+ Ciudadanía, polarizada al extremo ante posturas de la Sección 22
Cuando ocurrió el desastre de Nochixtlán, el 19 de junio, había mucha preocupación en ciertos sectores de la ciudadanía por las afectaciones que estaban provocando los cierres carreteros en varias regiones y la capital del Estado, por profesores de la Sección 22 del SNTE. Pero una vez que ocurrió la incursión policiaca, de inmediato surgieron otras voces –o las mismas, quizá— que repudiaron fuertemente la represión de que eran objeto los profesores, y salieron a respaldar su lucha. ¿Somos los oaxaqueños corresponsables de este caos, por no asumir posturas responsables frente a problemas, como el educativo, que son de todos?
En efecto, la pregunta no resulta ociosa a partir de que parece que la sociedad oaxaqueña está dividida sólo en dos posturas: una, que en medio del hartazgo demanda que el gobierno aplique el Estado de Derecho y haga uso de la fuerza para restablecer el orden, independientemente de cuál sea el resultado de esas acciones; en el otro extremo, se encuentran quienes consideran que la lucha de los profesores de la Sección 22 y de la CNTE es justa, que es necesaria, y que es legítima frente a los abusos de un gobierno que quiere coartar sus derechos.
En ese escenario de claroscuros, resulta evidente que los que exigen el uso de la fuerza creen tener la razón a partir de la afectación de sus intereses; y quienes respaldan la lucha magisterial, lo hacen inopinadamente porque por voluntad dejan de ver la dimensión real y las condiciones palpables de esa lucha. Vale la pena revisar ambos escenarios, para hallar la responsabilidad ciudadana de esta derrota para la educación, para la gobernabilidad, y para todos, de la que somos hoy en día testigos todos los ciudadanos.
¿De qué hablamos? De que, en el primero de los extremos, hay quienes demandan la aplicación lisa y llana de la fuerza para despejar las vialidades y las carreteras, como si esa fuera una salida única al problema de fondo. La incursión policiaca de junio demostró que es imposible que el Estado despeje en una sola acción todas las vías de comunicación, porque luego de los enfrentamientos y del paso de los convoyes policiacos, los manifestantes regresaron a sus mismas acciones de siempre, y entonces la violencia, la movilización policiaca, y los muertos y heridos, sirvieron exactamente para nada.
En ese sentido, el uso de la fuerza resultaría tan contraproducente como inútil porque de todos modos el Estado no ha tenido la capacidad de romper las inercias magisteriales que ganan la movilización de los agremiados a favor de la lucha magisterial. Esto pasa porque el gobierno —estatal y federal— nunca lograron socializar el contenido de la reforma, y romper los mitos que han generado los grupos radicales del sindicato magisterial, respecto al quebranto a los derechos laborales de los trabajadores, a la supuesta privatización de la educación, y a la “punibilidad” de la reforma educativa.
Por eso, aunque ocupen la fuerza, de todos modos las escuelas seguirían cerradas, y con eso se convalidaría la derrota de tal postura.
¿LUCHA LEGÍTIMA?
Hay quien denodadamente se alegra de que los profesores den la lucha en contra de las reformas estructurales, y hasta celebran su valentía y disciplina para la defensa de sus causas. Incluso llegan a corear consignas como la que dice que luchando, el maestro también está enseñando. ¿De verdad es así?
Es importante revisar qué es lo que en verdad está haciendo la Sección 22 en estos momentos. Ellos, por ejemplo, establecieron un programa de acción que incluye el cierre de carreteras, las afectaciones a comercios establecidos, y el cierre de escuelas. La única intención de todas esas acciones es generar sabotaje y presión al gobierno, utilizando a la ciudadanía, para que finalmente éste ceda al cumplimiento de sus pretensiones, o utilice la fuerza y entonces les vuelva a dar las banderas de la represión para continuar su discurso cíclico de la presión y la represión.
Frente a eso, esa ciudadanía que los respalda, se ha preguntado de verdad qué se está haciendo por la educación. Pues lo que tal postura pasa deliberadamente por alto, es que la Sección 22 y la Coordinadora en realidad no están haciendo nada por defender la educación; no tienen argumentos sostenibles a favor de que la reforma es punitiva o privatizadora.
Y entonces, la ciudadanía que los respalda únicamente repite tales argumentos sin establecer una postura razonada y crítica respecto al contenido del mensaje. En esa lógica, los defensores a ultranza de la lucha magisterial convalidan que la educación quede supeditada a los derechos laborales de los profesores. Y por ende asumen silenciosamente una postura tan perniciosa como la de quienes demandan el uso inopinado de la fuerza pública.
En el fondo, hay una gruesa nata de irresponsabilidad. Por encima de cualquier argumento o derecho debería estar la educación, y no la fuerza pública o la presión social. Sólo que hay muchos que asumen esas últimas como posturas irreductibles, y entonces lejos de sumarse a una demanda de responsabilidad, alimentan y convalidan los discursos irreconciliables de la Sección 22 y el Estado mexicano.
SEGURIDAD EXTREMA
El diputado local electo del PRI, Samuel Gurrión Matías, se pasea por la ciudad nada menos que con seis escoltas. A varios de esos elementos, los identifican como integrantes de la Policía Estatal, y portan armas que a nadie le queda claro si son las propias de su cargo. ¿Quién ha permitido o alimentado, desde el gobierno saliente, tales excesos?
