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+ Amenaza de perseguir a diputados, alarde de soberbia e impunidad
Si en Oaxaca ya estamos acostumbrados a que la Sección 22 del SNTE hace lo que quiere sin que enfrente consecuencia alguna, hoy la dirigencia magisterial está demostrando que haberle dado tanto poder la tiene completamente desorbitada. Su anuncio de ir a perseguir y presionar a los diputados, si esto es necesario, para que aprueben su PTEO como ley estatal de educación, constata que su nivel de soberbia ha rebasado cualquier límite.
En efecto, esta semana la dirigencia de la Sección 22 fue hasta las instalaciones del Congreso local a presionar a los diputados a que dictaminen y aprueben el PTEO como Ley Estatal de Educación. Para ello, enmarcaron su diálogo con un acordonamiento a las instalaciones del Congreso, y las amenazas en contra de los legisladores fueron expresas. La dirigencia de la Sección 22 sostiene que como se está próximo a cumplir un año la firma de la declaración política rumbo a una nueva ley estatal de educación, es momento de que el Congreso cumpla su palabra de aprobar la iniciativa emanada de los foros organizados por el propio magisterio.
Sólo que la postura de la Sección 22 ya no es democrática, sino más desbordada y soberbia que nunca. Pues los profesores hicieron varias advertencias a los diputados locales. Primera: “el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) vigilará que se respeten los fundamentos filosóficos, epistemológicos y teóricos del Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO) dentro de la nueva Ley educativa de Oaxaca”.
Segunda: que mientras reciben el pre dictamen de la Comisión Permanente de Educación, “montarán guardia en la Cámara de Diputados y en caso de ser necesario pondrán marcaje personal y, de ser necesario, los diputados y diputadas serán perseguidas, porque en otras ocasiones los hemos perseguidos hasta los hoteles donde se van a resguardar para evitar albazos”.
Tercera, en voz de Rubén Núñez Ginez: “Una vez que lo tengamos y conozcamos el viernes [el pre dictamen de la ley educativa], lo vamos a socializar con los miles de trabajadores de la educación y luego nos volveremos a reunir con los diputados para avanzar en la aprobación de la ley”.
Cuarta: la dirigencia de la Sección 22 tachó abiertamente de “traidores” a los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por abandonar la mesa de diálogo y la construcción de acuerdos. Y como si la 22 ostentara la representación del pueblo de Oaxaca, aseguraron: “[los diputados priistas] traicionan al pueblo al pueblo de Oaxaca, no a la Sección 22 del SNTE, porque nuestra iniciativa forma parte de una consulta ciudadana”, dijo.
Quinta: Núñez Ginez justificó que “el acordonamiento a la sede del Congreso del Estado es para ‘acompañar’ las reuniones con los diputados del PRD-PAN-MC-PUP y PT, a fin de generar consensos y acuerdos, en virtud de que el 14 de marzo se cumple un año de la entrega de la iniciativa del Magisterio, y que hasta la fecha no ha sido aprobada”.
Frente a todo esto, vale la pena preguntarse —y no está de más— ¿esta es una actitud democrática y sostenible, de una organización que justamente dice querer la salvaguarda del derecho de la mayoría, en un marco de democracia?
PRESIONES, CONTRARIAS A LA LEY
Aunque no sirve de nada, porque de todos modos sabemos que la Sección 22 continuará actuando impunemente en Oaxaca —y en el país— gracias a la debilidad institucional y a la engañosa utilidad de la ponderación que hacen los gobiernos local y federal para dejar que el magisterio haga lo que se le antoje sin sanción alguna con tal de no confrontarse con ella, sí vale la pena recordar que todo lo que ha anunciado la 22 es expresamente inconstitucional.
Releamos el artículo 9 de la Constitución de la República, que otorga el derecho de manifestación en que se ampara la Sección 22, pero que también le pone los límites que justamente intenta romper. Éste dice, a la letra, lo siguiente: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.
“No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”.
¿Releemos una vez más la última parte del segundo párrafo del artículo noveno? Dice que no se considerará ilegal ninguna reunión siempre que se evite proferir injurias en contra de la autoridad o —lo verdaderamente importante en este caso— “se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”. Es decir, que en sentido contrario, una reunión que utiliza la violencia o amenazas en contra de la autoridad, para tratar de obligarla a resolver en el sentido que desee, sí debe ser considerada como ilegal.
Eso es justamente lo que vivimos: una organización que sostiene que su verdad es la única sostenible en Oaxaca, y que para defenderla incluso amenaza abiertamente con ir a perseguir a quienes tienen el deber de analizarla y decidir responsablemente no en base al interés de un grupo, sino de la sociedad y de la ley.
Así, parece que vivimos en un mundo al revés, en el que el poder del más fuerte es el que prevalece, y que entonces también la razón está determinada por esas situaciones de fuerza y de amenaza velada, y no por eso que solíamos llamar Estado de Derecho, pero que en Oaxaca definitivamente no existe. Ese es el límite en el que hoy nos tiene puesto, a la vista de todos, la Sección 22 sin que nadie le reproche algo por sus actitudes.
QUE VENGA MIRANDA
A la Sección 22 todos los reclamos relacionados con sus pactos con Gobernación, le hacen lo que el viento a Juárez: nada. Dicen ellos que sus negociaciones con el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, son legítimas. Quisiéramos entonces que Miranda viniera a Oaxaca a arreglar todo lo que sin ningún pudor ha provocado. Tiene a un estado verdaderamente de rodillas, por tratar de abrirle un cauce al gobierno federal, que da tumbos insistir en creer que México es —como muchos dicen— el Estado de México.
