+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Comisión de la Verdad… a medias

Date:

Sólo hay simulación y parcialidad

Hace 14 meses, cuando se aprobó la creación de la Comisión de la Verdad en Oaxaca, los Poderes del Estado enviaron el mensaje tácito de que como no confiaban en las instituciones que dependen de ellos mismos, era entonces necesario crear una instancia especial para que indague hechos que, además de ser delitos, posiblemente habrían sido constitutivos de violaciones a los derechos humanos. Si eso es ya de por sí grave, lo es mucho más que, en aras de una decisión política, hayan condenado a esa Comisión a proveernos de una verdad a medias.
En efecto, cuando el 25 de septiembre del año pasado la agonizante LXI Legislatura aprobó la creación de la Comisión de la Verdad, dijo que esa decisión “obedeció a las insistentes demandas de diversos sectores por castigar a los presuntos responsables del caso 2006, entre los cuales se menciona al ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz y varios de sus colaboradores”.
Si asumimos la creación de la Comisión de la Verdad como respuesta a ese conjunto de demandas, lo que podemos corroborar, es que en realidad no existe el ánimo de llegar a la verdad frente a todo un conjunto de hechos —como lo fue el conflicto magisterial de 2006 y su secuelas del año siguiente— sino que más bien esa Comisión fue creada más bien con la intención de ser un tribunal especial, más que un instrumento para esclarecer un periodo histórico de nuestro estado.
En ese sentido, organizaciones como Amnistía Internacional señalan que todas las víctimas de genocidio, de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, de tortura, de ejecución extrajudicial y de desaparición forzada, tienen derecho a la verdad. En específico, Amnistía Internacional sostiene que obtener la verdad sobre los crímenes es vital, primero, para que las víctimas directas conozcan toda la verdad sobre los crímenes de que han sido objeto, así como las razones que los motivaron, y para que se reconozca públicamente su sufrimiento. Además, la verdad es necesaria para desmentir toda acusación falsa que haya podido formularse contra ellas durante la comisión del delito.
Segundo, para que los familiares, especialmente de víctimas de homicidio o de personas desaparecidas, averigüen qué les ocurrió a sus seres queridos y conozcan su paradero; y tercero, para que la sociedad afectada conozca las circunstancias y las razones que llevaron a que se perpetraran las violaciones, de modo que se garantice que no se repetirán. En concreto, esa es, y ha sido, la finalidad de las comisiones de la verdad que han existido en otros países frente a situaciones tanto o más graves como las ocurridas hace ocho años en Oaxaca, tales como dictaduras militares, regímenes totalitarios y —esos sí— crímenes de Estado cometidos como conductas sistemáticas en contra de sectores determinados de la población.

LA COMISIÓN (Y LOS PODERES
LOCALES) SE DESACREDITAN SOLOS
Hay dos cuestiones de fondo que vale la pena considerar: primera, que la creación de una Comisión de la Verdad en el marco institucional actual de Oaxaca (en el que las instancias de procuración e impartición de justicia luchan a diario por acreditarse y ganar credibilidad frente a la sociedad) implica aceptar que las instituciones estatales son incapaces para conocer y determinar responsabilidades frente a esos hechos; y segunda, que su sola conformación deja más certezas sobre la parcialidad y la predecibilidad de las conclusiones de dicha Comisión, que sobre la posibilidad de conocer verdaderamente la verdad.
Sobre la primera de las cuestiones, hoy en día instancias como la Procuraduría de Justicia, o los tribunales dependientes del Poder Judicial del Estado, deberían fijar una posición sobre la aceptación de las deficiencias estructurales que les impiden tener la estatura para conocer de los hechos relacionados con el conflicto magisterial, y llegar a conclusiones no sólo declarativas sino incluso vinculatorias para quienes resulten responsables de violaciones graves a los derechos humanos y, por ende, de la comisión de delitos.
En ese sentido, si el objetivo es conocer la verdad sobre las posibles violaciones a derechos humanos durante el conflicto de 2006, las organizaciones que impulsaron la creación de dicha Comisión —e incluso los mismos integrantes de la misma— debieran dejar constancia específica de su disposición a que de verdad se conozca toda la verdad. Es decir, a que esa Comisión se encargue de indagar todos los hechos que posiblemente atentaron contra la dignidad y derechos de las personas, y que no sea sólo un tribunal creado ex profeso para enjuiciar al gobierno, porque eso sería conocer —en el mejor de los casos— una parte de la verdad, pero no toda.
Ahora bien, sobre la segunda de las cuestiones, ayer mismo un editorial de El Oriente ( HYPERLINK “http://bit.ly/1HF7OwS” http://bit.ly/1HF7OwS) señalaba con toda oportunidad lo siguiente: “En el peor de los momentos posibles, ha trascendido en diversos medios de comunicación que el Gobierno de Oaxaca conformó la Comisión de la Verdad para la Investigación de los hechos ocurridos en los años 2006 y 2007 (…) La conformarán el sacerdote Alejandro Solalinde (presidente); el reportero Diego Enrique Osorno; y la antropóloga Marina Patricia Jiménez Ramírez. Decimos en el peor de los momentos porque (…) la Comisión abre una discusión jurídica y política completamente innecesaria para un contexto de alta crispación social como el que actualmente vive Oaxaca.
“Discusión jurídica puesto que el propio Decreto de la Legislatura puede sin problemas ser cuestionado por violar principios constitucionales (…) inclusive el de imparcialidad —pues lo único seguro es que los recién nombrados comisionados carecen de ella de manera simple y llana. Con lo anterior, no se descalifica ni la ideología ni la trayectoria de ninguno de ello. Pero hay perfiles para ciertas tareas específicas. Y en este caso, los mediadores no lo cumplen en tanto su parcialidad histórica”.

DUDAS
No se conoce, por si algo faltara, qué metodología utiliza la Comisión para desarrollar su trabajo, y tampoco cuándo comenzó a funcionar. Además de su parcialidad y su endeble sustento jurídico, hay mucha oscuridad en su labor. Esto, en el fondo, más bien parece un elemento más de la revancha oficial al priismo local, que el 15 de noviembre se negó a acudir al IV Informe de Gobierno. Seguramente, las conclusiones de la Comisión serán dadas a conocer en marzo de 2015… en un momento ideal para que esto sirva como un eficaz proyectil del gobierno y la coalición contra sus adversarios, en plenos tiempos electorales.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

spot_img

Popular

More like this
Related

CONTRAFUEGO || Apátridas e ignaros

Aurelio Ramos Méndez Serían desopilantes, buenas bromas del Día de...

CONTRAFUEGO || Partidos, abejeras de mafiosos

Aurelio Ramos Méndez Distraídos en los preparativos de la llegada...

Reforma a la Ley del Infonavit busca erradicar la corrupción y garantizar el derecho a la vivienda 

El director general del Instituto, Octavio Romero Oropeza, acompañó...

Soberbia política

Carlos R. Aguilar Jiménez La soberbia, que según el diccionario...