+ Tradición política, que Presidente haga su estructura
Hasta donde se tiene memoria, sólo en una ocasión anterior el Congreso de la Unión había negado la posibilidad de que un Presidente modificara la estructura organizacional del gobierno federal. Hoy, eso es lo que ocurre ante las resistencias habidas en el Senado de la República para que se consolide el conjunto de modificaciones administrativas que el presidente Enrique Peña Nieto planteó para su administración. ¿Cuándo y por qué ocurrió antes y, sobre todo, qué es lo que hoy entorpece la posibilidad de que —lo que era impensable en otros tiempos— el Presidente pueda configurar su organigrama de la forma que mejor le parezca?
En efecto, hasta donde nos alcanza la memoria, podemos establecer que sólo en una ocasión el Congreso de la Unión trabó la posibilidad de que un Presidente modificara la estructura de la Administración Pública Federal. Esto ocurrió cuando, en 2009 México enfrentaba los más brutales efectos económicos de la crisis financiera que azotaba a Estados Unidos y comenzaba a enfermar a las economías europeas. Además de eso, meses antes había ocurrido la crisis de salubridad derivada del brote de influenza AH1N1, que paralizó a prácticamente todo el país a lo largo de más de una semana. En ese contexto particularmente adverso, el Presidente hizo una propuesta que, históricamente, fue congelada por el Congreso. ¿Qué propuso?
En aquella ocasión, en el contexto de la entrega del paquete económico 2010, en septiembre de ese año, el presidente Felipe Calderón anunció un proyecto con el cual se pretendía practicar una renovación total al interior de la administración pública federal, así como, ajustes y el envío de un paquete de leyes que buscaban sacar a México de la grave situación que entonces enfrentaba. Fundamentalmente, el presidente Calderón proponía la desaparición de las Secretarías de la Reforma Agraria, de la Función Pública y Turismo, con el objetivo principal de combatir la pobreza, por ello se anunció el proyecto de desaparecer esas dependencias, cuyas funciones serían absorbidas por otras secretarías de Estado.
¿Qué pasó entonces? Que tres meses después, cuando aún no entraba en vigor el paquete económico del año siguiente, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado, dictaminaron que la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, con la propuesta de la desaparición de las Secretarías de la Función Pública, la Reforma Agraria y de Turismo, sería desechada “debido a que los sectores afectados manifestaron su inconformidad”.
Incluso, practicando la apertura que casi nunca tienen, los senadores fundamentaron su negativa a desaparecer las tres dependencias, en el hecho de que los representantes de diversos sectores habían rechazado la propuesta presidencial. Esto lo manifestaron de forma expresa, al asegurar que diversas organizaciones campesinas, habían acudido al Senado para luchar contra la desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria, y lograr que esta cumpla su propósito de conquistar el desarrollo de las mujeres y hombres del campo, a través de una auténtica igualdad de oportunidades.
Respecto a Turismo, también dijeron que los empresarios, representantes del sector turístico, habían manifestado que era vital que la Secretaría de Turismo continuara vigente, y argumentaron que el turismo es una actividad intensiva en mano de obra que en México genera 2.4 millones de empleos bien remunerados, donde las mujeres no son discriminadas, e incentiva la creación de Pequeñas y Medianas Empresas. Incluso, respecto a la Secretaría de la Función Pública, dijeron que organismos no gubernamentales dedicados al análisis e investigación, así como a la promoción de prácticas de transparencia y rendición de cuentas en el sector público, quienes habían acudido a la Cámara de Senadores para manifestar su inconformidad ante la eventual desaparición, consideraban necesaria la permanencia de esa dependencia “para la consolidación de un gobierno honesto, eficiente y transparente”.
Según información de diciembre de 2010, los “sensibles” legisladores concluyeron que “para generar ahorro, es necesario tomar otras medidas como la reducción de gastos del gobierno federal y la creación de políticas que atiendan el desarrollo rural del país, desecharon la iniciativa, e instruyeron que se informe al Ejecutivo Federal”. Y así dijeron “no”, por primera vez en la historia reciente del país, a un intento del Ejecutivo Federal por ajustar el esquema administrativo de su gobierno.
ADIÓS A LA TRADICIÓN
Era algo así como una “tradición” la relativa que el Congreso nunca objetaba un nombramiento por parte del Presidente, y tampoco una propuesta relacionada con la esfera administrativa, que está bajo su completa responsabilidad. El argumento de siempre, versaba en el sentido de que los legisladores no objetaban en eso al Presidente, porque era una forma de no entorpecer el trabajo del gobierno federal, y también era una forma eficaz de evitar que ante cualquier resultado negativo, el Presidente reprochara al Congreso que eso ocurría por no haberle permitido una estructuración libre de la administración que éste encabezaba.
Sin embargo, en 2010 la tradición se rompió, y ahora vemos que las consecuencias son extensivas al gobierno de Peña Nieto. No obstante el hecho de que ahora los legisladores ya rompieron con esa vieja tradición, se suma un ingrediente más: el hecho de que la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y la de la Función Pública, implican una especie de reprobación, por parte del nuevo gobierno federal priista, a los dos principales ejes de los gobiernos panistas: el de la seguridad, y el del supuesto combate a la corrupción.
Esa es la razón que, en el fondo, ha llevado a los panistas a frenar, en el Senado, los reiterados intentos de la bancada tricolor, y del Gobierno de la República, por sacar adelante la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que en otros tiempos no sólo no habría sido objetada, sino que incluso habría sido aplaudida por propios y extraños.
SIGNOS DE CAMBIO
Aspectos como esos nos recuerdan, sin embargo, que México ya es otro país. Esto no habría pasado hace dos o tres décadas. Más bien, la posibilidad habría sido simplemente inconcebible. Hoy el gobierno tiene que negociar, pactar y transigir para lograr una reforma a su estructura. Lo ideal sería que los senadores panistas la objetaran en aras de mejoras, y no de cobro de venganzas.
