+ Se debe fortalecer el municipio: ese, el reto a mediano plazo
No es buena señal que los propios mandatarios estatales, a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores, sean los primeros promotores de que se liquide el federalismo en materia de seguridad pública. Estimular la intención de que el gobierno federal asuma las tareas de seguridad, y que sean los gobiernos estatales los que engullan a las policías municipales, es tanto como eliminar de facto las funciones del municipio. Esa será la puerta de entrada a la tentación de ir menguando, aún más, la figura del municipio.
En efecto, hace dos días al seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores ocurrió un pronunciamiento que debe revisarse con cuidado. Respaldaron la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto de impulsar la reforma constitucional para que las entidades federativas tomen para sí el control de las más de mil 800 corporaciones municipales de seguridad pública que existen en el país. Aseguran que la idea es que las policías municipales queden como órganos de tipo administrativo pero que dejen las funciones que actualmente realizan de velar por la seguridad. Quienes impulsan la iniciativa toman como base algunos ejemplos deplorables y corruptos que, sin embargo, no representan al grueso de las policías municipales del país.
Aseguran, por ejemplo, que las policías municipales deben desaparecer a partir de sucesos como el que protagonizaron las policías municipales de Iguala y Cocula, en Guerrero, al participar activamente en la detención-desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre del año pasado. Un caso más es el que ocurre en Morelos con la disputa entre el gobernador Graco Ramírez Garrido y las autoridades de varios municipios que bajo argumentos distintos no aceptan el establecimiento por decreto del Mando Único. Entre ellos está el Ayuntamiento de Cuernavaca, con el cual tuvieron un enfrentamiento que casi escala a la violencia. Incluso, un caso más, es el de la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, a manos de presuntos elementos también de la corporación policiaca municipal de aquella ciudad.
Esto, que tratan de presentar como ejemplos de por qué sí deben desaparecer las policías municipales, son en realidad casos que no representan la generalidad de lo que ocurre en la mayoría de los municipios del país. De hecho, las policías municipales son las que tienen mayor trabajo de proximidad social y son las que más identidad y cercanía tienen con la población. No por nada los temas municipales —la seguridad, entre ellos— son los que generalmente preocupan más a la ciudadanía, y son los que más les interesa mantener cerca porque es justamente parte de lo que más les afecta.
Por esa sola razón, la posibilidad de eliminar a las policías municipales debiera ser objeto de un proceso más amplio de socialización y consulta no sólo entre los municipios del país sino entre toda la sociedad. Una reforma de este calado amerita, cuando menos, el consenso más amplio posible de entre todos los sectores de la sociedad involucrados.
RETOS JURÍDICOS
Una reforma como ésta debe discutirse, al menos, a la luz de dos retos por demás actuales: uno de ellos es el de la reforma política que desapareció el Distrito Federal para hacer emerger a la ciudad de México como la entidad federativa número 32, la cual incluye entre los cambios más trascendentes la equiparación de la figura de las delegaciones a la de los municipios; y el otro, el relacionado con lo que tendrá que pasar con los pueblos y comunidades indígenas, que también tienen sus corporaciones policiacas pero que responden a una dinámica distinta a la de los municipios “occidentalizados”.
En el primero de los rubros, será interesante ver qué tratamiento le dan al tema de las policías municipales en la capital del país, ahora que el régimen político está cambiando y que, en el caso de las jefaturas delegacionales, se van a equiparar de forma más específica a los ayuntamientos con todas sus facultades. Hoy hay un régimen especial en cuanto a la seguridad pública pero irremediablemente tendrá que cambiar, pero ya no sólo a la luz de la reforma política formal de la capital, sino también a este intento de establecer figuras como las del Mando Único que es impulsada por los gobernadores.
El caso de las comunidades indígenas es todavía más complejo, pues ahí, además de que, para que la reforma llegase a afectarlos tendría que ocurrir el requisito de la consulta previa e informada que establecen los convenios internacionales relacionados con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, es claro que las corporaciones de policía tienen una intención distinta.
En muchos de los casos en realidad, la participación en una policía municipal en una comunidad regida por el sistema de usos y costumbres sigue la lógica del sistema de cargos, y de las responsabilidades comunitarias que tienen los ciudadanos de un municipio. En ese caso, la participación en la corporación tiene una lógica no sólo de seguridad sino sobre todo política. Quien participa como topil, generalmente tiene la visión de luego participar en otros cargos municipales, parroquiales y comunitarios —ser mayordomo de la fiesta patronal, por ejemplo, que engloba varias de esas cuestiones—, para luego acceder a responsabilidades ya formalmente municipales.
Esos, finalmente, son sólo dos aspectos de muchos que tendrán que considerarse en una discusión tan amplia como ésta. En el fondo, otro de los aspectos que tendrá que considerarse es si no ésta va a ser la puerta de entrada a la posibilidad de arrebatarle más facultades a los ayuntamientos. No se trata de que los municipios se mantengan incólumes, como tampoco de que queden desnaturalizados únicamente por la incapacidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de abordar con entereza los problemas que enfrentan. Lo que en el mediano plazo se ve, es que si los mismos gobernadores promueven el despojo a los municipios por parte de la federación, después podrían ser las facultades de los estados las que también comiencen a pasar por este tamiz ominoso.
¿QUÉ PASA EN EL PRD?
Sólo reina el silencio. En medio hay una disputa que nadie tiene claro si se resolverá en Oaxaca o en la capital del país. Ya tienen claro que sí habrá coalición, pero hay total incertidumbre sobre la definición del candidato, ya que ni siquiera hay claridad en cómo habrá de definirse.
