+ Ante incrementos, nadie ha cumplido con acciones pactadas
En México, es una práctica común que, ante la alta incidencia en la comisión de algún delito o práctica indebida, se anuncie el “incremento de las sanciones penales” como medida de disuasión. Este remedio siempre funciona, porque de ese modo la autoridad apacigua a los ciudadanos inconformes. Pero al final, este tipo de acciones siempre van encaminadas al fracaso. Eso es exactamente lo que habrá de ocurrir en el anárquico e impune sector del transporte público en Oaxaca.
Veamos el asunto con detalle. ¿Qué hace el conductor de una unidad del transporte urbano, cada que daña otro vehículo, un inmueble, o cuando atropella y mata a una persona? Decide abandonar el autobús y huir del lugar. ¿Cuál es la consecuencia de ello? Que se convierte en un prófugo del que, en la mayoría de las ocasiones, la autoridad desconoce hasta su identidad. Cuando algo así ocurre, los asesores jurídicos de las líneas camioneras acuden casi de inmediato ante el Agente del Ministerio Público que conoce del hecho, únicamente para rescatar la unidad —que se encuentra retenida sólo como objeto afecto—; y de ahí en adelante todos los involucrados se olvidan de lo que debería ser lo más importante: la víctima.
¿Qué pretendemos decir con esto? Que mientras en el Poder Legislativo y la autoridad del Gobierno del Estado, se considere que con el solo endurecimiento de sanciones administrativas y penales este problema se resolverá, seguirán estando en la equivocación y en la ignominia. Ese tipo de medidas, que indirectamente ya existen en la actualidad, han demostrado no tener efecto alguno en el ánimo, la honestidad y la prudencia de operarios y concesionarios del transporte público.
Veamos si no. De acuerdo con el Código Penal vigente se establece un tratamiento y penalidades especiales para quien cometa homicidio culposo siendo operado de unidades del transporte público de pasajeros o escolar. En realidad, no son las penalidades sustantivas las que se ven incrementadas, sino más bien, lo que se establece son medidas para evitar que el responsable de un homicidio de estas características obtenga su libertad a través del pago de una caución. En otro numeral de dicho Código, también se establece que el bien lícito con el que se comete el delito, sea o no propiedad del sujeto activo del delito, quedará afecto para garantizar la reparación del daño ocasionado.
¿Esto ha servido? De nada en realidad. Y hay una razón lógica para asegurarlo: el conductor de una unidad del transporte público, en su andar cotidiano, nunca va pensando o considera que la norma penal establece duras sanciones en su contra si atropella y mata a un peatón. Más bien, su pensamiento se encuentra centrado en otros problemas que no son ese. Y sólo toma en cuenta este último punto en el indeseable caso de encontrarse en el supuesto previsto en la ley. Antes no. Por lo que no lo considera como un límite o una amenaza.
¿Y por qué huye del lugar del accidente? Primera, porque todo conductor de un autobús de pasajeros sabe que de ser aprehendido no podrá recobrar su libertad; que la empresa para la que trabaja sólo responderá por la unidad, pero no por él —y ni siquiera le brindará la ayuda básica, como el sostenimiento de un salario fijo del que no goza, o asesoría jurídica—; y porque ante una autoridad permisiva, es mucho más fácil evadir la ley y adherirse a la impunidad —que casi siempre le gana a la justicia—, que enfrentar las consecuencias de su imprudencia al conducir.
¿Y LAS VÍCTIMAS?
Por esa razón, si de verdad desean responder con soluciones de fondo a este problema, tanto los diputados del Congreso del Estado, como los representantes del Gobierno del Estado y los mismos concesionarios del transporte público, deberían ir más allá. El solo hecho de incrementar las penalidades para el transporte incumplido o riesgoso para la sociedad, resolvería lo mismo que cuando, en el ámbito del derecho penal, se decidió incrementar las penas a los violadores, a los pederastas o a los distribuidores de pornografía infantil para tratar de disminuir la incidencia de esos delitos. No se resolvió nada.
¿Cuál es la solución? Primero, que todos los involucrados cumplan al pie de la letra tanto las leyes como los acuerdos que se han tomado. En diciembre de 2008, cuando el Gobierno del Estado a través de la Coordinación de Transporte, determinó autorizar un incremento a la tarifa, los transportistas se comprometieron a tener, como una de sus más altas prioridades, la de la capacitación a sus conductores para brindar una mejor atención a los pasajeros y para tener más pericia en la realización de su labor, la contratación de seguros para las unidades y para los usuarios, y la renovación de sus unidades. Quizá ha ocurrido esto último parcialmente. Pero los muertos, heridos y daños ocasionados por los autobuses urbanos de pasajeros, siguen siendo los mismos, y continúan estando en el mismo marco de impunidad que antes.
Poco o nada es lo que unos y otros han pensado respecto de las víctimas del transporte público. Con nada se restituye un daño o lesión permanente; nada paga la vida de una persona que muere bajo las ruedas de un autobús de ese tipo. Y mientras, todos ven por sus propios intereses.
Ayer mismo, en una nota publicada por el periódico Noticias, el empresario Erasmo Medina Ángeles ¡acusaba al Gobierno del Estado de ser quien ha incumplido los acuerdos pactados! Decía que ellos sí cumplieron al renovar las unidades y pasar las revisiones correspondientes (lo cual contradice a José Luis Bustamante, quien hace una semana dijo a TIEMPO que sólo 6 de las casi mil unidades han acudido a las verificaciones), pero que desde 2008 el sector oficial no les ha autorizado los incrementos anuales de 50 centavos al precio del pasaje, como lo habían pactado.
DESFACHATEZ
Ante esto, tenemos que preguntarnos si también la impunidad y la anarquía eran parte del trato. El gobierno estatal jamás informó públicamente que, como lo dijo Medina, habían pactado incrementar el costo del pasaje en 50 centavos cada año, a partir de 2009. Y si ellos no cumplieron, los concesionarios tampoco. ¿Eso lo van a remediar con leyes? Por favor. Necesitan voluntad, arrestos y autoridad. Pero, está visto, nada de eso tienen.
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