+ Esteva abrió caja de pandora, que puso en riesgo a régimen de GCM
¿Qué habría pasado si un paro policial como el que ayer quedó conjurado, hubiera ocurrido en un contexto social y político distinto? ¿Qué habría ocurrido si esto mismo hubiera pasado en medio del conflicto magisterial de 2006? Alberto Esteva Salinas, al enfrentarse con la Policía Estatal abrió una caja de pandora que bien pudo haber terminado en una situación crítica para todo el gobierno de Gabino Cué Monteagudo. Qué bueno que esto no pasó. Pero ahora valdría la pena que el gobierno recapitulara en estas lecciones para no repetir un riesgo de esta magnitud.
En efecto, ayer el grupo de elementos de la Policía Estatal que se mantenía en paro de labores, decidió dar por terminada su protesta, y entregar las instalaciones y equipos que tenía en su poder desde hace 17 días. Los uniformados finalmente aceptaron los ofrecimientos que hizo el gobierno del estado para quienes regresaran a trabajar; y luego de concluir las protestas, el gobierno anunció que sólo revisaría la situación de alrededor de 15 de las personas que encabezaron las inconformidades. Esto parece ser el fin de este riesgo. Y por eso es necesario revisar algunas de las aristas que no deben quedar en el olvido.
Una de ellas, fundamental, tiene que ver con el hecho de que —como lo apuntábamos en nuestra entrega anterior— en este segundo paro de labores, los mismos elementos inconformes perdieron la noción de lo que pedían, y permitieron que su protesta fuera influenciada por grupos expertos en desestabilización, y por la misma ciudadanía que decidió salir a darles su respaldo, y ellos lo recibieron.
Quizá sin darse cuenta, con esta acción los elementos generaron un aura de simpatía, desde la propia policía, con la población que decididamente está en contra del gobierno, y que por eso salió a respaldarlos cuando intentaron ser desalojados la semana pasada por la Policía Federal. Y si técnicamente la policía sirve para brindar seguridad y estabilidad, y mantener lealtad al gobierno, entonces los elementos inconformes fueron exactamente al punto contrario de la situación para la que se supone que sirve toda corporación policiaca, al convertirse ellos en foco de una resistencia en contra del Estado.
Y es que, continuando con este escenario posible, ¿qué habría ocurrido si el enfrentamiento del viernes pasado en el cuartel de Santa María Coyotepec hubiera escalado en violencia? ¿Cuál habría sido el resultado si, por la razón que fuere, un grupo mayor de elementos se hubiera unido a los inconformes, y hubiera manifestado su voluntad de no seguir manteniendo disciplina y lealtad al régimen para el que trabajan? ¿Qué habría pasado si no hubiera habido prudencia por parte de los elementos federales, y hubieran repelido lo mismo a los policías paristas que a la población que salió a ayudarlos?
El escenario es más grave de lo que parece, pues lo que técnicamente habría ocurrido es que el gobierno estatal se habría quedado sin su elemento de fuerza para garantizar el orden público, y entonces ellos y la ciudadanía nos hubiéramos quedado desprovistos por completo de garantías de seguridad; por ende, el régimen se habría tambaleado políticamente, y los ciudadanos habríamos quedado a merced de lo que cualquier persona capaz de quebrantar la ley hubiera querido hacer.
QUE VEAN EL 2006
Cuando ocurrió el conflicto magisterial y popular de 2006, uno de los elementos fundamentales que permitió que el gobernador Ulises Ruiz se mantuviera en su cargo, fue la lealtad institucional de las corporaciones policiacas estatales. Del mismo modo, cuando estalló aquel episodio de violencia e inconformidad, uno de los elementos fundamentales para la crisis fue el hecho de que la población civil salió a defender y respaldar a quienes consideraba (los maestros de la Sección 22 del SNTE) que estaban siendo agredidos injustamente por las fuerzas policiacas.
Este escenario, por sus elementos, es similar al actual. ¿Por qué no suponer un potencial periodo de inestabilidad del régimen, si de verdad se hubiera quebrantado la lealtad institucional de la fuerza pública estatal? ¿Cuál fue el riesgo real que se vivió en este episodio, por la falta de sensibilidad y noción de los encargados del manejo de este problema de orden al interior de las corporaciones estatales?
¿Qué nadie en la Secretaría de Seguridad Pública vio el enorme riesgo que significaba la sola posibilidad —que en otro momento hubiera parecido remota, pero que finalmente ocurrió— de que la población saliera a manifestar su simpatía con un grupo de inconformes que pertenece a corporaciones de seguridad pública que deben subsistir al margen del apego ciudadano, porque más bien son el símbolo de la “última razón”, como lo es la fuerza pública?
Ahora bien, ¿qué habría pasado si en el 2006, cuando la policía estatal se enfrentó con los profesores y éstos se levantaron masivamente en contra del gobierno apoyados por diversos sectores de la sociedad, también las corporaciones estatales hubieran abonado a la crisis? En aquellos momentos, todas las policías locales se mantuvieron en una situación de disciplina, incluso en los momentos de mayor complejidad, incluso frente al señalamiento injusto y parcial de que ellos habían sido los represores, cuando lo cierto es que su propia posición de subordinación los hizo acatar las órdenes de actuar contra los maestros, como sus superiores lo ordenaron. Si no hubiera ocurrido eso, entonces las posibilidades de que el entonces gobernador Ruiz se mantuviera en su cargo habrían disminuido drásticamente.
Por eso vale la pena revisar una y otra vez este episodio para que, como se apuntó también ayer, el gobierno no vuelva a ensayar apuestas tan arriesgada como la que está en vías de superar por este conflicto policial que generó Alberto Esteva Salinas, y que puso en una situación de vulnerabilidad y riesgo a todo el régimen de gobierno en nuestra entidad.
CRIMEN EN LA MIXTECA
El homicidio, la madrugada del martes, del precandidato a una diputación federal, Carlos Martínez Villavicencio, y de dos personas más —una de ellas familiar directo de un subsecretario del gobierno estatal— reaviva la permanente duda en la capacidad de actuar de las instancias de procuración de justicia. A la LXI Legislatura ya le habían matado a un diputado, sobre lo cual no se conocen avances sustantivos sobre su esclarecimiento. ¿Este hecho se sumará a las estadísticas de impunidad y silencio, en los crímenes que tienen que ver con políticos y ex funcionarios?
