+ Es culpa de la delincuencia pero también de la ineptitud oficial
Los hechos de este fin de semana en el estado de Morelos constituyen un llamado fuerte de atención sobre la forma tan poco seria en la que se toman las tareas de seguridad pública. En un solo fin de semana, el gobierno de aquella entidad demostró su incapacidad de entender el imperativo de ofrecer condiciones mínimas de seguridad a sus ciudadanos, y ello resultó en dos hechos que deben ser analizados a fondo: el asesinato de la Alcaldesa de Temixco; y la toma de control, por parte del Ejército, de las labores de seguridad pública en la ciudad de Cuernavaca. En ambos hechos hay un grado alto de responsabilidad —por omisión— del gobierno de Graco Ramírez Garrido. Y ello debe ser un espejo para todas las entidades federativas.
En efecto, con el inicio de 2016 hubo relevo de autoridades municipales en Morelos. En Temixco, asumió como alcaldesa Gisela Mota Ocampo, y en Cuernavaca, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo. Mota Ocampo, de filiación perredista, fue asesinada la mañana del sábado por un comando a las afueras de su domicilio. Según la información, luego de los hechos, alrededor de las 7:30 horas, el Mando Único estatal desplegó un operativo para dar con los responsables y, tras una persecución por la colonia Primavera, al menos dos sicarios fueron muertos y tres detenidos por la policía municipal.
En lo que corresponde a la ciudad de Cuernavaca, en vísperas de la toma de posesión del polémico Cuauhtémoc Blanco Bravo como alcalde, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal acudió a las instalaciones de la Policía Municipal de la capital para desarmar a los elementos. La razón que ofreció el Comisionado de la Policía Estatal, era que como el nuevo Alcalde había adelantado su intención de no renovar el convenio para la aplicación del Mando Único Policial en ese municipio, entonces el gobierno estatal debía recoger todo el armamento y equipos que anteriormente había otorgado a la Policía Municipal.
Así, al asumir el cargo municipal, Blanco tenía una policía desarmada y, por ende, una ciudad a merced de la delincuencia que prácticamente podría hacer lo que le viniera en gana ante la incapacidad operativa de su corporación. La salida que encontró el nuevo gobierno de Blanco Bravo fue solicitar al Ejército que tomara el control de la seguridad pública en tanto se resolvía la diferencia con el gobierno de Graco Ramírez Garrido por la aplicación del Mando Único Policial.
Así, en estas dos historias hay un común denominador que no habría por qué tener relación con la seguridad pública, pero que ha sido determinante: la insistencia del gobierno de Graco Ramírez por condicionar o retirar el apoyo en cuanto a la seguridad, a partir de definiciones políticas. Pues para nadie es un secreto que, por ejemplo, tiene una diferencia política abismal no con Cuauhtémoc Blanco, sino con sus impulsores políticos.
Cuernavaca era un espacio importante que Graco Ramírez quería conquistar electoralmente hablando, pero que le fue arrebatado por la popularidad desbordante del ex futbolista y el manejo eficaz que hicieron sus impulsores políticos, de su popularidad para ganar abrumadoramente los comicios municipales en la capital morelense. Al haberle ganado éste la alcaldía, el gobernador Graco Ramírez impulsó diversas medidas para entorpecer su toma de posesión, la integración de su equipo de trabajo, e incluso el control de la seguridad pública por parte de Blanco. Pero el problema es que en ese afán no sólo dejó desprotegida —aún más— a la sociedad de aquella ciudad sino que además reveló su empecinamiento por llevar a otras arenas —en este caso la de la seguridad— un asunto de disputas políticas con partidos y servidores públicos.
Algo similar ocurrió en el caso de Temixco, donde también eran públicas las diferencias que había entre el gobierno estatal y la alcaldesa. Básicamente, el diferendo se centraba en las simpatías políticas al interior de las tribus perredistas y respecto a sus posturas frente a Andrés Manuel López Obrador. Así, por esas diferencias hubo también impacto negativo en la coordinación entre corporaciones policiales; y esa inestabilidad, en el fondo, fue la que permitió que terceros vieran la oportunidad de atentar en contra de la alcaldesa que apenas iba a cumplir su segundo día en dicho cargo.
EL MANDO ÚNICO
Ahora bien, uno podría preguntarse qué tiene que ver un asunto aparentemente doméstico de Morelos, con lo que puede estar ocurriendo con la seguridad pública en todo el país. Aunque no lo parezca, tiene que ver mucho: los hechos de este fin de semana en Morelos marcarán, irremediablemente, la integración de la agenda pública de la seguridad pública para todo el país en 2016, y serán también el primer gran referente de este año sobre lo que debe hacerse y las medidas legislativas que deben tomarse.
Así, resulta que el problema está en que esos hechos lo que parecen demostrar es el acierto de la intención del presidente Enrique Peña Nieto, involuntaria y torpemente respaldadas por el gobernador Graco Ramírez: lo ocurrido en Morelos abonará a la idea de que las corporaciones de seguridad pública municipales deben desaparecer porque no cumplen con las funciones y las finalidades para las que fueron creadas, y que en su lugar deben integrarse sólo treinta y dos corporaciones policiacas estatales.
Incluso, en ese contexto, tampoco sería raro que se comenzara a hablar de la conformación de una sola Policía Nacional, que absorbería todas las funciones de seguridad pública en el país, borrando de un plumazo el federalismo y las potestades y responsabilidades que la Constitución de la República le da a los gobiernos estatales y municipales actualmente. Todos sabemos que la intención del gobierno federal es recentralizar todas las funciones que pueda.
AYUDA INVOLUNTARIA
Y el problema es que los hechos de Morelos parecen revelar que, en efecto, es necesario que “papá gobierno federal” tome el control ante el desastre que resulta de las disputas por motivos políticos entre los gobiernos estatales y sus municipios, que impactan en la seguridad pública y en el bienestar de todos los ciudadanos. En el fondo esa es la percepción a la que contribuye el torpe gobierno del perredista Graco Ramírez Garrido, y que finalmente puede terminar impactando en un tema tan sensible como el del federalismo —que debe mejorar, pero también subsistir— en materia de seguridad pública en el país.
