+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Notarías: discrecionalidad, abusos y corrupción, se quedan

Date:

+ Las leyes cambian; encubrimientos oficiales son los mismos

Nada ha hecho mella para remediar el delirante descrédito que, por unos cuantos, envuelve a todos los que ejercen la actividad notarial en Oaxaca. A pesar de que apenas hace unos meses se dejó entrever lo que tendría que ser un escándalo de corrupción y complicidades oficiales al más alto nivel, por la presunta venta, tráfico y otorgamiento irregular de fíats notariales; y que hoy se cuestiona sin ningún rubor entre los mismos fedatarios, la subsistencia de normas legales que privilegian la discrecionalidad y los abusos en el nombramiento de nuevos notarios, nada se ha hecho para modificar la situación actual. Para explicarnos de mejor modo, es necesario ir por partes.

Los notarios son aquellos hombres y mujeres a los que el Estado dota de fe pública para dar certeza sobre la autenticidad en la celebración de actos, o sobre el acontecimiento de ciertos hechos, a los que las personas o la ley dispongan que se le deba dar el carácter de públicos. La asignación de esas patentes notariales se encuentra regulada por una norma estatal, aunque esta es una facultad materialmente discrecional del Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Si ello es lo que debe entenderse en teoría, lo cierto es que la actividad notarial resulta ser no sólo lucrativa en términos de ganancias económicas, sino que, por la sola investidura de la fe pública, un notario abreva el poder para dar formalidad y legalidad a una cantidad infinita de actos y hechos. Por esa razón, son privilegiados aquellos que, cada sexenio, se hacen acreedores de una patente notarial. Es un modo de asegurar la subsistencia, pero también de tener un poder que no siempre se ejerce con honestidad y responsabilidad.

Señalamos en líneas anteriores, que el otorgamiento de los fíats se encuentra regulado por una norma denominada “Ley del Notariado de Oaxaca”. Esta ley, en apariencia, pretendió normar, transparentar y equilibrar la otrora facultad discrecional del Gobernador del Estado en cuanto al otorgamiento de estas patentes. Para ello se estableció la participación del Colegio de Notarios y del Gobierno del Estado en la aplicación de exámenes a los aspirantes a notarios, y también se determinó para éstos el cumplimiento de ciertos requisitos para acceder a los concursos mediante los cuales se entregarían las patentes.

Se pretendía, con ello, que sólo los profesionales del derecho que demostraran más probidad y mejores conocimientos sobre la actividad notarial, fueran quienes accedieran al notariado; teóricamente, ello mejoraría la actividad y eliminaría paulatinamente el desprestigio que en otros tiempos pesaba sobre quienes ejercían esa actividad, y que eran sólo considerados como “amigos del Gobernador”, y como quienes de verdad se habían ganado la calidad de fedatarios.

Todo eso, sin embargo, no se logró. Hoy es ampliamente conocida la pésima fama de no pocos fedatarios en Oaxaca. Esos pillos con licencia de fe pública, hoy tienen la completa posibilidad de emprender todo tipo de acciones legales, pero no legítimas, para beneficiar a quienes así se lo solicitan y pagan, a través de la manipulación de actos y hechos en los que su fe pública resulta ser determinante para la formalización de los mismos.

En razón de eso, no es raro que, en su mayoría, los notarios sean hoy conocidos por tener la capacidad de volver a la vida a personas fallecidas; por lograr que ausentes realicen actos jurídicos, transmisión de derechos, cesión de bienes, y demás, con todas las formalidades legales para que dichos documentos sean presentados, reconocidos y validados legalmente por y ante cualquier autoridad; por regresar el tiempo y enmendar, en un pasado que siempre tiene huecos en sus protocolos y libros de registro, actos jurídicos que nunca ocurrieron pero que, como por arte de magia, resultan realizados y validados por un fedatario público. En resumen, que venden las consecuencias de su investidura legal, independientemente de los fines, a todo aquel que tienen dinero para pagar por su complicidad y sus servicios.

LEGITIMIDAD,

POR LOS SUELOS

En diciembre, en este espacio, dimos a conocer en este espacio, que en la Procuraduría General de Justicia del Estado, se había iniciado una Averiguación Previa por la presunta venta de varios fíats notariales.

El asunto, por sí mismo, resultaba escandaloso. A diferencia de las anteriores administraciones, en las que se otorgaban alrededor de cinco patentes notariales por sexenio, en la actual se han repartido más de treinta, en su mayoría a personajes ampliamente ligados con el grupo gobernante. Todas las fíats, además, se entregaron sin que se hiciera público ningún tipo de proceso de selección, concurso, o detalles sobre los resultados de los exámenes teóricos y prácticos que, según la ley, debieron haberse realizado, y que necesariamente debieron aprobar todos aquellos nuevos notarios.

Por si eso fuera poco, en más de una decena de casos, las patentes notariales se habrían no otorgado, sino comercializado. Fuentes que en aquellos momentos tenían fuertes vínculos con dicho proceso irregular, aseguraron a este espacio que los fíats habrían sido vendidos, cuando menos, en unos tres millones de pesos cada uno, a través de un complejo entramado de complicidades entre particulares y servidores públicos de primer nivel, que ya fueron cesados de sus funciones.

A pesar de lo evidente de estas irregularidades, y que desde el mismo Gobierno del Estado se emprendió una investigación, es nada lo que se ha hecho para terminar con tanta discrecionalidad y corrupción que envuelve a los notarios. Lejos de preocuparse por esos aspectos, la administración estatal envió una iniciativa de reforma ¡para disminuir la edad mínima requerida para aspirar a obtener un fíat notarial!

TODOS CÓMPLICES

Nadie se preocupó —desde el poder y desde el gremio notarial—, por terminar con ese aberrante negocio que existe en el otorgamiento y actividad relacionada con la fe pública. Nadie se interesó en el asunto, por la obvia razón de que a nadie le gustaría terminar con esa mina de oro. Por eso, tanto la indagación ministerial a que hacemos referencia, como las reformas que terminarían con la discrecionalidad absoluta en que hoy se da el nombramiento de nuevos notarios, parecen ser temas irrelevantes para el sector público y para los fedatarios.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com

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