Lo paradójico: nadie sabe por qué BRM está preso
Con la detención de Bulmaro Rito Salinas revivió un conjunto enorme de exigencias de justicia que, sin embargo, lo más seguro es que no sean atendidas nunca. Aunque las apariencias indican que Rito fue apresado para que rinda cuentas ante la justicia por los excesos cometidos por el régimen ulisista, lo cierto es que lo que lo tiene en prisión es sólo una acusación aislada, que quizá nada tenga que ver con los hechos por los que la ciudadanía cree que fue detenido. Por eso, es importante clarificar por qué exactamente está detenido y, sobre todo, no permitir que con ello se olviden los excesos por varios otros integrantes del régimen anterior.
En efecto, hasta hoy lo que se ha dicho de Rito Salinas y el proceso penal por el que fue aprehendido, son sólo datos sueltos. El jueves, por ejemplo, se informó que el delito por el que se le había girado una orden de aprehensión, era el de peculado. A cuentagotas se supo, días después, que el quebranto real por el que se le acusa es de sólo cuatro millones de pesos (cantidad insignificante, en relación a todo lo que su fama pública indica que se llevó de las arcas públicas), y que el juez le había negado la libertad provisional bajo el argumento de que Rito es “un peligro para la sociedad”. Sólo son trascendidos los que aportan algunos datos más específicos sobre la averiguación previa, tales como el tiempo en el que cometió el presunto quebranto y las razones concretas por las que se le considera probable responsable.
Así, sólo dos cosas son claras hasta ahora: primera, que Rito no está preso ni por los llamados “crímenes del 2006”; y segunda, que Rito tampoco está recluido en prisión porque el gobierno de Gabino Cué haya logrado desenmarañar el enredo que presuntamente le permitió hacer inmensos negocios al amparo del poder, o porque de fondo hubiera descubierto la forma en cómo habría hurtado recursos de las arcas estatales. No, porque aún con todas las afirmaciones infundadas y las especulaciones, lo único cierto es que Rito está preso por una acusación aislada, que es mucho menos trascendente y robusta de lo que parece.
Y la situación que enmarca todo ese conjunto de especulaciones y apariencias, se encuentra en el hecho de que hasta hoy la Procuraduría no ha tenido la disposición —y seguramente no la tendrá, porque no le conviene— de dar a conocer todos los pormenores del asunto. Más bien, lo que hizo fue aprehender a Rito y filtrar algunos datos sueltos, para luego dejar correr la imaginación de la ciudadanía, que desde el primer momento especuló sobre la acusación de fondo, sobre el monto de la posible caución, sobre el origen de la acusación, y de las motivaciones políticas y hasta las supuestas “negociaciones secretas” entre el gobierno de Cué y el ulisismo para allanarles el camino a la impunidad (Ver por ejemplo el artículo de Ricardo Rojo, ayer en el diario Noticias).
Sin embargo, queda claro que la sola aprehensión de Rito en ningún sentido es un sinónimo o una demostración sólida de justicia; y más bien, lo que ahora debe ocurrir es una acción firme de la ciudadanía para evitar que las promesas de revisión de las cuentas del pasado se detengan en el proceso judicial contra Rito; o que con ello terminemos absolviendo a varios que también tienen cuentas pendientes con la justicia.
MAOH, BERNABÉ… ¿Y?
En su edición de ayer lunes, TIEMPO daba cuenta que la PGJE y la Interpol “intensificaron la búsqueda de Miguel Ángel Ortega Habib, quien tiene órdenes de aprehensión por los delitos de ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad y peculado por un monto superior a mil 200 millones de pesos”. Ese y algunos otros personajes tienen, ciertamente, cuentas pendientes con la justicia. Pero, en el caso concreto de cada uno, habría que distinguir de dónde derivan esas responsabilidades y quién tiene el deber de buscarlos y procesarlos judicialmente.
Pues resulta que en el caso de Ortega Habib, son ampliamente conocidos los detalles relacionados con la detención, hace casi cuatro años, de dos familiares suyos acusados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de poseer indebidamente cantidades de dinero superiores a los mil 200 millones de pesos. Esos son delitos federales que derivan en una responsabilidad de búsqueda y detención que, en el caso de realmente existir, tendría que recaer en las instancias federales de procuración de justicia, y no en la Procuraduría local, que no tiene facultad para conocer de delitos relacionados con el fisco federal.
Así pues, la presunta orden de aprehensión que fue girada en contra de Ortega Habib, formalmente tampoco tendría que ver directamente con la acción de la justicia oaxaqueña, pues no es lo mismo que la Secretaría de Hacienda haya determinado que Ortega o sus familiares poseían esa cantidad de dinero sin haber declarado su procedencia, que asegurar que ese dinero tiene como origen las arcas estatales oaxaqueñas. Eso lo podemos inferir, pero las verdades judiciales no se crean en base a inferencias o suposiciones, sino a hechos probados.
Por eso lo ideal sería que a Ortega se le hubiera podido probar que, en efecto, retiró esa cantidad de dinero del erario oaxaqueño para desviarlo en su beneficio. Ahí sí habría una responsabilidad directa relacionada con su gestión, y entonces el gobierno estatal tendría toda la calidad para colocarse una estrellita en la frente, quizá no por haberlo detenido, pero sí por haber podido instaurarle una acusación relacionada con su función como Secretario de Finanzas.
Y lo mismo debiera ocurrir con Armando González Bernabé, y varios otros personajes —nunca debiéramos olvidar el nombre de Jorge Franco, que hoy parece absuelto por el solo hecho de haberse distanciado del ulisismo— sobre los que hoy se especula muchísimo pero no se sabe bien a bien si los delitos por los que se les está procesando son sólo acusaciones aisladas y parciales —como la que pesa sobre Rito—, o si verdaderamente son consecuencia de una investigación real y a fondo de su actuación como servidores públicos.
¿COMISIÓN DE LA VERDAD?
Muchos ilusos creen que esa investigación y determinación integral de la responsabilidad penal de los funcionarios del ulisismo, podría darse a partir de la conformación de la Comisión de la Verdad. Sin embargo, aquí y en China esas comisiones no sirven para instaurar juicios sino, valga la expresión, para conocer la verdad sobre un conjunto de hechos en un tiempo determinado. ¿Lo entenderán?
