+ Oposición sistemática y gobierno cerrado, las constantes del caso
Hoy se cumplen dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y si hubiera que hallar las coordenadas constantes del caso éstas serían cuando menos tres: la primera, que la verdad sigue desaparecida junto con los normalistas; segunda, que lejos de abrir la investigación, el gobierno federal ha actuado como cómplice de los autores de esos crímenes; y tercera, que a la expansión de las interrogantes ha contribuido sobremanera la oposición sistemática de quienes paradójicamente exigen que se investigue y se conozca la verdad de los hechos.
En efecto, el 26 de septiembre de 2014 ocurrió la detención-desaparición de un grupo de 43 normalistas de Ayotzinapa, que había llegado hasta la ciudad de Iguala, en Guerrero, para realizar acciones de protesta. El alcalde de la población, José Luis Abarca Velásquez, ordenó a sus agentes de la Policía Municipal detener a los normalistas para que no sabotearan el acto del informe de actividades que ese mismo día rendía su esposa como presidenta del DIF Municipal. Los normalistas fueron atacados a balazos por los agentes municipales, luego fueron aprehendidos y entregados a un grupo criminal, que presuntamente los privó de la vida, quemó sus cadáveres y los esparció en un río de la zona de Cocula, en Guerrero.
Frente a esto, el gobierno federal ha actuado no como el primer interesado en el esclarecimiento de los hechos sino, en buena medida, como un cómplice. Aunque la mecánica lineal de los principales hechos ya se conoce —básicamente, lo que fue reseñado en el párrafo anterior— aún existen muchas interrogantes respecto a la posible participación de la Policía Federal, de integrantes del Ejército Mexicano; de la inacción de la PGR, que a pesar de tener denuncias sobre las posibles relaciones criminales de Abarca y su familia, nunca investigó; y de las complicidades que permitieron que esa familia fuera al mismo tiempo autoridad y controladora del crimen organizado en la región.
Esa es la razón por la que hoy la parte oficial de la investigación sigue siendo tan cuestionada. Inicialmente, al Presidente de la República se le recriminó no porque su gobierno tuviera responsabilidad directa en los hechos sino más bien porque pasó 10 largos días sin mencionar el tema —como si la desaparición sistemática de 43 estudiantes, fueran o no normalistas, a manos de la criminalidad, no fuera un asunto relevante— y porque cuando lo hizo, fue sólo para aislarlo como si eso fuera competencia sólo del gobierno estatal de Guerrero.
Hoy los cuestionamientos hacia el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto son otros: la PGR, que atrajo la investigación, ha contribuido sobremanera en la pérdida de credibilidad no ante los padres de los desaparecidos y los grupos de defensa de los derechos humanos que los asesoran, sino ante la ciudadanía en general. La investigación ha tomado cauces que abren las interrogantes de las que resuelven; y pareciera que el gobierno federal está decidido a que la investigación trascienda al sexenio —como pasa siempre en México— y se convierta en un problema para la próxima administración.
Nadie de ellos registra que la desaparición de los normalistas constituye un crimen de lesa humanidad, por la que tarde o temprano el Estado mexicano —no sólo el gobierno federal, o los estatales, sino todo el ente soberano que entendemos como Estado— tendrá que responder ante tribunales internacionales por la desaparición de los normalistas, por la participación y complicidad de agentes del Estado en esos hechos. Dichos agentes, para esos efectos, son los elementos de las policías municipales de Iguala y Cocula que participaron en los hechos.
OPOSICIÓN SISTEMÁTICA
En contraposición a esa postura está la de mucha gente, que lejos de asumir una postura razonable se ha dedicado a ejercer una oposición sistemática, como si eso contribuyera en algo a hallar a los responsables de estos hechos, y castigarlos de la forma en que merecen.
Lejos de posturas explicables, muchos grupos tomaron la bandera de los normalistas para generarle desgaste al gobierno del presidente Peña Nieto y, dos años después, queda claro que lo lograron a un nivel que quizá ni ellos mismos imaginaron. ¿Cuál es el problema? Que con ello ha logrado una ventaja para los grupos políticos que luchan por la presidencia en 2018 y que ven en el descrédito a Peña Nieto su carta de porte a la Presidencia. Pero en realidad con eso han contribuido en nada a las respuestas que muchos sí esperamos sobre lo que realmente ocurrió aquella noche en Iguala.
Al final, resulta muy mezquino pensar que la búsqueda de la verdad es un problema exclusivamente del gobierno, y que lo que la gente debe hacer es sólo exigir y oponerse. El Estado mexicano debe hallar la verdad. Pero los opositores por sistema en realidad no están preocupados por los normalistas desaparecidos sino por ayudar a construir un proyecto político a costa de las banderas de los desaparecidos.
Por eso, a dos años de distancia queda claro que la verdad y los normalistas siguen desaparecidos. Y que así como vamos no hay para cuándo se sepa exactamente quiénes, fueron, cómo ocurrieron los hechos, y hasta qué nivel de responsabilidad estatal hubo en realidad en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.
¿BONO DE RETIRO?
¿Les espanta la liquidación de Enrique Ochoa Reza de la CFE? Volteen a ver a Oaxaca. Aquí, dicen, quieren cargar con todo antes del 30 de noviembre. Y contra todo pronóstico —porque del partido tricolor nadie ha dicho ni media palabra—, parece que ahí la llevan.
