+ Las leyes cambian; encubrimientos oficiales son los mismos
Nada ha hecho mella para remediar el delirante descrédito que, por unos cuantos, envuelve a todos los que ejercen la actividad notarial en Oaxaca. A pesar de que apenas hace unos meses se dejó entrever lo que tendría que ser un escándalo de corrupción y complicidades oficiales al más alto nivel, por la presunta venta, tráfico y otorgamiento irregular de fíats notariales; y que hoy se cuestiona sin ningún rubor entre los mismos fedatarios, la subsistencia de normas legales que privilegian la discrecionalidad y los abusos en el nombramiento de nuevos notarios, nada se ha hecho para modificar la situación actual. Para explicarnos de mejor modo, es necesario ir por partes.
Los notarios son aquellos hombres y mujeres a los que el Estado dota de fe pública para dar certeza sobre la autenticidad en la celebración de actos, o sobre el acontecimiento de ciertos hechos, a los que las personas o la ley dispongan que se le deba dar el carácter de públicos. La asignación de esas patentes notariales se encuentra regulada por una norma estatal, aunque esta es una facultad materialmente discrecional del Titular del Poder Ejecutivo del Estado.
Si ello es lo que debe entenderse en teoría, lo cierto es que la actividad notarial resulta ser no sólo lucrativa en términos de ganancias económicas, sino que, por la sola investidura de la fe pública, un notario abreva el poder para dar formalidad y legalidad a una cantidad infinita de actos y hechos. Por esa razón, son privilegiados aquellos que, cada sexenio, se hacen acreedores de una patente notarial. Es un modo de asegurar la subsistencia, pero también de tener un poder que no siempre se ejerce con honestidad y responsabilidad.
Señalamos en líneas anteriores, que el otorgamiento de los fíats se encuentra regulado por una norma denominada “Ley del Notariado de Oaxaca”. Esta ley, en apariencia, pretendió normar, transparentar y equilibrar la otrora facultad discrecional del Gobernador del Estado en cuanto al otorgamiento de estas patentes. Para ello se estableció la participación del Colegio de Notarios y del Gobierno del Estado en la aplicación de exámenes a los aspirantes a notarios, y también se determinó para éstos el cumplimiento de ciertos requisitos para acceder a los concursos mediante los cuales se entregarían las patentes.
Se pretendía, con ello, que sólo los profesionales del derecho que demostraran más probidad y mejores conocimientos sobre la actividad notarial, fueran quienes accedieran al notariado; teóricamente, ello mejoraría la actividad y eliminaría paulatinamente el desprestigio que en otros tiempos pesaba sobre quienes ejercían esa actividad, y que eran sólo considerados como “amigos del Gobernador”, y como quienes de verdad se habían ganado la calidad de fedatarios.
Todo eso, sin embargo, no se logró. Hoy es ampliamente conocida la pésima fama de no pocos fedatarios en Oaxaca. Esos pillos con licencia de fe pública, hoy tienen la completa posibilidad de emprender todo tipo de acciones legales, pero no legítimas, para beneficiar a quienes así se lo solicitan y pagan, a través de la manipulación de actos y hechos en los que su fe pública resulta ser determinante para la formalización de los mismos.
En razón de eso, no es raro que, en su mayoría, los notarios sean hoy conocidos por tener la capacidad de volver a la vida a personas fallecidas; por lograr que ausentes realicen actos jurídicos, transmisión de derechos, cesión de bienes, y demás, con todas las formalidades legales para que dichos documentos sean presentados, reconocidos y validados legalmente por y ante cualquier autoridad; por regresar el tiempo y enmendar, en un pasado que siempre tiene huecos en sus protocolos y libros de registro, actos jurídicos que nunca ocurrieron pero que, como por arte de magia, resultan realizados y validados por un fedatario público. En resumen, que venden las consecuencias de su investidura legal, independientemente de los fines, a todo aquel que tienen dinero para pagar por su complicidad y sus servicios.
LEGITIMIDAD,
POR LOS SUELOS
En diciembre, en este espacio, dimos a conocer en este espacio, que en la Procuraduría General de Justicia del Estado, se había iniciado una Averiguación Previa por la presunta venta de varios fíats notariales.
El asunto, por sí mismo, resultaba escandaloso. A diferencia de las anteriores administraciones, en las que se otorgaban alrededor de cinco patentes notariales por sexenio, en la actual se han repartido más de treinta, en su mayoría a personajes ampliamente ligados con el grupo gobernante. Todas las fíats, además, se entregaron sin que se hiciera público ningún tipo de proceso de selección, concurso, o detalles sobre los resultados de los exámenes teóricos y prácticos que, según la ley, debieron haberse realizado, y que necesariamente debieron aprobar todos aquellos nuevos notarios.
Por si eso fuera poco, en más de una decena de casos, las patentes notariales se habrían no otorgado, sino comercializado. Fuentes que en aquellos momentos tenían fuertes vínculos con dicho proceso irregular, aseguraron a este espacio que los fíats habrían sido vendidos, cuando menos, en unos tres millones de pesos cada uno, a través de un complejo entramado de complicidades entre particulares y servidores públicos de primer nivel, que ya fueron cesados de sus funciones.
A pesar de lo evidente de estas irregularidades, y que desde el mismo Gobierno del Estado se emprendió una investigación, es nada lo que se ha hecho para terminar con tanta discrecionalidad y corrupción que envuelve a los notarios. Lejos de preocuparse por esos aspectos, la administración estatal envió una iniciativa de reforma ¡para disminuir la edad mínima requerida para aspirar a obtener un fíat notarial!
TODOS CÓMPLICES
Nadie se preocupó —desde el poder y desde el gremio notarial—, por terminar con ese aberrante negocio que existe en el otorgamiento y actividad relacionada con la fe pública. Nadie se interesó en el asunto, por la obvia razón de que a nadie le gustaría terminar con esa mina de oro. Por eso, tanto la indagación ministerial a que hacemos referencia, como las reformas que terminarían con la discrecionalidad absoluta en que hoy se da el nombramiento de nuevos notarios, parecen ser temas irrelevantes para el sector público y para los fedatarios.
almargenoaxaca.wordpress.com
Muy bueno!