+ Medir fuerzas entre organizaciones, muestra de primitivismo, no de poder político
Desde la mañana de ayer lunes, la sede del Congreso del Estado en San Raymundo Jalpan, amaneció resguardada por elementos de la Policía Estatal, pero también por transportistas agremiados a la CTM, que pretenden garantizar la toma de protesta del nuevo Gobernador, el próximo 1 de diciembre. ¿De verdad es buena señal, para el Estado de Derecho, que el recinto legislativo sea hoy custodiado no sólo por la fuerza pública, sino también por grupos de presión que buscan evitar la acción de otros grupos similares?
En efecto, uno de los principios básicos de la división de poderes, establece que tanto el Legislativo, el Ejecutivo, y el Judicial, se encuentran en un plano constitucional de igualdad, y que por ende están obligados a respetar los límites que les impone la propia Constitución. Dentro de esos límites se encuentra uno, natural, que es el relacionado con el respeto y la inviolabilidad de sus respectivas sedes.
En ese sentido, la propia Constitución sobreentiende el hecho —y por eso no lo establece de manera expresa en la ley— de que el Ejecutivo goza de plenas facultades para proteger su sede, habida cuenta que es quien tiene al mando el conjunto de la fuerza pública estatal, en la misma proporción de la obligación que tiene de mantener la paz pública, el orden y la gobernabilidad a partir de sus mismas funciones ejecutivas. No es tal el caso del Poder Legislativo, sobre el cual sí existen disposiciones para normar su resguardo, custodia e inviolabilidad.
En ese sentido, no es la Constitución sino la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Oaxaca, la que señala en su artículo 15 que “el Recinto del Congreso es inviolable, toda fuerza pública tiene impedido el acceso al mismo, salvo con el correspondiente permiso del Presidente del Congreso o de la Diputación Permanente en su caso, bajo cuyo mando quedarán dichas fuerzas.”
A nivel federal, una disposición similar se encuentra en la Constitución. Sin embargo, en el ámbito estatal eso se encuentra en la ley secundaria, aunque básicamente resulta para los diputados la misma obligación de protección del recinto legislativo —es decir, del predio que alberga el Congreso—, y para los demás poderes de abstenerse de realizar alguna de las conductas prohibidas sino es con la anuencia del Presidente del Congreso.
Esto resulta relevante porque, con base en dicha disposición, en la comunicación entre poderes sí existe un mecanismo de concertación sobre la seguridad y el resguardo del Poder Legislativo. Éste, de forma ordinaria, cuenta con una guardia que no depende de ninguna corporación policiaca, sino que es un cuerpo de seguridad integrado por el Legislativo para el resguardo de su recinto. Políticamente, además, eso es considerado como una forma de salvaguarda de la soberanía y la independencia del Poder Legislativo frente al Ejecutivo.
De ahí que sólo en ocasiones muy particulares —como la entrega del Informe de Gobierno (cuando sí asiste el Titular del Poder Ejecutivo), o frente a acontecimientos como la toma de protesta de un nuevo Mandatario, o cuando se llegase a registrar un riesgo grave— el Ejecutivo solicite al Legislativo su anuencia para tomar el control de la seguridad del perímetro y del interior del inmueble. Es un protocolo sencillo, pero simbólico, en el que el Ejecutivo solicita por escrito al Presidente de la Mesa Directiva el resguardo temporal del inmueble, y una vez concedido, sus respectivos delegados dan cumplimiento a la disposición.
MEDICIÓN DE FUERZAS
En este caso, la circunstancia política se explica sola: el fin de semana, la Sección 22 del SNTE dispuso que realizaría dos días de protesta previo a la toma de posesión del nuevo gobierno, y anunció también que boicotearía el acto formal de protesta de Alejandro Murat como nuevo Titular del Poder Ejecutivo, a realizarse el próximo jueves en la sede del Congreso del Estado.
Ante ello, transportistas de la Confederación de Trabajadores de México —cabeza de playa del sector obrero del Partido Revolucionario Institucional— anunciaron que acordonarían la sede del Legislativo para garantizar la realización del acto de toma de protesta. Éstos lo cumplieron puntualmente desde las primeras horas de ayer lunes, cuando establecieron un primer perímetro de seguridad, paralelo al instalado legalmente por la Policía Estatal, que ya tomó la seguridad del recinto legislativo mientras se llevan a cabo los actos preparatorios para el próximo 1 de diciembre.
¿Es este acordonamiento fáctico algo aceptable? Parece claro que no, a partir de la necesidad que tiene ya no nada más el gobierno saliente, sino también el entrante, de demostrar capacidad de interlocución con las organizaciones sociales para evitar este tipo de actos.
Incluso, en la circunstancia actual, la nueva administración se ve aún más obligada a encauzar este problema por la vía civilizada y adecuada, antes que hacer demostraciones indecorosas de fuerza que sólo revelan la incapacidad real de concertación de quien tendría que haber tomado ya las tareas relacionadas con la gobernabilidad, independientemente de que su cargo formal inicie el 1 de diciembre.
RIESGO PARA OAXACA
Además, este acto de presión de la CTM deben considerarlo seriamente por sus efectos a mediano plazo. ¿O los oaxaqueños tendremos que vivir a merced de los caprichos, de las prebendas, y del pago de favores a esa organización, sólo porque por la fuerza garantizó lo que el inminente Secretario General de Gobierno —¿Alejandro Avilés? ¿Celestino Alonso?— no pudo hacer por la vía del diálogo? No es, por donde se le vea, una buena señal ni un buen inicio para quien reciba la encomienda de la política interior del Estado para los años siguientes.
