+ Protestas, aquí, no generarán el efecto esperado
Cuando en 2006 el entonces gobernador Ulises Ruiz se enfrentó a la Sección 22 del SNTE con el fallido desalojo y el posterior conflicto social, el gobierno federal estaba dispuesto a dejarlo solo, y permitir su caída, hasta que la revuelta social puso en riesgo la constitucionalidad, y se convirtió en un referente negativo que podría incluso alcanzar al régimen presidencial panista. Hoy, la resistencia y las protestas de los maestros, junto con la aparente apatía federal hacia el gobierno de Oaxaca, abren una ruta similar a la de 2006. Veamos por qué.
En efecto, para entender este asunto es necesario ir por partes. Pues en primer término, es menester apelar a la memoria respecto a qué causas, en el escenario nacional, dieron origen a la crisis magisterial en la entidad, y qué causas obligaron al gobierno del presidente Vicente Fox a entrar al rescate de un gobernador repudiado como Ruiz en aquellos momentos. Después, es necesario hacer un paralelismo entre aquellas circunstancias y las actuales, para finalmente entender por qué, tarde o temprano, al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no le quedará más que entrar al rescate del problema político en nuestra entidad, y otras que ponen en entredicho la reforma educativa.
Hasta el 2006, Ulises Ruiz tenía una figura envidiable: era el único gobernador del PRI que pertenecía totalmente al grupo de Roberto Madrazo, que de la dirigencia nacional de ese partido había saltado a la candidatura presidencial, y que tenía ciertas posibilidades de ganar los comicios. Ruiz tenía el control electoral total de una entidad que era semillero de votos para el PRI. Y, para el régimen federal, Ruiz representaba la oportunidad perfecta para defenestrar al madracismo y sacarlo de la carrera presidencial. Así actuó el gobierno foxista ante el conflicto magisterial.
El gobernador Ruiz tomó, ciertamente, una ruta de fuerza al ordenar la intervención policiaca al plantón magisterial. Sin embargo, éste había pactado una intervención de fuerzas federales que nunca llegaron. La imposibilidad de contener el orden, luego se profundizó cuando el gobierno federal asumió públicamente que el conflicto educativo de Oaxaca era un tema estrictamente estatal, y que éste debía ser resuelto a través de la negociación entre el gobierno de Ruiz y la Sección 22 del SNTE.
Con eso, de tajo el gobierno de Oaxaca se quedó solo. Y así estuvo por varios meses, aún cuando el Gobernador y el Congreso local, hicieron varios exhortos a la Federación, apelando a lo que establece el artículo 119 constitucional respecto a la obligación de la Federación de prestar protección a las entidades federativas en caso de trastorno interior.
Este escenario de no meter las manos para evitar la caída libre del gobernador Ruiz, cambió radicalmente cuando el gobierno federal —el régimen panista, en particular— se vio amenazado por quienes estaban dispuestos a no permitir la toma de posesión de Felipe Calderón como Presidente, y al margen de lo que había externado la voluntad popular a través de los votos, exigían que éste renunciara a través de la presión y el repudio popular de cientos de miles de personas que instalaron un plantón en Paseo de la Reforma y el zócalo de la capital del país, y otras miles más que por todos los rincones del país le llamaban “espurio” y le exigían que dejara el cargo.
En ese momento el gobierno federal entró en un dilema: en Oaxaca, una revuelta popular exigía la destitución de quien, les cayera bien o no, era Gobernador Constitucional del Estado, y había emanado como tal, de un proceso electoral validado como legal y democrático. El gobierno federal, por una omisión deliberada, había omitido prestar ayuda para el restablecimiento del orden, porque sabía que hacer eso implicaba también permitir la continuación de un gobierno al que repudiaban.
Sin embargo, no entrar en ayuda al gobernador Ruiz, era tanto como abrir la puerta para que las protestas postelectorales que encabezaba Andrés Manuel López Obrador tomaran la forma de una revuelta popular, y por la misma vía de la violencia y la presión a la ciudadanía, exigieran que FCH no asumiera como Presidente, o bien que renunciara ya habiendo tomado el cargo.
RUTAS PARALELAS
En este caso, ante la resistencia del magisterio de varias entidades federativas por la reforma educativa (que se publicó en el Diario Oficial de la Federación desde el pasado 26 de febrero, hace más de un mes), apenas ayer miércoles el presidente Enrique Peña Nieto tomó las primeras posiciones. El Primer Mandatario aseguró que el gobierno de la República no permitirá presiones ni retrocesos en la aplicación de la reforma educativa, puesto que no se pondrá en riesgo el desarrollo de las nuevas generaciones y que apoyará a los maestros que estén comprometidos.
Este es un primer paso, fundamental, sobre el reconocimiento —que aún no hace el gobierno federal de manera expresa, pero que es irremediable que lo haga con el paso de los días— de que la resistencia de las secciones magisteriales de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, y franca posición de rehenes en las que se encuentran los gobiernos estatales de nuestra entidad y de las otras dos mencionadas, sí ponen en riesgo el futuro de la reforma educativa.
Y es que, en el fondo, el problema no radica en lo legal (es decir, en la subsistencia de la reforma, o la llamada “contrarreforma” que podría ocurrir en Oaxaca o Guerrero), sino en el hecho de que aun siendo vigente y obligatoria la reforma constitucional federal, éste se quede sin aplicación en las tres entidades mencionadas. Permitir que esto ocurra en las entidades con magisterio disidente, sería tanto como poner el mal ejemplo a las demás, para que en cualquier momento las secciones magisteriales desconozcan la reforma por la fuerza de la movilización popular, y obliguen al gobierno de su estado a dejar de aplicarles las evaluaciones o las reglas que impone la reforma constitucional. Eso sería como darle el tiro de gracia a una reforma de gran calado, que tiene menos de cuarenta días de nacida.
PROTESTA ESTÉRIL
Al margen de su contenido —que ha sido fuertemente criticado por contener lo que la Sección 22 quiere, y no lo que la educación necesita—, con el solo hecho de haber llevado su propuesta de reforma al Congreso de la Unión, el gobernador Gabino Cué dejó en claro que protestar en Oaxaca es inútil. A ver cuánto tiempo tarda en entenderlo, si es que lo hace, el “magisterio democrático”.
