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+ INE y CNDH lanzan alertas; el gobierno responde tibiamente
Algo muy malo debe estar pasando en el país, cuando dos de los órganos autónomos nacionales lanzan alertas casi simultáneas de que la democracia y las instituciones del país atraviesan por una fuerte crisis, pero el régimen gobernante responde sosteniendo y reiterando esas decisiones que lo mantienen en la ruta del divorcio político con el pueblo mexicano. Al parecer, el Presidente confunde su popularidad personal con la falta de credibilidad y confianza que hoy tiene la ciudadanía de las instituciones del Estado. Y ese es un problema mayor que puede resultar en escenarios inéditos de la vida nacional.
En efecto, anteayer el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, aseveró que hay una “falta de credibilidad en las instituciones” y aceptó que la CNDH no está exenta de ello; antes, el consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, reconoció que esa institución sufre un déficit de credibilidad pública, por lo cual se requiere reconstruir esa situación actuando conforme a la ley. “El Instituto Nacional Electoral, como el IFE lo fue en su momento, es una institución que vive de la credibilidad pública, y somos los primeros conscientes que estamos con un déficit de credibilidad que tenemos que ir reconstruyendo”, dijo.
Esta crisis de legitimidad no es privativa del INE o la CNDH; más bien, es un reflejo de lo que ocurre en general con las instituciones del Estado, que han perdido credibilidad frente a la ciudadanía, a raíz de una cadena de sucesos en la que ésta ha actuado con insuficiencia frente a las expectativas ciudadanas; y de la revelación de datos y propiedades que dejan ver la posible utilización de los espacios y responsabilidades públicas, para la obtención de beneficios personales por parte de quienes nos gobiernan.
Y es que resulta que hechos como la detención-desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, en septiembre del año pasado, o la revelación de las lujosas propiedades inmobiliarias del Presidente y su Secretario de Hacienda, al final no han hecho tanta mella en la persona de Enrique Peña Nieto o Luis Videgaray, como en la institución a la que ellos representan.
Asimismo, la revelación de la existencia de narcoautoridades en Guerrero, y la larguísima cadena de corrupción, complicidades, protección y tráfico de influencias que fue puesta en evidencia a raíz de los desaparecidos, generó un cuestionamiento no sólo contra José Luis Abarca y su esposa, o contra el defenestrado gobernador Ángel Aguirre, sino sobre todo respecto a los partidos políticos que también actuaron con cálculo y tibieza, frente a la necesidad de responderle a la ciudadanía por cómo éstas personas fueron postuladas, y cómo llegaron a tener responsabilidades y cargos públicos a pesar de los nexos criminales y de corrupción que públicamente sostenían.
Así, si en muy poco tiempo dos de los pilares de nuestra incipiente democracia (el gobierno y los partidos políticos) recibieron duros golpes de credibilidad frente a la ciudadanía, lo menos que podía esperarse es que éstos respondieran creciéndose al castigo y constatando que por encima de sus intereses particulares demostraran tener un compromiso democrático de gran calado frente a los ciudadanos.
No ocurrió nada de eso. Al contrario, partidos y gobierno decidieron sostener las mismas decisiones de siempre, como si el país no hubiera cambiado y no se encontrara en crisis; y al paso del tiempo lo único que han logrado es abonar al alejamiento de la ciudadanía, y a la pérdida de la credibilidad que hoy debiera ser fundamental para refrendar la superioridad del Estado frente a los problemas que lo aquejan, y no la constatación de que los partidos y el gobierno están coludidos para llevar a la quiebra a la democracia.
REITERAR LA IGNOMINIA
El Presidente y los partidos no estaban preocupados por la credibilidad y certeza que pudieran ofrecerle a la población. Eso lo demostraron cuando en la discusión del Pacto por México echaron al cajón del olvido todo lo relacionado con el sistema anticorrupción, y ello fue avalado por los partidos integrantes del acuerdo. Nadie tenía prisa por discutir lo que para ellos en ese momento no reportaba ninguna ganancia política. Y por eso mismo le dieron prioridad a lo que tenía que ver con los temas interesantes para el país —según ellos— y para la clase política porque se traducía en pesos y centavos.
Sólo que vino Ayotzinapa, la Casa Blanca, Malinalco, la casa presidencial de Ixtapan de la Sal y otros hechos que pusieron en capilla a la clase política. Mientras eso pasaba, los partidos vivían su propio descrédito al decidir cerrarse para proteger a los corruptos que estaban siendo exhibidos. Y frente a todo ese cúmulo de señalamientos, la ciudadanía comenzó a exigir cambios a partir de una considerable y legítima inconformidad que se tradujo en monumentales manifestaciones públicas, y una clara aversión a los procesos electorales sobre los cuales la propia ciudadanía comenzó a mostrar rechazo por considerar que no eran suficientes para enfrentar los problemas que tenía el país.
¿Qué hicieron los partidos? Cerrarse todavía más. Atajaron cualquier posibilidad de autocrítica y más bien se han dedicado a cuidar los espacios que tienen en la esfera pública, como un último baluarte de resistencia frente a la ciudadanía que cuestiona. Lo mismo hizo el Presidente: en lugar de dar el golpe de timón que el país hubiera esperado de él, salió al paso para proponer reformas cosméticas de la realidad nacional, y luego a anunciar a un fiscal anticorrupción que legalmente es su subordinado, y que carece de las herramientas legales para emprender una investigación real que aclare los posibles actos de corrupción cometidos por funcionarios federales, y el posible conflicto de interés en el que estaría involucrado el propio Presidente de la República.
MÉXICO, SIN RUMBO
Es evidente que la clase política no ha sabido estar a la altura de las expectativas nacionales. Lejos de eso ha buscado protegerse sin reparar en que eso mismo socava aún más el endeble terraplén en el que siguen sostenidos los andamios del Estado. Al final, eso explica las señales de alerta que envían los órganos autónomos sobre la crisis de credibilidad que hoy tienen las instituciones del Estado y la urgencia de ir al rescate de ellas. Quizá estemos en el último momento. No hay que desoír las señales.
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