+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Campañas anticipadas y la farsa de las AC’s

Date:

 

+ “Informes” legislativos, mecanismo simulado

 

Nunca como ahora han proliferado las Asociaciones Civiles con fines eminentemente electorales y, del mismo modo, nunca como ahora habían sido utilizadas figuras alternas, como la de los informes legislativos, para llevar a cabo lo que popular y jurídicamente se conoce como actos anticipados de campaña. Estas maniobras revelan la debilidad de la autoridad electoral, la voracidad por conseguir cargos públicos a partir de dinero de dudosa legalidad y procedencia, y la urgencia —aunque por completo imposible de subsanar hoy en día— de que se regule con mayor precisión el camino legal para saciar las hoy incontrolables ansias de quienes desean conseguir un espacio (de poder.

En efecto, a partir de que inició el año hemos visto en Oaxaca cómo se ha desplegado una intensa actividad en la búsqueda de diversos cargos públicos, las cuales se centran particularmente en las alcaldías que estarán, literalmente, a subasta, entre marzo próximo y el mes de julio, tiempo en el que se definirán las candidaturas, se llevarán a cabo las campañas y los ciudadanos votemos para elegir a nuestras próximas autoridades municipales. El problema es que el camino por el que han optado todos los que pretenden buscar esos cargos, es cuando menos inmoral, pero también tiene claros matices de ilegalidad. ¿Por qué?

Porque los “ciudadanos” que hoy se están promoviendo para ocupar alcaldías en diversos puntos de la entidad, lo están haciendo a través del uso de ciertas figuras jurídicas como auténticas “rendijas” a través de las cuales están colando sus nuevas aspiraciones electorales. En uno de los casos, los “ciudadanos” que aspiran a responsabilidades municipales, están tratando de darse a conocer a través del uso de AC’s que dicen perseguir fines sociales, comunitarios o de promoción a la ciudadanía, pero que en realidad lo que esconden es un incontrolable afán por posicionarse para quedar bien ubicados en las encuestas internas de los partidos, y finalmente ser postulados como candidatos a los cargos que buscan.

El ejemplo más claro de eso es José Escobar, que claramente busca la candidatura del PRI a la presidencia municipal, pero que mimetiza a través de una asociación civil que dice tratar de construir ciudadanía y conciencia entre los oaxaqueños. Si revisamos con detalle ese degradante uso que hoy en día se les está dando a las asociaciones civiles en Oaxaca, en prácticamente todos los municipios conurbados a la capital que eligen a sus autoridades por el sistema de partidos, cuando menos uno de quienes pretenden llegar a un cargo está utilizando la figura de las asociaciones civiles (Javier Villacaña y Escobar en la capital oaxaqueña, aunque también hay otros ejemplos en Santa Lucía del Camino y otros municipios) para esconder sus verdaderos fines, para colocar propaganda al margen de la ley y la regulación de las autoridades electorales, y para darle una forma “legal” a esas maniobras inaceptables para tratar de posicionarse políticamente.

La otra vía que están utilizando varios legisladores, es la de la publicitación de sus “informes legislativos”. Eso, de entrada, verdaderamente debería darles vergüenza, ante la falta de productividad de nuestro Poder Legislativo local, y de la absoluta sumisión que los diputados de todos los partidos han demostrado tener al gobernante en turno, a pesar de los supuestos “tiempos de cambio” en los que vivimos.

Sin embargo, independientemente de lo anterior, varios legisladores se están valiendo hoy de eso que sí les permite la ley (los “informes legislativos”) para darse a conocer en municipios muy específicos, y establecer esas maniobras como el punto de partida para nuevas actividades proselitistas relacionadas con los municipios.

Al final, queda claro que su actividad legislativa les importa un comino, y que eso (una rendija de la ley para hacer proselitismo disfrazado, y pagado con recursos públicos) es sólo el pretexto para sus nuevos afanes electorales. Así podemos encontrar al impresentable coordinador de los diputados perredistas, Alejandro López Jarquín tratando de inmiscuirse en la lucha electoral en Santa Cruz Xoxocotlán, pero también a los no menos cuestionados diputados Francisco García con su promoción en Juchitán, a Daniel Cuevas Chávez en Nochixtlán o a Marlene Aldeco Reyes Retana en Santa Lucía del Camino —por citar sólo algunos ejemplos.

 

¿Y EL IEEPCO? BURLADO

José Escobar demostró que el IEEPCO es una autoridad de papel. La semana pasada fue sancionado por la autoridad electoral por incurrir en actos anticipados de campaña, y promoción indebida, por la fuerte campaña publicitaria que desplegó a través de la asociación civil que encabeza. El resultado del dictado de la autoridad fue no sólo el desacato, sino la burla: Escobar no sólo no retiró su publicidad, sino que colocó nueva, y sobre los anuncios a los que la autoridad le había puestos sellos de irregular, éste colocó otros en los que denunciaba, sin ningún pudor, que la autoridad electoral prohíbe a los ciudadanos ejercer sus derechos, y les niega la posibilidad de expresarse y de ejercer los derechos que tiene consagrados en la ley.

¿Qué hizo el IEEPCO ante eso? Absolutamente nada. Tampoco ha hecho algo respecto a todos los que abiertamente se han valido de estas figuras para hacer promoción con fines electorales. Lo que se ve, es que la autoridad se encuentra atrapada entre una legislación que establece un margen estrechísimo para que la sociedad se exprese con fines electorales, y una realidad en la que la propia autoridad no cuenta con los mecanismos, y qué decir de la fuerza moral (ésta la perdió desde el mismo día de la integración del actual Consejo General, que no tiene nada de “ciudadano”, y que sólo responde al burdo y nocivo reparto partidista que ocurrió en abril de 2011 en el Congreso para integrarlo) para hacer valer sus determinaciones.

¿Qué queda? ¿Una nueva reforma para ampliar esos cauces? Es innecesaria, ante el hecho mismo de que hoy todos burlan la ley aún con su dureza. ¿La renovación de la autoridad electoral? Así como está, les conviene a todos, menos a la ciudadanía. Sólo nos queda, pues, la ignominia.

 

CHIQUITOS

Alejandro López Jarquín, presidente de la Junta de Coordinación Política, tiene como su “gran proyecto” ser edil de Xoxocotlán; Francisco García, coordinador de los diputados del PRI, tiene ese mismo “gran proyecto” con Juchitán. Podrían, sin duda, aspirar a algo más. Qué degradación. Antes los “pastores del rebaño” pintaban para más…

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