentas, y puedan corroborar que el uso que se les dio a los recursos asignados fue correcta, eficiente, eficaz y apegada a los lineamientos para los que dichos recursos fueron otorgados. Según el presidente Calderón, tanto las entidades federativas como los municipios no cumplen con estos deberes, que están plasmados en la Constitución federal como obligatorios en su observancia.

En tal puntualización, no le falta razón al Titular del Poder Ejecutivo Federal. De hecho, esa fue una de las más profundas polémicas que generó la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente año, en el que se acordó incrementar los recursos públicos a las entidades federativas, e incrementar la carga tributaria a los contribuyentes cautivos de siempre, pero sin elevar las obligaciones de los poderes públicos respecto a la fiscalización y la rendición de cuentas, y tampoco sobre los mecanismos de control sobre esos recursos.

Es decir, que a las entidades federativas —como Oaxaca— se les expidió desde el Congreso, un atractivo cheque en blanco para hacer de esos millonarios recursos una jauja que en poco corresponde a la pobreza de la mayoría de los ciudadanos, y a la debilidad y presiones que hoy soportan las disminuidas finanzas nacionales.

¡Vaya! Podríamos decir que éste es un acto de congruencia y rectitud ejemplar del Presidente de la República. Pero no. Si recordamos bien, el Presupuesto de Egresos, con los millonarios recursos que se aprobaron para las entidades federativas, fue impulsado y controlado por la Secretaría de Hacienda. Finalmente, en el momento de las decisiones sobre el gasto público para 2010, la bancada panista —al igual que la priista, que no deja de darse baños de pureza— eludió en todo momento abordar de forma seria el tema de la rendición de cuentas y la opacidad.

Todos juntos prefirieron no abordar esa discusión. Porque en este país, tal pareciera que a nadie le conviene que se sepa cómo se gastan el dinero todos aquellos que tienen un pedazo de poder y recursos para ejercer.

LO QUE NO DICE

EL PRESIDENTE…

Apenas unos días antes, en esta misma semana, un diario editado en la capital de la República —El Universal— documentó algunos fallos importantísimos del gobierno federal en materia de transparencia. Durante los primeros días de enero, ese medio informativo documentó la tendencia de las entidades federativas a seguir trabajando en medio de la opacidad; que algunas entidades del gobierno federal acuden cada vez más a la salida fácil, ante las solicitudes de información que presentan los ciudadanos ante el Instituto Federal de Transparencia, de responder que lo solicitado es “información no disponible”. Y que, por si fuera poco, en la Secretaría de Gobernación se trabaja en una iniciativa para imponer al IFAI, un órgano jurisdiccional que revise sus resoluciones y se convierta en una especie de medio de control para la actuación de dicho órgano autónomo.

¿Qué buenos ejemplos de transparencia, no? Es evidente que si las entidades federativas y el Distrito Federal bien pueden reprobar en materia de transparencia, el gobierno federal no tendría mucho que presumir en ese rubro. Es cierto que para todos resulta una incomodidad —y hasta un riesgo—, el tener que abrir todas sus cuentas y archivos al escrutinio público, y mucho más que ese deber sea nada menos que una garantía constitucional que se tiene que cumplir.

Sin embargo, sin justificar a nadie, las paradojas son mucho mayores para el gobierno federal. La ley federal de acceso a la información, es un referente que ha sido tomado en consideración por muchos países, como un modelo eficaz de acceso a la información. En contraparte, las leyes estatales de la materia se han ido construyendo en adversidad, por las fuertes resistencias que los cacicazgos y grupos de poder locales han opuesto a la rendición de cuentas. ¿Cuál es la diferencia?

Que en la mayoría de las entidades federativas, se tiene la percepción de que los órganos de transparencia deben ir ganando paulatinamente su fuerza, autonomía real y capacidad de gestión y decisión ante el poder público; y que en el gobierno federal existe una normatividad con muchos más mecanismos y posibilidades de ejercicio del derecho a la información, que ahora se están intentando sobre regular y disminuir en detrimento de los ciudadanos.

CAMINOS ENCONTRADOS

Es decir, que todo es desafortunado; las entidades federativas avanzan en materia de transparencia con un tortuguismo, por las resistencias antes mencionadas. Se tiene la percepción de que los órganos y normas son “Elefantes blancos”, que un día dejarán de serlo. Un lentísimo camino hacia delante. Pero en la Federación las cosas parecen ir exactamente en el camino contrario. Vaya contradicciones.

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Alza en combustibles: golpe que comercio aprovecha

+ Felonía de comerciantes, reetiquetar deliberadamente

Hace apenas un par de días, se dio a conocer que por los recientes incrementos al precio del litro de gasolina Magna y del diesel, los servicios de transporte público de Oaxaca analizaban la posibilidad de incrementar sus tarifas de pasaje en autobús urbano, taxis y fletes para el 2010.

Casi al mismo tiempo, comenzaron a sentirse algunos efectos aparentemente proporcionales e inherentes al llamado “gasolinazo”: en los comercios y mercados comenzó la reetiquetación de productos, el incremento de precios y la improvisación de excusas para la justificación de los mismos. ¿Hasta qué punto son justificables esas acciones, y hasta dónde los comerciantes y prestadores de servicios se valen de esos incrementos para asestar golpes arteros a los bolsillos del consumidor final?

En primer término, tendríamos que analizar cómo un incremento al costo de los combustibles, únicamente impacta al consumidor, pero no a todos los intermediarios que se encuentran entre Petróleos Mexicanos y el usuario final de los combustibles. Nadie sabe, por ejemplo, qué porcentaje del costo del combustible se queda en manos de los dueños de las gasolineras; a cuánto ascienden los ingresos diarios de los concesionarios del transporte públicos; y cuánto de todo ese monto de dinero se convierte en ganancias puras que nunca se ven trastocadas por los incrementos, y que más bien son trasladadas, íntegras, al costo de los productos que pagan los consumidores.

El asunto es sencillo pero prácticamente imposible de descifrar. Nadie sabe en realidad cómo funciona, ni qué tipo de relación tiene Pemex con los franquicitarios de las estaciones de servicio donde se expenden los combustibles. Es decir, sólo ellos —y nadie más— sabe a qué costo le expende la paraestatal los combustibles a las gasolineras para que éstas las vendan a los consumidores. Se puede prever, sin embargo, que si actualmente un litro de gasolina Magna le cuesta al automovilista $7.80; un litro de diesel $8.16 y un litro de Magna Premium UBA $9.57, todos los intermediarios están teniendo ya una ganancia que nadie sabe a cuánto asciende.

Sería ilógico, y hasta ridículo, suponer que las estaciones de servicio (es decir, las gasolineras) adquirieran a Pemex el combustible al mismo precio que el que lo expenden a los consumidores finales. Sería ridículo suponer que dichas estaciones fueran simples prestadores de servicios sin fines de lucro, o que las gasolineras son un mal negocio para quien invierte en ellas. Al contrario. Ésos son siempre negocios prósperos independientemente de las crisis o el alza de precios. Sólo que nadie sabe qué existe alrededor de ellas. (Y a esto habría que agregarle todo lo relativo a los robos hormiga que realizan, manipulando las máquinas expendedoras para que vendan litros de combustibles, de menos de mil mililitros).

Algo similar ocurre con los concesionarios del transporte público. ¿Alguien se ha preguntado por qué si los dueños de las unidades siempre dicen que el suyo es un mal negocio, en el que pierden con cada incremento al costo de los combustibles, a los insumos, a las refacciones, salarios y demás, siguen habiendo tantos autobuses y automóviles de alquiler para transporte de pasajeros, circulando todos los días por las calles de la ciudad, y todo el estado?

Obvio: porque el transporte público, así tan golpeado y degradado como dicen que está, continúa siendo un gran negocio para todos los involucrados. Los dueños de las unidades piden todos los días cuentas discrecionales a los conductores; éstos tienen que cubrir diario “la cuenta” del concesionario, el costo del combustible, parte de las refacciones e insumos de la unidad, y aparte obtener ellos su ganancia.

Todo esto ocurría, exactamente igual, cuando el costo del pasaje en los autobuses de transporte urbano era de tres pesos con cincuenta centavos, que ahora que es 27 por ciento más caro —es decir, que vale $4.50— que hasta entonces.

Todo esto nos lleva a una conclusión: que los incrementos les afectan, pero que el negocio continúa siendo igualmente próspero. Al final, los lastimados somos los usuarios finales, que irremediablemente tenemos la necesidad de utilizar el transporte, o de comprar gasolina, sin más opciones que sosteniendo las ganancias y la prosperidad, sin ningún tipo de sacrificio, de todos los involucrados en la prestación de esos servicios.

REETIQUETACIÓN

Durante todo 2008 hubo incrementos sostenidos a los precios de los combustibles. En menos de un año, el costo de la gasolina se elevó en más de un peso con cincuenta centavos por litro; y ese elevamiento sólo se detuvo cuando el gobierno federal decretó, a principios de 2009, un congelamiento de precios para apoyar a la economía de los mexicanos. Pero, ¿se recuerda qué ocurrió cuando en septiembre de 2007 se aprobaron los primeros incrementos a la gasolina, que serían aplicables hasta el primer día del año siguiente?

Lo que ocurrió fue una sucia maniobra de miles de comerciantes, que aprovecharon el efecto mediático del primer “gasolinazo” importante a los mexicanos, para ellos elevar sus ganancias. En efecto, aunque el anuncio del incremento al precio de los combustibles se hizo en septiembre de 2007, poco se aclaró que éstos entrarían en vigor hasta el 1 de enero de 2008. Es decir, cuanto entrara en vigor el paquete económico de la federación de ese año.

Pero entonces, todo esto fue aprovechado por muchos comerciantes para incrementar sus precios desde septiembre, argumentando un alza a los combustibles que todavía no ocurría. Muchos mexicanos, convencidos por el “gasolinazo”, aceptaron sin chistar esos incrementos, que al no tener oposición se fueron multiplicando y generalizando en casi todo el comercio. Tuvo que intervenir el gobierno federal para aclarar el momento de los incrementos y frenar la voracidad de quienes ya habían aprovechado la ocasión para reetiquetar.

De todo esto habrá que estar pendientes. Es cierto que este nuevo “gasolinazo” incrementará la inflación. Pero sería bueno no dejarnos llevar por la voracidad y la manipulación que unos cuantos hacen de las situaciones para obtener mayores ganancias.

¿NO QUE NO?

Lo apuntado en este espacio desde el lunes, ayer sucedió. Hablamos de la primera reunión formal de los aspirantes a la gubernatura por los partidos de oposición. No faltó uno solo de los que mencionamos. Y aunque pocos nos creyeron, también estuvo presente Irma Piñeiro Arias, representando a Nueva Alianza. Pronto abundaremos.

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Cambios en Gabinete, por indagaciones ministeriales

+ Fiats, los peligros de caer en las manos equivocadas

El pasado martes, ya entrada la noche, a través de un escueto comunicado de prensa se dio a conocer el nombramiento de dos nuevos funcionarios en la administración estatal. Ricardo Ruiz Zaragoza fue nombrado consejero Jurídico del Gobierno del Estado, y Bernadette Rouse Mayor, fue designada como titular del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca. ¿Qué tienen de trascendental esos nombramientos?

De primera vista pareciera que nada. En realidad, este pareciera ser el inicio de una cascada de renuncias y sustituciones que ocurrirán durante el primer mes del próximo año, en el gabinete legal y ampliado del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Sólo que Arturo Vásquez Urdiales y Jorge Martínez Gracida Orduña —los destituidos en la Consejería Jurídica y el Instituto Catastral, a quienes ya ni siquiera mencionaban en los comunicados en los que se dio a conocer sus remociones— no figuran en la lista de posibles aspirantes a candidatura o cargo público alguno para 2010.

El motivo de la separación del cargo de esos dos ahora ex funcionarios, tiene que ver con un delicado asunto que, en este espacio, vinimos reseñando en los días recientes. En efecto, en nuestra entrega del pasado 21 de diciembre apuntamos que “en absoluta confidencialidad, desde la semana pasada la PGJE inició una investigación por posibles actos de corrupción, falsificación de documentos y firmas, y tráfico de influencias, en el otorgamiento de patentes de fedatario público. Las órdenes de indagar el asunto fueron emitidas, aseguran, desde el más alto nivel, al tener conocimiento de que los ‘Fiats’ habrían sido vendidos en cantidades millonarias de dinero. En esto podrían estar involucrados por lo menos dos altos funcionarios del Gobierno del Estado, que desde el pasado 15 de diciembre fueron ‘invitados’ a presentarse ante un Agente del Ministerio Público, para declarar sobre el asunto. Entre los notarios, dicen, este era un secreto a voces que varias veces pretendió ser denunciado. Sin embargo, los intentos se frenaban ante la amenaza de esos dos funcionarios, de revocar las patentes a los fedatarios revoltosos.”

Al día siguiente, volvimos al tema señalando que “Aseguran que por lo menos 10 de las alrededor de 30 patentes de Notario Público que se han entregado durante la presente administración, fueron vendidas o sometidas a algún esquema de falsificación de documentos o firmas. Cada una de ellas fue vendida en montos que van de los 3 a los más de 12 millones de pesos, y que nos nuevos fedatarios —que compraron su Fiat— están renuentes a reconocer esta escandalosa corrupción, por temor a que les revoquen la patente y pierdan su millonaria inversión.” Dijimos que este asunto olía muy mal, y prometimos regresar al tema para abundarlo. Hoy, las propias circunstancias dejan ver que no había equivocación ni exceso en los señalamientos.

Los dos funcionarios de los que hablábamos al inicio de la semana, resultaron ser Martínez Gracida Orduña y Vásquez Urdiales. Estos individuos, según información que se encuentra en poder de altos funcionarios del Gobierno del Estado y a la que tuvo acceso este espacio, habrían sido señalados como los responsables de la venta de al menos una decena de patentes de fedatario público, gestionadas ante el gobierno estatal bajo engaños, aprovechando sus cargos y traficando influencias; y que incluso podrían existir también delitos de falsificación de documentos y firmas. Al ser descubierto todo esto, hace menos de 15 días, se habría ordenado una investigación judicial exhaustiva y la separación inmediata de sus cargos, no sólo a ellos sino a todos los que resultaran involucrados. Así, Martínez Gracida y Vásquez Urdiales podrían ser no los únicos, sino apenas los dos primeros funcionarios en ser removidos por ese asunto.

FIATS, RIESGOSAS

Apuntábamos en nuestras dos entregas anteriores aquí reseñadas, que esto era un secreto a voces entre los notarios públicos de Oaxaca. Dentro de dicho gremio, se comenta que en varias ocasiones esas irregularidades pretendieron ser señaladas y denunciadas ante las instancias correspondientes. Sin embargo, aseguran que en más de una ocasión, algunos de los funcionarios involucrados amagaron a los fedatarios, argumentando que al hacer público el asunto ellos tendrían todas las herramientas necesarias para gestionar la revocación de las patentes.

En este sentido, ante las primeras investigaciones, varios de los notarios que pudieron ser copartícipes de estos actos de corrupción, al estar frente a las instancias ministeriales se habrían negado a reconocer que, en efecto, habrían comprado la patente, pues temían que el primer efecto que esto tendría, sería la revocación de sus respectivas licencias. Casi todos, habrían desembolsado sumas de entre 3 y 12 millones de pesos, cuya obtención se habría dado gracias a préstamos, hipotecas, venta de bienes, y demás. Así, el temor era no sólo el perder la patente, sino también la inversión y el patrimonio puesto en juego.

Sin embargo, esta investigación debe llegar hasta sus últimas consecuencias, no sólo para sancionar a los funcionarios y particulares corruptos, sino sobre todo para evitar que las patentes de fedatario sean utilizadas para fines indebidos. Un Notario Público tiene la posibilidad de legalizar, reconocer y manipular un sinnúmero de actos jurídicos que son trascendentales para la vida personal y patrimonial de las personas. La mala utilización de la misma, podría desembocar en infinitos actos de corrupción que sólo multiplicarían los efectos negativos de cómo fueron obtenidas.

El Gobierno del Estado, hoy, tiene aún todas las posibilidades de apagar de tajo lo que podría convertirse en uno de los escollos más grandes del sexenio. Este primer paso que dio el gobernador Ulises Ruiz, con la destitución de los probables involucrados en todo este asunto, marca una pauta que ahora deberá llevarse hasta el final. Junto con las investigaciones judiciales, tendrá también que ocurrir el reforzamiento de los mecanismos de control, de todo lo que tiene que ver con los autorizados para ejercer la fe pública.

CAJA DE PANDORA

Del mismo modo, no es extraño que los profesionales relacionados con la industria de la construcción, la valuación de bienes inmuebles y demás, se quejaran reiteradamente de la corrupción, las complicidades y los manejos irregulares habidos en el Instituto Catastral. Ahora será tarea de la nueva titular, limpiar la casa, terminar con los negocios que se hacen ahí al amparo de los cargos públicos, y no convertirse en parte de la corrupción.

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Comed: reiniciar lucha por eperristas desaparecidos

+ Derechos Humanos: condena a gobierno para 2010

Casi a la par de las dos sentencias condenatorias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano por la desaparición de personas y violaciones probadas a los derechos humanos, se anunció la posibilidad de que la Comisión de Mediación reactive sus gestiones e interlocución ante el gobierno federal, a fin de esclarecer lo ocurrido con los dos militantes del Ejército Popular Revolucionario que desaparecieron en la ciudad de Oaxaca, en mayo de 2007. Así, tal parece que el año próximo será también complicado para el gobierno federal en cuanto al respeto y protección que brindan sus instituciones a los derechos humanos.

El pasado 11 de diciembre, la CIDH emitió un fallo condenatorio en contra del Estado mexicano, en el caso denominado “Algodonero vs México”. En dicho expediente, fueron analizados los asesinatos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cadáveres fueron encontrados con signos de tortura.

De acuerdo con información del periódico Excelsior, el reporte llegó al tribunal luego de que Benita Monárrez, una de las quejosas, cuya hija fue asesinada, acusó al Estado de encubrir a los culpables. Además de que hace dos años, la CIDH emitió recomendaciones al gobierno federal, las cuales fueron ignoradas.

En su resolución, la CIDH ordenó que las autoridades mexicanas tenían el deber de reconocer, en un acto público, su responsabilidad y ofrecer disculpas a las madres de las mujeres que perdieron la vida. La responsabilidad que recayó sobre el gobierno mexicano radicó no en que el autor de dichos crímenes hubiera sido un servidor público, sino en sus omisiones para investigar los asesinatos, para tratar de esclarecerlos y dar con los responsables.

Apenas ayer, fue dada a conocer una segunda sentencia que, por sus alcances, habrá de ser trascendental. La CIDH condenó al Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla, y la violación de la integridad personal de sus hijas, Tita y Andrea Radilla. Según lo establecido en el propio fallo del caso, los hechos se refieren a la presunta desaparición forzada del señor Radilla, que habría tenido lugar desde el 25 de agosto de 1974, a manos de efectivos del Ejército en el Estado de Guerrero, México.

Según la sentencia de la Comisión Interamericana, “las alegadas violaciones derivadas de este hecho se prolongan hasta la fecha, por cuanto el Estado mexicano no ha establecido el paradero de la [presunta] víctima ni se han encontrado sus restos. De acuerdo a lo alegado por la Comisión, [a] más de 33 años de los hechos, existe total impunidad ya que el Estado no ha sancionado penalmente a los responsables, ni ha asegurado a los familiares una adecuada reparación”.

Además de la condena expresa al Estado mexicano por la desaparición forzada de personas —independientemente de que estos hechos hayan ocurrido hace tres décadas—, en el llamado “Caso Radilla” la CIDH condenó a México a modificar los códigos Penal Federal y de Justicia Militar, para adecuarlos a las normas internacionales sobre justicia penal y militar, derechos humanos, y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

México, al haber aceptado la jurisdicción de la CIDH, está obligado a acatar los fallos de dicho tribunal, tanto en lo que refiere a los hechos denunciados y probados por los que se le condena, como en lo que toca a las modificaciones legales que debe hacer para adecuar el marco jurídico nacional al internacional. Ese es el alcance actual y real de la protección continental a los derechos humanos, que rebasa la esfera y las resistencias que pudieran existir dentro de los países.

COMED, DE NUEVO

En un comunicado que emitió el EPR desde la ciudad de Oaxaca de Juárez el pasado 13 de diciembre, solicita a la extinta Comisión de Mediación reactivar sus funciones ante el gobierno federal, para dar con el paradero de sus militantes, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Ambos desaparecieron el 25 de mayo de 2007 en esta capital, según lo han establecido las propias comunicaciones e investigaciones del grupo insurgente.

¿Por qué es trascendental este hecho? Porque el pasado 18 de diciembre, los integrantes de la extinta Comisión de Mediación establecieron como plazo la primera semana de enero, para reunirse, deliberar y dar a conocer sus consideraciones respecto a la posible reactivación de su trabajo de diálogo e interlocución con el gobierno del presidente Felipe Calderón.

Aunque estos llamados al diálogo parecieran ir en contra de la vocación armada y violenta de dicho grupo guerrillero, tal parece que sus llamados a la mediación con el gobierno federal tienen propósitos de mayor alcance que los actos de sabotaje iniciales. Tal pareciera que el EPR pretende primero esclarecer con exactitud qué fue lo que pasó con sus integrantes desaparecidos, quién y cómo fueron capturados y cuál fue su destino final, para después dar paso a la justicia internacional en materia de derechos humanos.

Han pasado casi 31 meses desde el momento de la desaparición de los eperristas. Aunque las posibilidades de encontrarlos con vida son cada vez menos probables, es evidente que de todos modos habrá de prevalecer la exigencia de una investigación clara por parte del EPR y de los grupos periféricos que, aunque con modos y cauces que no rebasan la legalidad, tienen los mismos fines que ellos.

La reactivación de la Comisión de Mediación ayudaría no sólo a reactivar las indagatorias relativas a este asunto, sino que también conminaría al Estado mexicano a no dejar de lado este asunto que, a mediano plazo, podría convertirse en una nueva sentencia condenatoria por parte de la CIDH.

CONDENA, ¿POR QUÉ?

Porque justamente, en los dos referentes inmediatos —es decir, el caso algodoneros y el Radilla— la condena en contra del gobierno mexicano partió de la negativa y las omisiones habidas en las investigaciones sobre casos de desaparición forzada de personas. Con los dos eperristas ha ocurrido exactamente lo mismo: el gobierno se ha negado a emprender una averiguación seria sobre el asunto, y ha preferido dar largas y evasivas al asunto. Las referencias condenatorias dadas por los dos fallos, serán el punto de referencia tanto para el reinicio de la mediación como para las investigaciones sobre los desaparecidos. Sea como sea, por esas y otras razones, 2010 será un año complejo para el gobierno en materia de derechos humanos.

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Reelección legislativa: Dilema entre democracia e ineficiencia

Al conmemorar los primeros tres años de su gobierno, el presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció el envío de una serie de propuestas de ley tendientes a fortalecer la democracia. Una de ellas, que llamó particularmente la atención por su polémica y trascendencia, fue la de modificar los artículos 59 y 115 de la Constitución federal, para permitir que los Legisladores —diputados y senadores— y Presidentes Municipales tengan la posibilidad de reelegirse en sus cargos sin las limitantes actuales.

Una vez hecho el planteamiento por el presidente, surgieron innumerables dudas y cuestionamientos, además de un debate que aún no termina de ser comprendido. Quienes han exigido reformas de fondo para fortalecer el andamiaje democrático del país, tuvieron puntual respuesta con ese anuncio que realizó el Titular del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, un sector importante de la opinión pública se volcó en al menos dos vertientes que contrastan de modo importante con la anterior: una de ellas, la que señalaba que ese sería un enorme, jugoso y atractivo premio para la marcada ineficiencia actual de los legisladores; la segunda, que ello equivaldría a abrir la puerta para que dentro de no mucho tiempo se pensara en legislar nuevamente la reelección presidencial.

El contexto actual del Poder Legislativo, evidentemente, no es el mejor. Desde 1997, cuando por primera vez desde que se instauró en el poder federal el régimen priista y los gobiernos emanados de ese partido, hubo una mayoría legislativa de la oposición en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el Poder Legislativo ha sido una de las principales cajas de resonancia en la vida institucional mexicana; también ha sido un contrapeso que ha contribuido a desmantelar por lo menos algo del poder excesivo del Presidente.

Pero, aún con todo eso, no ha dejado de ser un órgano integrado eminentemente por personajes y grupos de poder que no revelan un compromiso real por el país. ¿Qué podemos entender por eso? Que la actuación de quienes integran ese poder, se tradujera en beneficios concretos para la Nación. Tal cosa, aún con los beneficios descritos en las líneas anteriores, no ocurre.

¿Por qué? Porque si bien el Poder Legislativo ha tenido la posibilidad de impulsar buena parte de la apertura democrática entre los poderes federales, y ha delineado de un modo abierto y congruente los principios de apertura, debate y pluralidad entre las fuerzas políticas que lo componen, su actuación no ha dejado de estar enmarcada por la ineficiencia, por el desdén en muchos de sus integrantes, y por la demagogia que no deja de estar presente en los debates que se llenan de prejuicios y no impactan en reformas de beneficio trascendental para nuestra nación.

Comúnmente, en el pasado, los diputados eran tildados como “becados”, “levantadedos” o “vividores”. Les ha costado mucho esfuerzo deshacerse de algunos de esos calificativos. Sin embargo, las tentaciones que provoca el poder, junto con la “disciplina”, y el interés y las pugnas partidistas que muchas veces es antepuesto la voluntad política por el país, impiden que los legisladores hagan un trabajo eficiente.

EL CONTEXTO

Actualmente, para el caso de los legisladores federales, el artículo 59 de la Constitución General de la República, establece lo siguiente: “Los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para el período inmediato. Los Senadores y Diputados Suplentes podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero los Senadores y Diputados propietarios no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes.”

No siempre tuvo esa redacción. En la publicación original de la Constitución federal, ocurrida en el Diario Oficial de la Federación del día 5 de febrero de 1917, dicho numeral establecía los requisitos para ser Senador que, hoy con modificaciones, se encuentran contenidos en el artículo previo. Señala el investigador Lorenzo Córdova que tal reforma, ocurrida el 19 de abril de 1933 tuvo finalidades específicas que tuvieron más que ver con el fortalecimiento del poder presidencial, que con cualquier vocación democrática o de consolidación de la no reelección.

Las razones son elocuentes. Al inhibir la posibilidad de que los legisladores pudieran reelegirse en sus cargos consecutivamente, la figura del Presidente de la República acrecentaba su poder al generar, cada tres años, nuevos compromisos políticos y una cartera fecunda de premios para quienes fueran leales o necesarios para el régimen. Durante la larga hegemonía de los gobiernos priistas, poco importaba si los legisladores tenían amplias ideas sobre el debate nacional, o importantes propuestas que aportar desde la llamada “más alta tribuna política del país” en la Cámara de Diputados.

Esto porque, en realidad, era el Presidente quien enviaba más del 98 por ciento de las propuestas legislativas que efectivamente se estudiaban y aprobaban en el Congreso. Al no haber posibilidad de reelección, muchos de los integrantes del Legislativo tomaban el cargo como un premio y no como una oportunidad para rendir, entregar cuentas y aportar algo importante a la nación. El electorado, en resumen, no tenía modo de castigar o premiar al legislador por su desempeño, pues no había compromiso alguno de largo plazo ni obligación de entregar cuentas, y mucho menos un refrendo para el buen desempeño.

Así, el resultado de todo eso fue un Poder Legislativo dominado también por el Presidente, en el que no había capacidad potencial para generar contrapesos, debates o propuestas importantes. El Ejecutivo Federal lo disponía todo, y el Legislativo le daba la forma legal y dotaba esas decisiones de los principios democráticos necesarios. Era la omnipresencia de la figura presidencial en sus máximos rasgos.

TRANSFORMACIÓN

DE HECHO

El Poder Legislativo cambió de hecho, pero no ha logrado aún de derecho. En sus formas políticas sigue siendo exactamente el mismo Poder controlado por fuerzas distintas a la verdadera representación popular, aunque éstas ya no se concentran en la figura del Presidente. El Primer Mandatario, en realidad, controla una parte de las postulaciones de su partido. Pero son los dirigentes políticos de cada una de las fuerzas partidistas las que controlan y deciden el rumbo de la Legislatura.

Por eso, la sorna continúa siendo la misma. Los diputados federales y senadores, en su mayoría, continúan entendiendo hoy que lo verdaderamente importante es acceder al cargo, porque después ya no hay modo alguno de ser removido, fiscalizado o llamado a cuentas por sus electores.

Por eso sigue llegando al Congreso gente sin un compromiso y sin ideas claras por el país; y por eso los partidos continúan postulando a personajes como pago de cuotas a sus grupos políticos, en retribución a favores o lealtades partidistas de cierto nivel, o porque son quienes tienen algo de popularidad en el electorado pero muy poco que aportar a México en propuestas y trabajo legislativo.

FANTASMA DE

LA REELECCIÓN

Hay quienes consideran, sin embargo, que dar apertura a la reelección inmediata de legisladores, es tanto como comenzar un proceso de regresión hacia la perpetuidad presidencial. Este, en realidad, es uno de los temas más sensibles para el país, porque muchas de las batallas más sangrientas y dolorosas que se registran en los anales de la historia nacional, tienen que ver con la lucha permanente por desmantelar la permanencia constitucional de un solo hombre como Jefe de Estado y de Gobierno en México.

Así, quizá esta discusión sea casi tanto o más sensible que la petrolera. Ciertos sectores habrán de resistirse hasta el final a que se consolide una reforma de esta naturaleza, en función de esa idea preconcebida sobre la reelección presidencial. Es un punto que desearía no ser tocado, igual que como lo fue la reforma petrolera a la que siempre le rondó el fantasma de la privatización del petróleo. Nadie quiere volver a esa figura, porque a los mexicanos nos costó sangre y fuego lograr que el hidrocarburo fuera un bien esencialmente nacional; y nos costó eso y mucho más, no volver a permitir que la Constitución federal contemplara la reelección presidencial. Esa será la traba esencial de esta discusión, cuando llegue al pleno del Congreso de la Unión.

PROBLEMA OPERATIVO

Lo grave de todo esto, es que el Poder Legislativo se presenta como un órgano que discute mucho, pero resuelve poco. En muchos casos, en muchos, a los legisladores y grupos políticos les ha ganado la conveniencia partidista o los prejuicios, y han pasado por el verdadero interés nacional. Una buena muestra de madurez política de fondo y no calculada, la darían debatiendo y resolviendo algunos de los temas que son más urgentes que esta reforma democrática.

Es decir, que podrían dar signos de madurez política comenzando por destrabar temas como el de la reforma fiscal integral, la energética y las demás que integran el bloque de las llamadas “reformas estructurales”. Nadie quiere pagar costos políticos por ciertas reformas. Pero hacen pagar al país, costos altísimos por la pérdida de producción —en el caso petrolero—, la pérdida de competitividad o la pérdida de atracción de recursos fiscales, capitales y demás.

La reelección de diputados, en el mediano plazo, podría constituir un buen acicate para la entrega de un trabajo legislativo de más nivel y resultados más tangibles. Sin embargo, si junto con eso no se desmantelan los cacicazgos actuales, lo que habrá de ocurrir es la consolidación del pago de favores políticos y los grupos de poder que no necesariamente representan las necesidades e intereses de la mayoría.

En todo esto la ciudadanía jugaría un papel esencial. Hasta ahora, continúan llegando a la representación popular personas que aportan poco, justamente por el desdén del electorado que no vota, que lo hace sin razonar el sentido de su voto; o que se presta al clientelismo que sustituye a la razón y el interés general. Quien quisiera reelegirse tendría que presentar a la ciudadanía resultados y acciones concretas. Ya no sólo promesas irreales o planteamientos —como muchos de los vertidos en el más reciente proceso electoral— que no tienen sustento en la realidad nacional.

UABJO y Torres: ¿Cómo defender lo indefendible?

+ Buenas intenciones: choque frontal con la realidad

Hoy parece más claro que nunca que la UABJO vive en una doble realidad: por un lado, se enfrenta a la cada vez más complicada preservación de una situación académica nada envidiable; y por el otro, a un proceso largamente ventilado de inestabilidad y descomposición política. ¿Cómo sostener argumentos medianamente alentadores de una Casa de Estudios que todos los días revela sus atrasos y su caótica cotidianeidad?

Este es, pues, el claro choque entre las buenas intenciones y la realidad: enalteciendo el espíritu universitario, se puede asegurar que independientemente de cualquier viso de inestabilidad, atraso o violencia, la UABJO ha dado a Oaxaca más glorias académicas, científicas y culturales que ninguna otra institución. Se puede asegurar que a pesar de lo complicada que es su situación política, existen ciertos avances académicos que reiteran su vocación por la educación. Se puede decir todo eso, hasta que los argumentos chocan con las circunstancias, con el ejercicio implacable del poder, y con las disputas que todos los días se viven en la Universidad.

¿Ser un “buen universitario” es negar la realidad? Evidentemente no. Del mismo modo, parece claro que tener una vocación universitaria no necesariamente parte de haber egresado de la UABJO. A pesar de ello, este espacio ha tratado de conservar como parte de las causas que todo espacio periodístico debe tener, la defensa no de las personas, sino de los valores y las instituciones que trascienden a la sociedad. Por eso ha quedado claro que la crítica va siempre encaminada al modo tan cuestionable en cómo en la Universidad se desarrolla la educación pública.

Sin embargo, eso no es óbice para señalar la dolorosamente deficiente gestión del rector Rafael Torres Valdez. Su administración ha estado enmarcada, como nunca, por la inestabilidad, las disputas por el poder, el porrismo y el daño a la instrucción de nivel superior, que ahí debería impartirse como no se hace. Para muestra existen botones de sobra: en los últimos meses, prácticamente no ha habido semana en la que la Universidad se libre de cierres, toma de instalaciones, enfrentamientos y protestas en contra de la administración o las facciones que subsisten o acumulan poder, al amparo de una pluralidad y tolerancia, que son simuladas y mal comprendidas dentro de la Universidad.

En ese mismo sentido, es claro que la Universidad se ve constantemente amenazada por la voracidad de muchos de sus manejadores, por la codicia que les genera un presupuesto universitario que es permanentemente utilizado bajo un amplio esquema de opacidad; por una administración universitaria que sólo le rinde cuentas a un Consejo Universitario controlado y domado por ellos mismos. Que todos van tras una rectoría que, en realidad, no le rinde cuentas a nadie. A nadie.

Así, la disputa permanente es por una Universidad que es vista como un botín, y no como una auténtica tabla de salvación de la siempre disminuida educación pública que existe, en todos los niveles, en la entidad. Aquí hemos señalado en diversos momentos que los problemas de la Universidad van más allá del rector Torres Valdez; pero también hemos señalado oportuna y reiteradamente que el actual Rector es un dique que contiene y contribuye a preservar muchos de los vicios que se han anidado y consolidado en la Máxima Casa de Estudios.

Es decir, que la salida de Torres de la UABJO no resolvería sus problemas; pero si ésta ocurriera en un marco político favorable —y no en la guerra de poder actual—, sí sería un factor que contribuiría enormemente a la concertación política, a la academia, a la honestidad, y la verdadera democratización de la Universidad.

TEORÍA VS PRAXIS

Lo peor de todo sería que junto a los graves problemas políticos y de ingobernabilidad que ocurren en la Universidad, no hubiera un solo viso de academia, estímulo a la educación, a las ciencias o a las artes. El problema es que todo eso palidece, de nuevo, frente a una Universidad que todos los días demuestra ser un caos.

¿Cómo hablar de avances y logros, cuando prácticamente todas las preparatorias, escuelas y facultades tienen interrupciones permanentes en su vida académica; cuando el ausentismo, la venta de calificaciones, las extorsiones, y hasta la inseguridad y los robos, son cosa de todos los días en las instalaciones universitarias?

¿Cómo poder hablar de progreso académico y político, cuando los procesos internos de prácticamente todas las escuelas y Facultades para elegir a sus directivas, ha terminado en disputas, enfrentamientos y mayores niveles de inestabilidad? ¿Cómo defender los innegables logros de la academia, cuando todo eso choca con una realidad implacable que dice mucho más que cualquier recuento de avances que, ante ella, resultan ser lo mismo nimios que parciales, aunque no por ello menos importantes?

¿Cómo poder hablar de una universidad de primer nivel, cuando sólo algunos de sus edificios han sido remozados, pero otros siguen teniendo condiciones inaceptables? ¿Cómo argumentar algo a favor, cuando en varias facultades siguen reinando atrasos tan básicos: uno de ellos es, por ejemplo, el hacinamiento en los salones de clase; los baños que son una desgracia, o los profesores universitarios que, en muchos casos, tienen niveles de preparación superior tan indignos como los salarios que perciben?

A lo largo de meses, y años, diversos grupos de personas han hablado del cierre de la Universidad, como una “alternativa” al problema de caos que vive la UABJO. Esa, sin duda, sería la peor medida que alguna persona, gobierno, Congreso o Consejo podría tomar para darle un “remedio” a la Universidad. No harían más que coronar las intenciones de quienes quisieran repartir el presupuesto universitario en otros fines, aviesos todos, que en nada contribuyeran al avance de Oaxaca.

¿CÓMO AVANZAR?

Así, el rector Torres Valdez y su administración podrán decir misa. Pero la realidad es una. Sólo faltaría que quisieran fanfarrias y cohetes por hacer apenas una parte, en lo académico, de lo que es su obligación. Una defensa verdaderamente eficiente e irrebatible podría darla no con las palabras, sino con los hechos. ¿Cuándo hablarán de la nueva Ley Orgánica de la Universidad? ¿Cuándo harán lo propio por la reorganización de sus esquemas administrativos, democráticos y de rendición de cuentas? ¿Cuándo se dignarán a abrir verdaderamente sus cuentas? Todas estas son preguntas que también atañen a los poderes locales, que sospechosamente se sienten ajenos al problema universitario.

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