+ Gobierno progresista con partidos indolentes
Hace meses, cuando ya se vislumbraba la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomara una decisión trascendental respecto a las leyes locales en materia de matrimonio y familia, señalábamos que todo esto ponía en jaque el sustento ideológico del grupo gobernante, que reiteradamente se asume y reconoce como de izquierda. Hoy queda claro que esa izquierda sólo tiene las características indispensables para la apariencia, pero que está lejos de materializarse día a día en las decisiones del gobierno y de los partidos que hacen mayoría en el Congreso del Estado.
En efecto, en nuestra entrega del 16 de agosto pasado apuntábamos que “es posible que en próximas fechas la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva si la legislación civil de Oaxaca vulnera los derechos de las parejas homosexuales, por no contemplar el matrimonio entre personas del mismo sexo”. Decíamos también que esta, que parece ser una discusión trillada y ajena a nuestra realidad, en realidad es de gran vigencia debido a que la tendencia nacional está encaminada hacia la ampliación total de los derechos de las personas.
Ante todo esto, señalábamos también que “el problema es que, en Oaxaca, lejos de que las fuerzas de izquierda —que tienen presencia importante tanto en el ámbito gubernamental, como en el legislativo—, presionaran en favor de la apertura de derechos para todos por igual, éstas se quedan calladas frente a los intentos de la autoridad local por atajar los medios de defensa que han presentado las personas que se dicen perjudicadas tanto por el contenido de la ley civil, como por la negativa de la autoridad para llevar a cabo un acto fundado en esa ley que, a su juicio, quebranta sus derechos”.
Y es que una cuestión fundamental que quedó olvidada el pasado miércoles (cuando la decisión de la Corte estableció la inconstitucionalidad del artículo 143 del Código Civil, en lo relativo a que el contrato de matrimonio se celebra “entre un solo hombre, y una sola mujer”, y abrió la puerta a los matrimonios homoparentales), es la relativa a que todo esto partió de la negativa del Registro Civil del Gobierno del Estado, para celebrar un contrato de matrimonio que dos mujeres le solicitaron.
¿Por qué es importante no dejar de lado esta cuestión en específico? Porque si bien es cierto que el Registro Civil no tiene otra posibilidad más que la de sólo aplicar las leyes que regulan su actividad, también lo es que, según se supone, este es un gobierno de izquierda que debía estar preocupado no sólo por cumplir la ley, sino también por reflejar el progresismo y los principios que se supone que sustentan su definición ideológica.
Además, si este acto fue conocido por el sector oficial, fue publicitado en diversos momentos, y estuvo a la vista de todos, entonces no debiera haber razón ni para la sorpresa, y tampoco para el oportunismo de quienes hoy falsamente pretenden aparecer como “progresistas”, tratando de “subirse” a un tema del que en realidad son ajenos, y del cual sólo pretenden sacar provecho.
Veamos el primero de los casos. En 2011, el Registro Civil simplemente negó el acto que solicitaban las dos mujeres que querían adquirir la calidad de “contrayentes”. Lejos de negar la prestación del servicio, pero aprovechar el momento para abrir rutas jurídicas y políticas que permitieran poner a discusión un tema como éste y tratar de materializar uno de los principios más progresistas de la izquierda, el gobierno estatal simplemente guardó silencio.
Y el Registro Civil no sólo se encargó de negar inicialmente el acto, sino que cuando las quejosas obtuvieron el amparo y protección de la justicia federal en primera instancia (a través del juicio de garantías radicado con número de expediente 1143/2011, en el que, en marzo pasado, el Juez Segundo de Distrito con sede en Oaxaca ordenó la realización del acto que les había sido negado, pero ahora acatando los lineamientos del fallo constitucional), decidieron inconformarse con dicha sentencia, y someter el asunto a un recurso de revisión, que finalmente culminó en la declaratoria de la Corte que conocimos el miércoles.
¿Esa resistencia a reconocer derechos es propia de un gobierno de izquierda como el que se encuentra establecido en Oaxaca? Tal parece que no. Más bien, un asunto como éste refleja las grietas políticas que existen en un gobierno de coalición, en el que ésta sólo sirve para ganar elecciones, pero no para llevar a los hechos, o cuando menos defender, programas o temas específicos que se encuentran en el plano ideológico, político, o de posturas ante ciertos temas.
Por eso, quizá, a nadie le importó que un tema tan sensible estuviera en la agenda irremediable de la entidad; a nadie le interesó atenderlo cuando aún había tiempo; y por eso ahora, en el más silencioso disimulo, el Registro Civil está aceptando el acto aunque sin establecer mayores posturas o razonamientos ante una decisión tan trascendental para Oaxaca, y para el país, por parte de la Corte.
OPORTUNISMO LEGISLATIVO
Sólo así puede calificarse el intento de los diputados Flavio Sosa y Pavel López por conseguir una reforma al artículo citado, a través de una iniciativa exprés, presentada esta misma semana. ¿Por qué tratar de hacerlo apresuradamente, cuando fue evidente que el tema les pasó de largo en todo este tiempo que el asunto estuvo en manos de los tribunales? ¿Qué de repente les apareció el espíritu progresista que no han demostrado en su actuación como legisladores? ¿O es que sólo cuando vieron que este asunto era inminente, distinguieron la oportunidad de aparecer en la historia como los reformadores y tuteladores de los matrimonios homoparentales?
Lo cierto, en esto, es que con todo y la declaración de la Corte, una reforma de tal calado al Código Civil debe venir acompañada de una recomposición integral de todos los artículos que regulan al matrimonio y la familia. Y eso requiere de un importante trabajo legislativo que supera por mucho las iniciativas hechas al vapor, en el momento, y sobre las rodillas.
DEMOSTRAR PROGRESISMO
A normas como el Código Civil le hacen falta reformas integrales. Sin embargo, como trabajar en algo como eso no impacta políticamente, entonces a nadie le importa. El problema llega cuando, con decisiones como ésta, se demuestra lo desfasado de nuestras leyes. Y todo empeora cuando llegan falsos progresistas, oportunistas, y arribistas del trabajo legislativo, que sólo quieren ganar a costa de las luchas, y causas, de otros.
