+ La costumbre es dejar al gobierno en crisis; no es igual en una empresa
Estamos viviendo los últimos días de las administraciones estatal, municipales y legislativa en Oaxaca, y el único común denominador es la fuerte crisis económica en la que están terminando sus respectivas gestiones. El Ejecutivo estatal, los legisladores y las autoridades municipales insisten en que esas son situaciones normales. Sin embargo, la normalidad tendría que apuntar no a finales de sexenio críticos y abrasivos con todo lo que se encuentra a su alrededor, sino a inicios y finales responsables de los ciclos de gobierno, cosa que al menos en nuestro entorno no ocurre.
En efecto, reiteradamente el Ejecutivo del Estado ha afirmado que su gobierno no enfrenta un faltante de dinero sino un problema de liquidez. En el caso del Congreso, la opacidad, la discrecionalidad, y el acuerdo de las principales fuerzas políticas por mantener en secreto el destino del millonario presupuesto legislativo, simplemente llevan a la conclusión de que el Poder Legislativo tiene meses con el presupuesto agotado, y mientras acumula pasivos, deudas y daños por los que pretenden no responder a todos sus contratistas, proveedores y empleados. Y la gran mayoría de los municipios hoy presumen “medidas de austeridad” o de “responsabilidad” que consisten en disminuir al máximo sus gastos para poder compensar los excesos y dispendios cometidos en los años previos.
¿Se refleja, en este universo de posturas frente a la crisis del final de administración, algún viso de responsabilidad? Evidentemente no. Si pensáramos que el gobierno es una empresa privada, entonces nadie se daría el lujo de malgastar el dinero o los recursos humanos o materiales, porque a todos les quedaría claro que esos recursos, primero, tienen un dueño; y que, concomitantemente a ello, los recursos son limitados. En esa misma lógica, una empresa privada no puede darse el lujo de generar más pasivos de los que puede cargar, o de agotar anticipadamente su proyección de gastos. Mucho menos podría darse el lujo de pensar en un ejercicio anual, en el que su gasto operativo sólo rindiera para la mitad del periodo.
Todos esos supuestos resultan impensables en una empresa que tiene un dueño. Si esto es así, ¿entonces por qué todos pretenden que la ciudadanía, que los sectores empresariales que proveen al gobierno de bienes y servicios, y que la misma clase trabajadora que depende del gasto público, se acostumbre a la “normalidad” de las crisis de fin de sexenio?
Pues, en esa lógica, los gobiernos pueden poner cualquier pretexto. Pero la realidad es una, y esa apunta a que desde el primer momento todo el gasto corriente se encuentra etiquetado, y que cualquier gobierno responsable —como cualquier empresa privada— no podría pensar en gastar más de lo que tiene; tampoco podría pensar en gastar cuando todavía no tiene certeza sobre los recursos necesarios para afrontar sus compromisos; y mucho menos podría pensar en medidas absurdas e irresponsable como sobrecontratar personal al inicio de la gestión, para luego despedir a toda esa masa en los meses previos al final de la gestión, como una medida de “responsabilidad presupuestal”.
¿Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS?
Es alarmante cómo el gobierno estatal, con tanta facilidad, asume que pagará para lo que le alcance en las cinco semanas que le quedan de gestión, y que los demás compromisos tendrán que ser afrontados por la nueva administración estatal. Del mismo modo, es absurdo ver cómo conforme avanza el final de la gestión, los servicios públicos menguan; las oficinas públicas se dedican a sobrellevar la tormenta financiera sin asumir ya ningún tipo de responsabilidad o compromiso; y cómo, todos asumen que esa dejadez es parte de la culminación de un ciclo. Pareciera, pues, que todos le apuestan a la declaración de quiebra del Estado el 30 de noviembre, y mientras se dedican a pasar el rato.
En el ámbito municipal pasa algo muy parecido. Hoy, por ejemplo, la capital está nuevamente llena de baches y con un problema fuerte de descuido de los espacios públicos, que también encuentra su explicación en el final de la administración municipal. Hoy son los trabajadores municipales los que hacen tareas que el año pasado le fueron contratadas a empresas privadas, tales como el mantenimiento de algunos espacios públicos, el cuidado de las calles y otras tareas que, u hoy las realizan “de tequio” los empleados que dejarán su cargo a finales de diciembre, o simplemente dejaron de realizarse. Y lamentablemente, esta no es una cuestión privativa de la capital, sino de prácticamente todos los municipios de la entidad que están llegando al final de su administración hasta con el gasto corriente comprometido y con serias dudas de si podrán llegar al final de sus gestiones.
En un escenario normal y responsable, una administración tendría que terminar igual que como comenzó. El problema es que aquí, la soberbia del inicio de los gobiernos los lleva a pensar que el presupuesto es inagotable, que la gestión es eterna, y que el pago de compromisos es superior a la responsabilidad financiera. Por eso la oprobiosa insistencia en que nos acostumbremos a las crisis de fin de administración.
OAXACA SOLIDARIO
Hoy, un sector de la izquierda y de la ciudadanía oaxaqueña, presenta la plataforma Oaxaca Solidario. Pretenden que este sea un espacio de diálogo y concertación en pro de las necesidades públicas de la entidad. Este tipo de espacios de intercambio son necesarios en una sociedad, como la oaxaqueña, tan polarizada, y tan apremiada de tolerancia y equilibrios en el quehacer público. Ojalá que haya claridad y compromiso en dicho planteamiento, como una forma de construcción de ciudadanía para Oaxaca.
