+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Migrantes: en Oaxaca todo sigue igual (de mal)

Date:

 

+ Atención, intrascendente para las autoridades

 

A ninguna autoridad en Oaxaca le interesa lo que ocurre con los migrantes que desde Centroamérica pasan por territorio estatal, y eso se nota por las nulas acciones que han emprendido para proteger y garantizar su paso por la entidad, libre de violencia y actos criminales. La transmigración, en los hechos, implica un falso dilema para las autoridades estatales que, en aras de no reconocer la estadía ilegal en el país de esas personas, las abandona a su suerte y las pone en bandeja de plata a los criminales. El gobierno debería tener un giro radical para eso. Y en un tema tan sensible como ese debían aparecer los organismos defensores de los derechos humanos aliados del régimen, que hoy lejos de ayudarlo, se han convertido en parásitos.

En efecto, todos aquellos que conocen la llamada “ruta del migrante” (es decir, desde su arribo a Chiapas, el abordaje del tren en Arriaga, el paso por el Istmo de Tehuantepec para luego llegar a Medias Aguas, Veracruz, y de ahí viajar o por el centro del país, o por Tamaulipas, hasta la frontera norte) saben que durante todo ese trayecto los transmigrantes corren riesgos extraordinarios, pero también que los gobiernos de varias entidades del país han comenzado a tomar medidas para que, al margen de si situación migratoria, esas personas tengan cuando menos garantizados los derechos fundamentales que no les niega la Constitución de la República.

Y es que Chiapas, por ejemplo, enfrenta un problema mayúsculo y permanente por compartir frontera con Guatemala. En años anteriores, todos los horrores que se relataban respecto a las agresiones y vejaciones que sufrían los transmigrantes comenzaban justamente en aquella entidad. Chiapas fue el primer territorio fértil en el que la delincuencia, los secuestradores, los tratantes de personas y los asaltantes comunes, hizo presa a los transmigrantes de una lista larguísima de delitos.

Con el paso del tiempo, el gobierno de aquella entidad comprendió que mantenerse al margen de ese problema equivalía a aceptar muchas de sus consecuencias y asumir la responsabilidad ineludible por esos hechos. Por eso, con el paso del tiempo el gobierno chiapaneco asumió, con razón, que el vigilar la legal estancia en el país de esas personas no era una atribución suya, y más bien centró su atención en contribuir a que esas personas tuvieran garantizado su paso por aquella entidad.

De ahí que a la migración centroamericana que llega a trabajar en las fincas chiapanecas, comenzó a procurarle servicios básicos de salud, de educación, de seguridad y de trabajo; y a los transmigrantes (que sólo van de paso porque no tienen como meta quedarse ahí, o en cualquier otro punto del país) les garantizó la seguridad y un paso libre de violencia, delincuencia y comisión de delitos.

Con el paso del tiempo, Chiapas consiguió disminuir de forma sensible los delitos que se cometen en contra de los transmigrantes, pero con su política aislada lo que provocó fue una especie de “efecto cucaracha” que, lamentablemente, vino a parar en el Istmo de Tehuantepec, en donde lejos de contribuir a solucionar ese problema, el gobierno ha preferido cerrar los ojos y centrar la “atención” a únicamente organizar redadas en las que participan autoridades estatales y federales, y que no siempre tienen como fin hacer que la ley se cumpla. Más bien, todos los horrores que antes ocurrían en Chiapas, ahora se cometen en territorio oaxaqueño. El problema es que aquí no ha habido atención para esas cuestiones tan graves.

 

TEMA OLVIDADO

Han pasado varios años desde que el padre Alejandro Solalinde denunció las amenazas en contra de su persona y de su organización, y que relató también las atrocidades que grupos criminales cometen en contra de los transmigrantes, que al no despertar ningún tipo de interés en las autoridades, se convierten en blanco libre de narcotraficantes, sicarios, secuestradores, maras, tratantes de personas y demás. Cuando eso ocurrió, originalmente acusó al gobierno de Ulises Ruiz de querer atentar en su contra. Pero lo cierto es que han pasado varios años desde entonces; que hoy la entidad es gobernada por un régimen distinto. Y es asimismo cierto y visible de todos modos las mismas cosas continúan ocurriendo.

El problema es que Oaxaca (el ámbito estatal y los municipales directamente involucrados) tienen puesta su atención en otros temas. Al gobierno estatal, por ejemplo, no le ha preocupado que, “curiosamente”, el municipio de Chahuites (el primero perteneciente a Oaxaca luego de que el tren conocido como La Bestia abandona el territorio chiapaneco) sea el punto de partida de la comisión de delitos y excesos en contra de los migrantes.

Eso no es ninguna casualidad: aquí los criminales encuentran el camino libre para poder hacer lo que no pueden en Chiapas. Al gobierno estatal —y sus funcionarios, y sus organizaciones satélites que dicen defender los derechos humanos— ese no es un tema prioritario. Y los gobiernos municipales también hacen mutis ante la situación, por no tener la capacidad de responder, o de guarecerse, ante el posible ataque de un grupo criminal que quiera tomar venganza por su intervención a favor de los migrantes.

Lo que revela todo esto es que los transmigrantes se encuentran en un completo estado de indefensión. Esto se constata cada vez que la Bestia tiene algún incidente (muchos de ellos en los que personas pierden la vida o sufren accidentes terribles que la mayoría de las veces implica la mutilación de sus extremidades), o que ocurren hechos violentos en contra de los transmigrantes. Cuando eso pasa (secuestros, extorsiones, violaciones, explotación, etcétera) y es denunciado por alguna organización, todos se santiguan y se dicen atentos a atender la problemática. Pero lo cierto es que olvidan sus promesas antes incluso de que ese día termine. Y los transmigrantes (que son personas, con derechos, dignidad e integridad) quedan de nuevo a merced de criminales que, ante la indefensión, hacen lo que quieren con ellos.

 

DÍA DEL VOCEADOR

Hoy 8 de mayo es Día del Voceador en Oaxaca. Desde este espacio, enviamos un abrazo fraterno a todos nuestros amigos expendedores de periódicos y revistas, que día a día contribuyen a la libertad de expresión llevando la información escrita hasta los hogares de los lectores. A todos, todos, les deseamos lo mejor, haciendo votos porque las autoridades atiendan sus demandas y les tengan la consideración digna de un gremio trascendental para la vida pública de Oaxaca.

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