+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Oaxaca: ¿Sólo queda desaparición de Poder Legislativo?

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+ Ahora, el magisterio no debe imponer su sola voluntad

 

En las condiciones actuales, lo único que debiera restar es la desaparición del Legislativo como poder del Estado en Oaxaca. La sumisión que han demostrado sus integrantes, el trato indigno que han permitido por parte de un poder fáctico, y la ausencia total de una noción sobre lo que significa el poder público, hace que sus integrantes hayan degradado al Congreso del Estado a tal punto, que lo único que les faltaría por permitir sería su aniquilación como Poder Soberano.

En efecto, las condiciones actuales no podían ser peores: por segunda ocasión, un poder fáctico como la Sección 22 fue capaz de paralizar por completo sus actividades, en aras del cumplimiento de una pretensión política. La vez anterior, en 2006, la Sección 22 del SNTE trataba justamente de que el Poder Legislativo no cumpliera con sus deberes constitucionales, para demostrar con ello que los poderes no funcionaban y que por tanto la Federación debía desaparecerlos para nombrar un nuevo gobierno en la entidad. Lo paradójico es que, en esta ocasión, la 22 quiere justamente lo contrario: que el Congreso legisle una ley a modo. Sin embargo, presiona haciendo justamente lo contrario. Es decir, impidiendo sus labores.

En 2006, el Poder Legislativo del Estado fue duramente criticado porque, ante las circunstancias de toma de sus instalaciones, la entonces Gran Comisión decidió habilitar sedes alternas en las cuales pudiera funcionar. Aún con el estado de sitio fáctico que imperaba en la entidad, también a manos de la Sección 22 y la APPO, y en condiciones que parecían poco decorosas para uno de los Tres Poderes del Estado, el Congreso sesionó en el patio de una casa, en un salón de fiestas o en centros de negocios de hoteles de la capital oaxaqueña, con tal de no detener el trabajo legislativo.

¿Pero qué pasa ahora? Que, de nuevo, el Congreso se convirtió en rehén de uno de los caprichos de la Sección 22. Y aún cuando en este caso lo que quiere el magisterio —valga la redundancia— es justamente que el Legislativo legisle, lo cierto es que su estrategia ha estado encaminada a arrodillar primero a los diputados, para luego tratar de que éstos hagan no lo que deben, sino lo que los maestros exigen. Lo más grave de todo, es que ante este burdo intento, los diputados no sólo no han mantenido el decoro mínimo de su investidura y del respeto que deben procurar para el Poder Legislativo como ente soberano, sino que además han aceptado a pie juntillas las maniobras de la Sección 22 deteniendo por completo la actividad legislativa.

En estas condiciones, ¿qué es peor: Que en el 2006 el Poder Legislativo sesionara en el patio de una casa o en un salón de eventos sociales legalmente habilitado para esos efectos, o que hoy mantenga todas sus actividades detenidas sólo porque la Sección 22 se niega, en un acto de radicalismo puro y sin ninguna razón válida, a entregarle sus instalaciones?

Por eso, la sola aceptación del documento que contiene el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, convalidó todas y cada una de las maniobras del magisterio oaxaqueño, y reafirmó el estado de sumisión en que se encuentra el Congreso del Estado en Oaxaca.

 

¿QUÉ QUEDA?

A pesar de la profunda indignidad que le han profesado al Poder Legislativo, los diputados no se equivocan: legislar en el marco jurídico oaxaqueño un tema educativo es poco trascendente, debido a que la reforma de la materia en el ámbito federal es jerárquicamente superior a la local, en todos los sentidos. Y la única forma en que podrían interactuar una y otra en este mismo momento, tendría que ser a partir de la armonización y coordinación que hubiese entre ambas, pero nunca en el estado de contradicción que pretende la Sección 22.

Y es que el problema es que los maestros oaxaqueños rechazan la reforma constitucional federal, y exigen la legalización y constitucional del PTEO en Oaxaca, no porque en verdad ésta última sea perniciosa para la educación y el plan alternativo sea la panacea, sino porque la reforma federal fue elaborada y pactada por gobiernos emanados de partidos a los que ellos consideran como adversarios, y porque ellos asumen el reconocimiento de su plan como una respuesta política, y no estrictamente educativa, al régimen de poder con el que no coinciden.

Esa es una de las razones torales por la que es doblemente insana la postura de los diputados locales. Pues en su pobre concepción, el Poder Legislativo quedó supeditado a las exigencias de la Sección 22, y lo mismo podría ocurrir con el tema legislativo. Si eso ocurre, no sólo se premiarán los caprichos y las maniobras del magisterio democrático para demostrar su poder, sino que haría entrar a Oaxaca en una contradicción seria con la Federación en cuanto a la aplicación de los lineamientos administrativos y técnicos relacionados con la educación.

¿Qué hará el gobierno de Oaxaca, si se legaliza y constitucionaliza el PTEO por capricho de la Sección 22, si la Federación comienza a recortar recursos por la incompatibilidad de modelos educativos? ¿Qué hará el gobierno de Oaxaca si, finalmente, la Federación deja de financiar paulatinamente la educación en la entidad porque, por capricho de la Sección 22, no se cumplen con las condiciones mínimas que éste impone para otorgar mejores condiciones?

Algo de eso ya ocurre en la actualidad. Pues aunque la Sección 22 lo niega y algunos profesores han aceptado el daño en aras de su militancia y de su fe en el magisterio democrático, lo cierto es que ya ha habido recortes y negativa a mayores recursos en temas como la antes llamada carrera magisterial, que en Oaxaca no ha mejorado en los últimos años, justamente porque el magisterio oaxaqueño no se ciñó a los lineamientos establecidos en la Alianza por la Calidad en la Educación. Lo que sigue, en ese ámbito, es que la Federación comience a recortar recursos en virtud de la falta de evaluaciones y de seguimiento a quienes han sido beneficiados de ese programa, pero que desde hace varios años no pasan por ningún proceso de corroboración de sus conocimientos.

 

CAPRICHOS, A FUERZA

El gobierno de Oaxaca ha permitido, cada vez en una situación más forzada, que la 22 siga estando al margen de las evaluaciones y los criterios delineados por la Federación. ¿Estará dispuesto a hacer todavía más? Si la respuesta es positiva, entonces ya debería nombrar a Rubén Núñez Ginés como director del IEEPO, y terminar así de institucionalizar este asalto a la educación y al poder público en Oaxaca.

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