+ En Oaxaca también hay ejemplos del doble discurso del priismo
Como si la vida partidista, y la gubernamental, se desarrollaran en ámbitos distintos, en México el Partido Revolucionario Institucional pretende un discurso que a todas luces no honra. Pues de nuevo, cuando el país necesita certeza y espera que el gobierno marque las pautas para la devolución de la confianza ciudadana, el grupo gobernante toma rutas peligrosas y contradictorias que ponen en evidencia que el discurso de la legalidad y el combate a la corrupción están muy lejos de ser reales.
En efecto, desde su arribo al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza se ha encargado de asegurar que su partido está en contra de la corrupción, y de cualquier posibilidad de encubrimiento institucional hacia quienes han incurrido en prácticas de corrupción. Como ejemplo de ello, el CEN priista aceleró el proceso de suspensión de derechos partidarios, y de posterior expulsión, de Javier Duarte de Ochoa, todavía ostentando el cargo de Gobernador del estado de Veracruz.
En ese mismo sentido, el gobierno federal dejó ver que Duarte era investigado por su posible participación en conductas ilícitas como las de lavado de dinero y desvío de recursos. Esas cuestiones se reflejaron en la obtención, por parte de la PGR, de órdenes de aprehensión en contra de Duarte y varios de los funcionarios de su gobierno. Parecía, además, que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto mandaba la señal a todos los servidores públicos del país de que ahora sí la lucha contra la corrupción iba en serio, y que cualquiera que transgrediera los principios de la función pública sería perseguido y sancionado, en los mismos términos que el régimen intentaba castigar al gobernador Javier Duarte de Ochoa.
¿Dónde perdió forma esta intención de demostrar fuerza, legalidad y compromiso con el combate a la corrupción? En el lado priista, esto quedó desmantelado cuando se dio a conocer que, a pesar de ser garante de la legalidad y la honestidad, Enrique Ochoa Reza había recibido 1.2 millones de pesos por concepto de liquidación, luego de haber renunciado a la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad.
Ochoa intentó explicar la legalidad de dicho procedimiento de liquidación, a pesar de que bajo cualquier óptica sólo se liquida a quien se despide del empleo, y no a quien renuncia. Pero perdió la oportunidad de dejar satisfecha a la ciudadanía —que en general se siente enojada y agraviada por los excesivos privilegios de los servidores públicos de alto nivel, respecto al abandono de los empleados en general—, al atajar cualquier posibilidad de devolver dicho monto o transferirlo a alguna acción de beneficencia social.
Luego vino la ocasión del gobierno federal, que en todo este proceso ha intentado demostrar, política y judicialmente, que está comprometido con la legalidad, aunque ha demostrado lo contrario. Por el lado político, dejó ver que presionó a Duarte para que dejara la gubernatura, aunque lo que en los hechos ocurrió es que al dejar el gobierno de Veracruz también perdió la necesidad de continuar en la vida pública.
Al licenciarse de su cargo, Duarte pudo huir; y entonces se inhibió el efecto positivo para el gobierno por haber dejado ver que lo había presionado para dimitir; y también quedó cancelada cualquier forma de eficacia judicial al huir a la vista de las autoridades, que nada pudieron ni quisieron hacer para asegurarse de que estuviera presente para rendir cuentas por sus actos y por las acusaciones que le formuló la PGR.
DISCURSO CONTRADICTORIO
Luego, el gobierno federal, en ese mismo contexto, anunció esta semana la modificación del esquema institucional de persecución de los delitos, y del control a los servidores públicos. Arely Gómez González fue removida de la PGR para ser enviada a la Secretaría de la Función Pública; y a la PGR llegó el senador Raúl Cervantes. Dichos cambios, aunque fueron aprobados por las cámaras legislativas, fueron muy mal recibidos por la incertidumbre que sus nuevos titulares representan para las tareas encomendadas. No hay en el país labor más relevante que la persecución del delito y el combate a la corrupción. Y según parece, los recién designados ni de lejos generan esa certidumbre.
En todo ese contexto, lo que queda es una gran contradicción, a todos los niveles, que incluso tiene su pequeño impacto en Oaxaca: Francisco Javier García López, uno de los que aspira a una responsabilidad en la siguiente administración, recibió de la CFE la cantidad de $908 mil 289 pesos, por dos años con veintinueve días laborados, en un contexto muy similar que el de su líder nacional, Ochoa Reza. Antes, cuando fue coordinador de la bancada priista en la LXI Legislatura, también fue acusado de recibir transferencias millonarias desde las cuentas del Poder Legislativo, sin que sobre ello recayera la investigación correspondiente.
Lo relativo a su “liquidación”, lo dio a conocer hace algunas semanas el semanario Proceso, en un reportaje firmado por Alvarado Delgado, quien indagó los beneficios recibidos por Ochoa. Delgado sostiene, textualmente, en una parte su reportaje; “Hay un caso peculiar: el gerente de Desarrollo Social de la CFE, Francisco Javier García López; renunció al cargo el 2 de abril de este año —“por así convenir a mis intereses”, explicó—, y con dos años y 29 días de antigüedad no tenía derecho a liquidación, según la jefa del Departamento de Dictámenes de la CFE, Karime Slim Ruiz.
¿ENTONCES?
No se ve, a ningún nivel, un ánimo real por cambiar las prácticas. Más bien, la ruta apunta a continuar por la peligrosa ruta de prometer una cosa, pero llevar a los hechos exactamente lo contrario. Algo por demás preocupante.
