+ Falso debate sobre el fuero, para cubrir espaldas
La detención del diputado local electo por Nueva Alianza, Luis Díaz Pantoja, parece ser ocasión para reabrir un viejo y falso debate sobre la existencia del fuero y la supuesta “utilidad” que tiene para evadir la acción de la justicia. Para quienes gustan del propagandismo y el amarillismo, este caso constituya una demostración más de que la narcopolítica está presente y que por esa razón el fuero debe ser eliminado, para que los cargos públicos dotados de inmunidad constitucional ya no sean una tentación para los capos de la mafia. Esta es una apreciación tendenciosamente inexacta.
En efecto, luego de que la semana pasada se diera a conocer que varios de los hermanos Díaz Pantoja habían sido detenidos por autoridades federales, acusados de delitos relacionados con delincuencia organizada, en Oaxaca y en el país se reabrió el supuesto debate sobre la eliminación del fuero en la Constitución federal. Más disimuladamente, otros cuestionaron al Partido Nueva Alianza por postular a gente de dudosa reputación política y personal. Y casi nadie reconoció que el problema no es el fuero constitucional sino el poco temor que tienen los partidos políticos a caer en la tentación de que los intereses le ganen a la responsabilidad y los principios democráticos que debe observar toda representación popular.
Y es que todavía estaba fresca la detención de Díaz Pantoja cuando ya políticos y oportunistas estaban hablando sobre la urgencia de terminar con el fuero constitucional de legisladores, dadas las “pruebas existentes” de que la narcopolítica es una forma reiterada por la que buscan la inmunidad y la evasión de la acción de la justicia. Propios y extraños casi dijeron “al ladrón” y se fueron contra el fuero no tanto para cerrar una llave de impunidad, como para desviar la atención de los temas de fondo que están relacionados con el poco cuidado, y la complicidad, de los partidos en la postulación de personas que no tienen calidad moral para ser candidatos y, potencialmente, representantes populares dotados con privilegios contemplados con la ley.
Quienes van en esa dinámica ponen como ejemplo al ex diputado Julio César Godoy Toscano, quien siendo candidato a diputado por el PRD en Michoacán fue implicado en el llamado “michoacanazo”, por el que el gobierno del presidente Felipe Calderón implicó a una treintena de candidatos a presidentes municipales, así como a dicho personaje, que además es medio hermano del entonces gobernador de aquella entidad, Leonel Godoy Rangel.
Godoy Toscano, como bien sabemos, evadió la acción de la justicia pero aún así ganó la elección constitucional. Luego, no llegó a asumir su cargo el día de la apertura de sesiones de la LXI Legislatura federal. Y, en una franca acción que buscaba llevar la contra al gobierno calderonista, Godoy fue escondido y escoltado por otros legisladores del PRD y el PT para que entrara al recinto legislativo, a hurtadillas, a tomar posesión de su cargo y gozar del fuero no tanto para evadir las averiguaciones previas en su contra, sino para evitar ser detenido y encarcelado, cosa que finalmente ocurrió cuando la presión política hizo que el PRD lo presionara para solicitar licencia a su cargo y éste quedara en posibilidad de ser aprehendido para enfrentar, en prisión, los delitos de delincuencia organizada que se le imputaban.
Ese, el de Godoy Toscano, es un caso “histórico”. Pues fuera de él, ni los líderes petroleros Carlos Romero Deschamps, ni Ricardo Anaya, ni la profesora Elba Esther Gordillo, ni prácticamente nadie, ha llegado a tener fuero constitucional para evadir la posibilidad de enfrentar un proceso ante las autoridades jurisdiccionales que lo requieran para esos efectos.
FUERO Y EVASIVAS
¿Quiénes tienen fuero constitucional? Según el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éstos son los servidores públicos que gozan de inmunidad constitucional: los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, los Diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo. “La Cámara de Diputados –finaliza diciendo dicho precepto- declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.”
¿Por qué ellos? Porque técnicamente ellos cumplen funciones de Estado que no pueden quedar sujetas a la posibilidad de que algún particular, e incluso alguna institución, los presione para cumplir una de sus atribuciones, o bien para dejar de hacerlo, a través de la instauración de un proceso judicial.
En el fondo, lo que sigue estando en entredicho es la inmunidad que tienen los partidos políticos para seguir echándole la culpa al fuero y evadir de esa forma sus responsabilidades. ¿Quién postuló a Díaz Pantoja? Fue la dirigencia estatal, con el aval de la dirigencia nacional. A ellos, y no al pueblo que ni siquiera votó por él (lo hizo indirectamente, aunque en realidad a muy pocos votantes les interesa siquiera saber quiénes son sus candidatos por la vía de la representación proporcional) es a quienes les toca ofrecer una explicación de qué fueron los atributos políticos que los llevaron a postular a ese personaje, qué antecedentes le conocían como para estar seguros de que era su mejor carta; cómo solventó él mismo su calidad moral y política. Y, sobre todo, cómo todos juntos confrontaron eso con el conocimiento popular y las posibilidades de que un personaje así pudiera aparecer formalmente ligado a temas impropios del ejercicio de la política.
EXPLICACIONES
Por esa razón, la dirigencia estatal debe explicar con toda claridad las razones no de la detención, sino de la postulación de dicho personaje. Ellos deben también asumir la responsabilidad política que implica el haber impulsado, sostenido, avalado o permitido la postulación de un personaje así. Se trata de subir el nivel de la política. No de ponerlo por los suelos. Y es preocupante que una dirigencia tan joven esté envuelta en un escándalo mayúsculo como éste.
