Alza al pasaje en Oaxaca: un callejón sin salida

AM Histórico

+ No ordenamiento ni control… ni nada

 

Si hay un ejemplo de descaro en Oaxaca, ese es el de los empresarios del transporte urbano, que recurrentemente exigen sin dar nada a cambio. En la entidad, todos los beneficios han sido promesas pendientes de cumplir pero, al mismo tiempo, todas las cargas que los concesionarios imponen al Estado y a los usuarios, han sido onerosas y puntuales. El problema es que nadie ha querido entrar de veras a un proceso de reordenamiento del transporte, que permita que éste sea el negocio que los transportistas quieren, pero que también dé el servicio que la ciudadanía merece.

El sector parece hoy un callejón sin salida para cualquier tipo de regulación. A lo largo de varias administraciones estatales, los funcionarios encargados del sector han fungido más como empleados al servicio de los concesionarios, y no como una auténtica autoridad reguladora. Del mismo modo, los incrementos a las tarifas, el establecimiento de nuevas rutas y el orden que se supone que debiera haber en todo el sector, han respondido al pago de favores y cuotas de poder, o a decisiones políticas, pero no a la solución de necesidades reales de los usuarios o del servicio en general.

Veamos si no. Los empresarios del transporte urbano nunca pierden tiempo en decir que ellos han costeado los incrementos constantes del precio del combustible, de las refacciones y de los insumos de sus unidades. Dicen también que para ellos ha dejado de ser negocio la manutención de unidades y la permanencia en ciertas rutas. Claman por incrementos a la tarifa del transporte público porque dicen, siempre, que con las actuales es imposible prestar un servicio decoroso y mantener una flota camionera de cumpla con los requerimientos a los que ellos mismos se han comprometido.

Todos esos argumentos pueden contener cierta parte de verdad. Sin embargo, es también cierto que existe una contraparte que ellos no aceptan. Por ejemplo, ¿por qué si es tan alto el costo de mantenimiento del combustible e insumos de las unidades, no son los mismos concesionarios los que promuevan estudios que les indiquen exactamente cuántas unidades puede haber en cada ruta, y en qué horarios y tipos debe prestarse un servicio para ser competitivo y redituable?

¿Por qué si dicen que con las tarifas actuales no pueden mantener un servicio mínimamente decoroso, no son ellos mismos los que prediquen con el ejemplo incrementando la calidad y el nivel de su servicio, para luego exigir el correspondiente incremento a la cuota del pasaje? ¿Por qué si dicen que esto no es negocio, no regresan las concesiones a quien se las otorgó, y dedican sus unidades a otro tipo de servicio?

Lo cierto, en todo esto, es que si algo ha convenido a los concesionarios, esto es la anarquía que ha prevalecido. Hoy se quejan de que sus unidades no pueden sostenerse solas, pero no reconocen que en el transporte público hay un parque vehicular oneroso y sobrepoblado, que no tiene capacidad de cumplir con las expectativas económicas de sus propietarios, debido a que es mayor el número y la capacidad de las unidades, a la cantidad de usuarios que existen por ruta.

En el caso de las rutas, éstas continúan divididas a través de acuerdos viejísimos y tomados con criterios políticos, que generan sinsentidos como el relativo a que hay rutas con un número inmenso de usuarios potenciales, que son atendidas por un número de unidades menor al requerido. Eso provoca aglutinamientos y accidentes por el excesivo número de pasajeros que viaja en cada unidad.

Y en otras rutas pasa lo contrario: hay una cantidad enorme de autobuses, de gran capacidad, que prestan el servicio a un número de usuarios que no es el suficiente para cubrir las expectativas económicas de los concesionarios. Ante la falta de ganancias suficientes, los dueños de las unidades exigen a sus conductores que cubran la cuenta diaria al costo que sea. A partir de eso inicia la competencia por el pasaje, las “carreritas”, la conducción agresiva de las unidades, las disputas entre choferes, y las fatales consecuencias (de muertos, lesionados y daños materiales en población inocente) que traen aparejada la irresponsabilidad y la imprudencia de quienes hacen todo por completar la cuenta que piden los concesionarios.

 

CAMINO SIN SALIDA

Si el sector es un mal negocio, los primeros interesados en reordenarlo y reencauzarlo debieran ser los concesionarios. Sin embargo, éstos exigen el incremento a la tarifa como una especie de cheque en blanco: quieren ganar más, o sostener su nivel tradicional de ganancias, a cambio de ofrecimientos que de antemano saben que no serán cumplidos, y que aún así ellos no cargarán con ninguna consecuencia.

El mejor ejemplo de ello es el último incremento que les autorizó el gobierno: los concesionarios prometieron la renovación de la flota camionera, la capacitación de los conductores de las unidades, el establecimiento del seguro del usuario como prestación obligatoria y un servicio encaminado a que a partir de entonces no hubiera un solo accidente más en el que apareciera la responsabilidad deliberada de uno de los choferes de sus unidades.

Aunque sí recibieron el incremento, y lo hicieron parte de sus ganancias, los concesionarios nunca cumplieron con ninguna de sus ofertas. Hoy las unidades del transporte urbano continúan enlutando recurrentemente a familias oaxaqueñas por causa de accidentes de tránsito; el servicio que se presta es pésimo; no hay orden en ninguna de las rutas, servicios y formas en que se presta el servicio; y todo el funcionamiento del trasporte está determinado por los intereses económicos, por la voracidad y por el interés de acaparar espacios de los concesionarios, y por la incapacidad de la autoridad para hacerse valer como tal, y no para seguir siendo una comparsa al servicio de los concesionarios.

 

NO MÁS ANARQUÍA

Mientras no haya voluntad de los concesionarios para ceñirse al reordenamiento, y la autoridad en materia de transporte siga siendo cuestionada —con auténticos intentos de veto— cada que intenta hacer valer el orden y la legalidad en la materia, esto seguirá siendo un caos. El problema es que el costo y las consecuencias las pagamos los usuarios, que nos transportamos en auténticos ataúdes rodantes, que no tienen ningún tipo de seguridad y que tampoco ofrecen las garantías mínimas de un servicio competitivo y seguro, pero que sí cobran tarifas de primer mundo.