+ Problema real: la violencia, y no las disputas entre grupos
La tarde del martes, un convoy fue emboscado mientras se dirigían, en una misión humanitaria, al municipio autónomo de San Juan Copala, ubicado en la región mixteca de Oaxaca. Según los reportes dados a conocer hasta la tarde de ayer, fueron dos activistas los que perdieron la vida; uno de ellos era de origen finlandés; las tres organizaciones que se disputan el control territorial y político de la zona, se deslindaron de los hechos; algunas organizaciones internacionales de paz condenaron enérgicamente la agresión; y el Gobierno del Estado, una vez más, se limitó a lamentar los hechos y prometer resultados en sus investigaciones ministeriales.
Es indispensable, en primer término, comprender a cabalidad el contexto en el que se origina este hecho. La triqui, es una zona indígena que a lo largo de más de tres décadas, ha vivido azotada por los conflictos y las disputas territoriales entre grupos políticos y de reivindicación indígena. En los últimos años, ese nivel de violencia no sólo no ha disminuido, sino que se ha incrementado. Esto, a pesar de los aparentes intentos del gobierno estatal por lograr acuerdos de paz.
Esto, como es evidente, no ha ocurrido. Y, al contrario, la región triqui nunca dejó de ser un territorio icónico para los movimientos sociales y políticos. Prueba de ello, es la declaración, anunciada en enero de 2007, de que San Juan Copala se erigiría como el primer municipio autónomo del territorio oaxaqueño. Esta era apenas una de las tantas consecuencias desatendidas, que tuvo el conflicto magisterial y popular ocurrido un año antes en la entidad.
Sin embargo, la violencia en esa zona apareció mucho tiempo antes, y no ha cesado. Antes y después de la declaración de autonomía de San Juan Copala, en la zona se han vivido feroces enfrentamientos entre tres organizaciones que intentan tener el control de la región, de sus habitantes, y del mundo de dinero que ellos representan. Una de esas organizaciones, es el Movimiento Unificador de Lucha Triqui; otra es la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui; y una tercera, que es una escisión de la primera: el Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente. Por las manos de esas tres organizaciones, recurrentemente han corrido ríos de sangre inocente, que a nadie le ha interesado saldar, y mucho menos investigar para hacer justicia.
En este marco, se puede asegurar que ninguna instancia estatal tiene cifras exactas de cuántas personas han muerto en esa interminable lucha por las aversiones étnicas y políticas habidas en la zona triqui; parece claro que los altos índices de violencia rebasaron por mucho, y desde hace bastante tiempo, cualquier posibilidad de mediación o pacificación a través de la sola invitación al diálogo. Esta última política ha tenido tanto eco, como la de los llamados a misa.
Lo más lamentable de todo, es que mientras la cifra de indígenas triquis muertos violentamente por esas disputas políticas se incrementa casi todos los días —independientemente de que los caídos tengan o no que ver con las organizaciones o los conflictos que ahí se dirimen a balazos—, todas las autoridades siguen perdidas en un mar de evasivas, justificaciones y deslindes sobre toda esa violencia, que debía ser dimensionada de manera distinta, y que debía generar una profunda preocupación a un gobierno que, sin embargo, ve esos odios casi como un asunto “normal”.
LOS CAÍDOS SON PERSONAS
Desde que ocurrió la emboscada de la misión de paz, hace dos días, todas las instancias y grupos involucrados, han buscado el modo de evadir sus responsabilidades, y han tratado de sacar ventajas políticas sobre el hecho.
Ahí está, por un lado, el Gobierno del Estado, que se ha mostrado más preocupado por deslindarse del hecho, que por emprender acciones concretas para indagar el hecho y para dar garantías de paz en la zona. Por su parte, la Sección 22 del SNTE —que fue uno de los principales impulsores políticos del municipio autónomo de San Juan Copala— resolvió, sin más, que es el gobierno estatal el responsable de la masacre. Y las tres organizaciones sociales con presencia en la zona, disimuladamente, han buscado también el modo de tomar distancia de los hechos, y condenarlos.
Estas posturas son, por decir lo menos, aberrantes. Todos los pronunciamientos tienen como preocupación de fondo, el hecho de que en la emboscada murió un activista europeo; que el hecho motivó el pronunciamiento a nivel internacional de organismos como Amnistía Internacional. Y que ahora la presión política para dar cauce a los problemas de violencia que ocurren en la región triqui, no sólo se centrarán en contra del gobierno estatal, sino que ésta también alcanzará al gobierno federal. Y que, por si fuera poco, las tres organizaciones de lucha social indígena con presencia en la zona, serán indagadas y señaladas por una violencia que, hasta ahora, unas y otras han ejercido libremente.
Hasta ahí, nadie parece preocuparse por lo verdaderamente importante: que los caídos el martes pasado son, al igual que los centenares de muertos habidos en la zona durante las añejas hostilidades, personas que colateralmente se convirtieron en víctimas de las disputas políticas que nadie ha querido ni ha podido remediar. Y que, mientras las balas deciden el presente y futuro de la región, docenas de miles de indígenas ven cancelados hasta sus derechos y garantías más básicas como las de la paz, la salud, educación y demás.
Quizá ahora que la violencia abatió a personas extrañas a la región, y que la mirada internacional se puso nuevamente en Oaxaca, comience a haber la voluntad (hasta ahora extraviada) de atender la zona. Propios y extraños deberían abandonar la obtusa idea de que esta es una guerra entre buenos y malos, entre derecha e izquierda, o entre socialismo y capitalismo. Los muertos son personas, a las que también mató la dejadez y la impunidad. Y eso es lo realmente preocupante.
¿DINERO SUCIO?
Ayer, en su columna de Milenio Diario, el periodista Joaquín López-Dóriga señalaba que la investigación federal al despacho Álvarez Puga y Asociados, tiene preocupados a varios gobernadores que tenían contratados sus servicios, y no precisamente de outsourcing. Todo apunta, entonces, al gran negocio que algunos hallaron, en la forma legaloide, de convertir el dinero público en privado. Por eso, aquí y allá, hay algunos que tiemblan.
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