+ Su intervención y “activismo” rebasa el dogma o las ideas que defienden
Si hay quien piensa que la Iglesia Católica cumple con su rol de guía moral de la sociedad, y que por eso sólo opina en temas como el matrimonio igualitario, la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, o el aborto, en realidad tendría que ver el nivel de injerencia que tiene la Iglesia sobre asuntos que no debían ser de su estricta incumbencia. Aunque la Constitución se lo prohíbe, la Iglesia hoy incide, y hace activismo a favor de sus posturas, a niveles que parecerían increíbles en una democracia laica como la mexicana.
En efecto, pocas veces se había visto una intervención tan abierta de la Iglesia como en estos tiempos. Cuando en mayo pasado el presidente Enrique Peña Nieto presentó al Congreso una iniciativa para reconocer constitucionalmente el derecho de todas las personas a contraer matrimonio sin limitación de sexo, la Iglesia lanzó un contraataque que hasta ahora no ha terminado de ser calculado y dimensionado: llamó no sólo a rechazar la iniciativa presidencial, sino también a que los católicos dejaran de votar por un partido no que defiende la igualdad y la no discriminación, sino que —en su retórica— ataca a la familia y los valores morales de los mexicanos.
En esa intervención se ha tratado de explicar al menos una parte de la debacle priista de junio pasado. La Iglesia, además de opinar —que los curas, como ciudadanos mexicanos, están en su derecho de hacerlo—, tomó partido en la defensa de la familia (en singular), organizando marchas, manifestaciones y pronunciamientos; y ahora también lo ha venido haciendo de forma abierta, en otros temas en los que antes había hecho activismo pero cupularmente. Nos referimos al tema del aborto, que ha sido del interés permanente de la Iglesia aunque pocas veces como ahora lo había hecho tan público, y con la posibilidad abierta de que al retomar el tema intente —como en lo relativo a la familia— llevarlo del plano de la opinión, a la ley a través de una intervención abierta en un asunto que no es de dogma sino de orden público, y político.
En ese sentido, ayer la Arquidiócesis de México señaló que el número de abortos practicados en la Ciudad de México supera a las víctimas de la guerra contra el crimen organizado al registrarse 160 mil embarazos interrumpidos por lo que se trata de una violencia “legítima e invencible”.
Bajo el título “La vida no vale nada” el editorial del semanario Desde la fe indicó que los más de 160 mil “niños asesinados” son reflejo de la idiosincrasia que no valora la vida y la puede “desechar por decisiones legislativas”; afirmó que propiciar el dolor y la muerte no es exclusivo de quienes están fuera de la ley, puesto que la “necrolatría” se tolera al proteger “el asesinato de indefensos a fin de que prevalezcan egoístas decisiones sobre el cuerpo: el aborto”.
“Este poder de la violencia legítima e invencible que atenta contra las vidas en gestación arroja, tan sólo en la Ciudad de México, la infausta cifra de más de 160 mil niños asesinados. (…) México dice honrar a sus muertos, pero paradójicamente nos sumimos en la indiferencia hacia los miles de cuerpos humanos tratados peor que basura, y que por cierto, superiores en número a las víctimas que ha arrojado la guerra contra el crimen organizado”, enfatizó.
INCIDIR EN LOS ESTADOS
La Iglesia Católica sí ha incidido en el tema del aborto, y por esa razón en 17 estados —incluyendo Oaxaca— existen disposiciones antiaborto, disfrazadas de “derecho a la vida”. ¿De qué se trata? De establecer disposiciones —como en el artículo 12 de la Constitución de Oaxaca— que disponen que la ley protege el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Con esta idea, se genera una “certidumbre” de que cualquier forma de aborto voluntario está prohibida a partir de que la ley está protegiendo la vida desde su inicio, y que por eso está fuera de la potestad interrumpir un embarazo.
La Iglesia logró, entre 2008 y 2009, que los estados de Baja California, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán establecieran disposiciones en ese sentido. Lo hizo cabildeando apoyos a los gobiernos —muchos de ellos con mandatarios emanados del PRI— para el establecimiento de dichas disposiciones —procesadas a través de iniciativas presentadas por el PAN— a cambio de contribuir a la gobernabilidad entre los feligreses.
Evidentemente, dicha intervención no era pública, sino cupular. Eran, pues, acuerdos tomados entre políticos y jerarcas católicos para procesar y respaldar dichas reformas independientemente de cuál fuera la postura política. La diferencia entre antes y ahora, parece ser que la Iglesia está viendo el margen para dejar ese activismo de altos perfiles y bajar sus temas a la ciudadanía.
INTERVENCIÓN ABIERTA
Dicha opinión sobre el aborto claramente fija una postura en un debate que ha sido parcialmente ganado por la Iglesia. Dada su intervención en otros temas, nada impediría pensar que ahora estaría pensando en redoblar esfuerzos para el establecimiento —o endurecimiento— de las leyes provida, en una clara intervención en los asuntos públicos del país, en los que, según el artículo 130 de la Constitución federal, se supone que tiene prohibido inmiscuirse.
