+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

El Mando Único no debe servir para liquidar el federalismo

Date:

ManUni

+ Se debe fortalecer el municipio: ese, el reto a mediano plazo


No es buena señal que los propios mandatarios estatales, a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores, sean los primeros promotores de que se liquide el federalismo en materia de seguridad pública. Estimular la intención de que el gobierno federal asuma las tareas de seguridad, y que sean los gobiernos estatales los que engullan a las policías municipales, es tanto como eliminar de facto las funciones del municipio. Esa será la puerta de entrada a la tentación de ir menguando, aún más, la figura del municipio.

En efecto, hace dos días al seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores ocurrió un pronunciamiento que debe revisarse con cuidado. Respaldaron la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto de impulsar la reforma constitucional para que las entidades federativas tomen para sí el control de las más de mil 800 corporaciones municipales de seguridad pública que existen en el país. Aseguran que la idea es que las policías municipales queden como órganos de tipo administrativo pero que dejen las funciones que actualmente realizan de velar por la seguridad. Quienes impulsan la iniciativa toman como base algunos ejemplos deplorables y corruptos que, sin embargo, no representan al grueso de las policías municipales del país.

Aseguran, por ejemplo, que las policías municipales deben desaparecer a partir de sucesos como el que protagonizaron las policías municipales de Iguala y Cocula, en Guerrero, al participar activamente en la detención-desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre del año pasado. Un caso más es el que ocurre en Morelos con la disputa entre el gobernador Graco Ramírez Garrido y las autoridades de varios municipios que bajo argumentos distintos no aceptan el establecimiento por decreto del Mando Único. Entre ellos está el Ayuntamiento de Cuernavaca, con el cual tuvieron un enfrentamiento que casi escala a la violencia. Incluso, un caso más, es el de la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, a manos de presuntos elementos también de la corporación policiaca municipal de aquella ciudad.

Esto, que tratan de presentar como ejemplos de por qué sí deben desaparecer las policías municipales, son en realidad casos que no representan la generalidad de lo que ocurre en la mayoría de los municipios del país. De hecho, las policías municipales son las que tienen mayor trabajo de proximidad social y son las que más identidad y cercanía tienen con la población. No por nada los temas municipales —la seguridad, entre ellos— son los que generalmente preocupan más a la ciudadanía, y son los que más les interesa mantener cerca porque es justamente parte de lo que más les afecta.

Por esa sola razón, la posibilidad de eliminar a las policías municipales debiera ser objeto de un proceso más amplio de socialización y consulta no sólo entre los municipios del país sino entre toda la sociedad. Una reforma de este calado amerita, cuando menos, el consenso más amplio posible de entre todos los sectores de la sociedad involucrados.

RETOS JURÍDICOS

Una reforma como ésta debe discutirse, al menos, a la luz de dos retos por demás actuales: uno de ellos es el de la reforma política que desapareció el Distrito Federal para hacer emerger a la ciudad de México como la entidad federativa número 32, la cual incluye entre los cambios más trascendentes la equiparación de la figura de las delegaciones a la de los municipios; y el otro, el relacionado con lo que tendrá que pasar con los pueblos y comunidades indígenas, que también tienen sus corporaciones policiacas pero que responden a una dinámica distinta a la de los municipios “occidentalizados”.

En el primero de los rubros, será interesante ver qué tratamiento le dan al tema de las policías municipales en la capital del país, ahora que el régimen político está cambiando y que, en el caso de las jefaturas delegacionales, se van a equiparar de forma más específica a los ayuntamientos con todas sus facultades. Hoy hay un régimen especial en cuanto a la seguridad pública pero irremediablemente tendrá que cambiar, pero ya no sólo a la luz de la reforma política formal de la capital, sino también a este intento de establecer figuras como las del Mando Único que es impulsada por los gobernadores.

El caso de las comunidades indígenas es todavía más complejo, pues ahí, además de que, para que la reforma llegase a afectarlos tendría que ocurrir el requisito de la consulta previa e informada que establecen los convenios internacionales relacionados con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, es claro que las corporaciones de policía tienen una intención distinta.

En muchos de los casos en realidad, la participación en una policía municipal en una comunidad regida por el sistema de usos y costumbres sigue la lógica del sistema de cargos, y de las responsabilidades comunitarias que tienen los ciudadanos de un municipio. En ese caso, la participación en la corporación tiene una lógica no sólo de seguridad sino sobre todo política. Quien participa como topil, generalmente tiene la visión de luego participar en otros cargos municipales, parroquiales y comunitarios —ser mayordomo de la fiesta patronal, por ejemplo, que engloba varias de esas cuestiones—, para luego acceder a responsabilidades ya formalmente municipales.

Esos, finalmente, son sólo dos aspectos de muchos que tendrán que considerarse en una discusión tan amplia como ésta. En el fondo, otro de los aspectos que tendrá que considerarse es si no ésta va a ser la puerta de entrada a la posibilidad de arrebatarle más facultades a los ayuntamientos. No se trata de que los municipios se mantengan incólumes, como tampoco de que queden desnaturalizados únicamente por la incapacidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de abordar con entereza los problemas que enfrentan. Lo que en el mediano plazo se ve, es que si los mismos gobernadores promueven el despojo a los municipios por parte de la federación, después podrían ser las facultades de los estados las que también comiencen a pasar por este tamiz ominoso.

¿QUÉ PASA EN EL PRD?

Sólo reina el silencio. En medio hay una disputa que nadie tiene claro si se resolverá en Oaxaca o en la capital del país. Ya tienen claro que sí habrá coalición, pero hay total incertidumbre sobre la definición del candidato, ya que ni siquiera hay claridad en cómo habrá de definirse.

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