+ Miopía: fueron por cargos, no por la democracia
Estando prácticamente en el cuarto año de la presente administración, nadie debía sorprenderse de la falta de resultados en temas concretos como la rendición de cuentas, la transparencia y el castigo a los malos servidores públicos. La situación actual es consecuencia de un conjunto de acciones y medidas que no se tomaron, pero también es resultado de que los encargados de velar porque Oaxaca tuviera mejores instituciones y leyes, prefirieron la frivolidad y la comodidad de los cargos, antes que de los compromisos ante la ciudadanía. Por eso nadie debía hoy hacerse el sorprendido.
En efecto, Oaxaca se encuentra a poco más de la mitad de un conjunto de momentos históricos, en el que la entidad consiguió la alternancia de partidos en el poder, a través de una de las formas democráticamente más dolorosas posibles: en menos de un lustro, Oaxaca pasó por una elección inequitativa, en la que el partido hegemónico ganó los comicios gracias a argucias electorales, pero no a una verdadera voluntad popular mayoritaria.
Luego vino una revuelta social que enfrentó a todos los factores de poder de la entidad. Y finalmente terminó con un aparente renacimiento del partido oficial, que finalmente fue aplastado en las urnas por quienes prefirieron el cambio de partidos en los poderes del Estado. Al margen de las componendas, lo que ocurrió fue que una sociedad harta se volcó para buscar en las urnas, un cambio que ni siquiera logró conseguir con protestas en las calles.
Cuando todo eso ocurrió, los mensajes de la ciudadanía eran muy concretos: querían resultados, querían honestidad; querían justicia y, sobre todo, querían la no repetición de las prácticas y las evidencias de corrupción cometidas por funcionarios al amparo del poder. Eso es lo que habían visto y rechazado frontalmente del entonces gobernador Ulises Ruiz. Y claramente era eso mismo lo que le demandaban al gobernador Gabino Cué, una vez que la mayoría lo eligió como nuevo mandatario.
Nada de eso (la justicia, el castigo, o la transparencia, entre otras demandas de la ciudadanía) habrían de ocurrir por el solo transcurso del tiempo, ni porque esas fueran promesas contenidas en un discurso político. El camino correcto para el cumplimiento de esas demandas (porque antes de ser promesas de un gobernante, fueron exigencias de la ciudadanía) debió darse a través del establecimiento de un verdadero marco jurídico que permitiera contar con mejores herramientas legales, para perseguir a quienes fueran señalados por cometer irregularidades administrativas o penales en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos.
Así, si los mecanismos legales eran adecuados, y se combinaban con la voluntad de cumplir con las demandas de la ciudadanía, el resultado tendría que ser necesariamente un gobierno eficaz, capaz de impedir la corrupción, y perseguir hasta sus últimas consecuencias los actos que ocurrieran.
Sin embargo, nada de eso pasó. Y la responsabilidad no sólo recae en el titular del Poder Ejecutivo, sino también en un Poder Legislativo, que lleva todo el tiempo de la alternancia extraviado y embriagado por el poder ilimitado, que les cayó de golpe. Por eso, en cuestiones concretas, nadie puede hacerse el sorprendido que hoy parezca –de nuevo- imposible que algo o alguien cambie el panorama, y que algo o alguien pueda detener la corrupción que otra vez supura (de funcionarios, ex funcionarios y particulares involucrados con la gestión pública) en estos tiempos presentes.
LA JUSTICIA, UN FRACASO
Hoy, por ejemplo, causa sorpresa que la Secretaría de la Contraloría no tenga en sus registros la persecución de temas que para muchas personas es fundamental. Por ejemplo, que no tenga voluntad o capacidad para poner freno a los abusos que se cometen en el otorgamiento de la obra pública a empresas; las cuestiones que siguen sin ser aclaradas sobre el manejo de recursos públicos en diversas dependencias del gobierno estatal, que libre y periódicamente disponen de cantidades millonarias para fines que sólo ellos conocen; o las omisiones que se cometen también desde no pocas dependencias estatales en el ejercicio correcto de los recursos para que las obras y los servicios lleguen a la ciudadanía en los tiempos y formas que deberían, y no cuando a los funcionarios encargados se les dé la gana –o la razón les permita– realizarlo.
¿Por qué el fracaso? No sólo es porque los funcionarios involucrados no tiene voluntad o capacidad para cumplir con su tarea, sino también porque hoy en día Oaxaca sigue teniendo los mismos mecanismos de rendición de cuentas que había en el pasado, y que fueron hechos justamente no para cumplir la ley, sino para evadirla y bordearla. En lo concreto, resulta que a pesar de todas las promesas vertidas por quienes antes anhelaban con ganar las responsabilidades públicas y hoy son gobierno, ninguna de las normas que debieron haberse transformado, ha sido tocada en un punto o coma. ¿Cuáles son?
No fueron revisadas integralmente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; el Código Penal en la parte correspondiente a los delitos que se cometen en el ejercicio de funciones públicas. Asimismo, a pesar de la supuesta transformación de los órganos autónomos encargados de la fiscalización y de la tarea de garantizar la rendición de cuentas, ni a la Auditoría Superior del Estado ni a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, se les otorgaron los mecanismos y recursos adecuados para verdaderamente cumplir con sus tareas.
Más bien, a los funcionarios encargados de impulsar esas iniciativas, ni a los diputados que supuestamente participaron en la dictaminación y aprobación de las mismas, les preocupó hacer algo por verdaderamente darles mecanismos efectivos y de vanguardia para cumplir con sus tareas. Todos se fueron por la oportunidad de los cargos y los espacios.
TRISTE RESULTADO
Hoy, a pesar de la alternancia, la “justicia” se sigue haciendo con los instrumentos e instituciones del pasado, además de que la voluntad demostrada por el régimen es mucho menor a la prometida. A nadie le preocupa la posibilidad de revisar integralmente las normas que regulan el ejercicio y los límites del servicio público, porque muchos de quienes deberían hacerlo hoy son beneficiarios de las lagunas que contienen dichas normas. Por eso, se reitera, nadie debía sorprenderse de este triste resultado.
