+ Culpar a todos, salida fácil para justificar incapacidad
Como si una burla nos hiciera falta a los ciudadanos, los normalistas sostienen el clásico argumento magisterial de que todas las acciones de protesta y presión que ejercen, son por culpa del Gobierno del Estado. Este lenguaje procaz y arrebatado, en realidad es reflejo fiel de lo que los normalistas consideran sobre la validez y legitimidad de sus demandas, aún cuando éstas impliquen quebrantar la ley y obligar al gobierno a arrodillarse frente a ellos. Por eso, ahora menos que nunca el Gobierno del Estado debe ceder.
En efecto, de nueva cuenta ayer los normalistas marcharon, secuestraron unidades de servicio y transporte público y emprendieron acciones de presión para tratar de obligar al Gobierno del Estado a que cumpla su demanda de contratar a casi mil “estudiantes” de la Normal Superior que exigen el otorgamiento automático de su plaza de trabajo. Aunque hoy más que nunca abundan los argumentos y las razones legales en su contra, los normalistas están decididos a seguir adelante apelando a la tolerancia del gobierno y a la pasividad de los ciudadanos.
¿Qué dicen los normalistas? Sostienen, por ejemplo, que el Gobierno del Estado es responsable por la nueva toma de autobuses ocurrida la mañana de ayer jueves; que la toma de autobuses fue para presionar a las autoridades a dar respuesta a los cuatro puntos de los 20 que conforman el pliego petitorio en los aspectos en los que no se ha avanzado; que “lamentan” la “cerrazón” del gobierno estatal que derivó en la toma de camiones; advierten también que, en la medida que las autoridades educativas se nieguen a dar respuesta a los estudiantes normalistas, en esa misma medida su movimiento “irá intensificando sus acciones de protesta”. E incluso calificaron sus acciones como una “cruzada” para lograr la contratación inmediata de 930 estudiantes, que es la exigencia principal que tienen con el IEEPO.
Los normalistas pueden tener el derecho de exigir, pero es claro que la obligación recíproca del gobierno es no ceder. No debe ser así porque hoy en día este no es sólo un problema de negociación política o de diálogo, sino que además del tema legal (relacionado con la comisión de delitos) que parte de las violaciones a la ley y a los derechos de particulares cometidos en la lucha magisterial, también hoy el gobierno estatal se enfrenta al hecho de que, lo acepte o no todo el Estado oaxaqueño, la reforma educativa que contempla las evaluaciones y que elimina definitivamente prácticas como la de la contratación automática, es norma constitucional en todo el país y debe ser cumplida como tal.
En estas circunstancias, ¿el gobierno debe continuar siendo condescendiente con los normalistas o con los profesores de la Sección 22? Seguramente en el marco del diálogo y la democracia debe actuar con sensibilidad política y debe procurar avenimiento antes que discordancias. Quizá, en este sentido, el gobierno de Oaxaca tenga el deber de graduar la aplicación de las nuevas normas constitucionales para evitar el choque violento entre prácticas de facto y normas recién legisladas, siempre que esto no constituya una agresión frontal al nuevo texto constitucional, y que no ponga en riesgo la relación del Estado oaxaqueño con la Federación.
Sin embargo, en temas tan sensibles como el de la contratación automática, el gobierno debe ser firme. En ese aspecto, lo que está en juego es no sólo la gobernabilidad o la relación de los profesores con el gobierno, sino la hipoteca literal que se está haciendo del futuro de la educación de los niños y jóvenes oaxaqueños.
CÓMPLICES, ¿PARA QUÉ?
A todos nos enfada que los normalistas desquicien la capital oaxaqueña un día sí y otro también. A todos nos molesta que, en la defensa de sus intereses, agredan frontalmente los derechos y la economía de la mayoría, y que pisoteen el Estado de Derecho como si aquí el orden se rigiera según la ley del más fuerte y no, como se supone, por el imperio de la ley. Seguramente a nadie le gusta que todo eso pase, y que el gobierno parezca tan plácido como si todo en Oaxaca marchara en orden.
Lo cierto es que no es así, porque esta beligerancia magisterial es signo de la presión que vive al interior por no poder conseguir la satisfacción de todos sus intereses. El magisterio oaxaqueño está acostumbrado a jugar sin perder. Y el hecho de que un “gobierno aliado” les esté hoy negando la posibilidad de que sus cachorros normalistas tengan contratación automática, los tiene al borde de la locura. Si todo sigue como hasta ahora, dentro de no muchos días veremos a otros sectores magisteriales aliarse con los normalistas que no consiguen su contratación. Y si no se hace una política de filigrana lo que podría ocurrir es un conjunto de protestas de gran magnitud que rebasarían el ámbito estatal, pero que entrañarían más riesgos para el propio magisterio.
¿De qué hablamos? De que los normalistas hoy protestan solos por algo que el gobierno está obligado a no darles. Si soportar todas sus acciones de lucha es el precio que la propia ciudadanía tiene que pagar para eliminar la contratación automática, entonces seguramente la mayoría estará dispuesta a aguantar la presión y sostener silenciosamente la postura oficial de no ceder ante el magisterio.
¿Cuál sería el riesgo de que los normalistas se aliaran con sus ascendientes para hacer una gran protesta? Que si de por sí la Sección 22 es tan mal vista por el gobierno federal como lo era la dirigencia de la profesora Elba Esther Gordillo, hacer una protesta que rayara en la revuelta social sería tanto como atraer la atención de un gobierno federal que, según se ha visto, no se anda por las ramas. Y si de por sí es indispensable que el gobierno de la República intervenga en la relación Estado-magisterio en Oaxaca, un escenario así le daría todas las herramientas para hacerlo, y para llegar imponiendo condiciones a partir de la idea que defienden, con razón, de que nadie puede tener más poder, ni estar por encima del Estado.
NO CEDER
Por eso, todos debemos insistir: el gobierno de Oaxaca no debe ceder. Bajo ninguna circunstancia. Este peaje que estamos pagando los oaxaqueños con las acciones del magisterio y de los normalistas, no debe ser en vano. Y no. No se trata de pelearse o de provocar otra revuelta. Se trata de que la crisis traiga aparejada la oportunidad de tener una relación más legítima entre el Estado y los maestros, que derive en mejor educación para nuestros hijos. Eso es todo.
