+ Error de comunicación, dejar al garete margen de especulación con plazas
El 2 de diciembre pasado el gobierno de Oaxaca, la SEP, y la Sección 22 del SNTE pactaron la regularización de alrededor de tres mil 600 plazas docentes. Ese fue el acuerdo más importante que ha firmado el Estado mexicano —los gobiernos estatal y federal son parte de él— con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero pareciera que de entonces a la fecha a nadie le ha quedado claro qué es lo que se sigue dialogando con la Sección 22 y cuáles son los derroteros concretos de la aparente nueva relación del gobierno estatal con el magisterio.
En efecto, hace algunos días medios nacionales publicaron información en el sentido de que la administración estatal habría pactado con la Sección 22 y con la CNTE, la entrega de alrededor de 700 nuevas plazas de trabajo a normalistas recién egresados. La nota distintiva de la información radicaba en señalar que dicha entrega se hacía por un compromiso político y no a través de los mecanismos de evaluación y competencias establecidos en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Junto a eso, se recuperó el contenido del acuerdo del 2 de diciembre, en el que, según las versiones difundidas, el gobierno estatal habría también pactado con la Coordinadora la entrega de esa cantidad de plazas docentes al margen de las disposiciones de la reforma educativa.
Parece que, en todo esto, el gobierno de Oaxaca ha tenido un problema importante a la hora de transmitir el sentido y la finalidad de los acuerdos alcanzados con la Sección 22 —cabeza de playa de la Coordinadora en el país—, y que tiene también un problema grave para comunicar las razones por las que está instalando sendas mesas de trabajo con el magisterio oaxaqueño.
Por un lado, son evidentes los fallos gubernamentales en sus estrategias de socialización —a todos los niveles— de las razones que ha tenido para emprender esta peligrosa tarea de negociar con el magisterio; pero por el otro, es también un hecho que no parecen estar considerando en su magnitud real el alto nivel de desconfianza —por los negros y ventajosos antecedentes de la Coordinadora, al negociar con el gobierno— que tiene la Sección 22 frente a la ciudadanía.
¿De qué hablamos? De que, por ejemplo, ni el gobierno estatal ni el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca han sido lo suficientemente eficaces para comunicar correctamente que el famoso primer acuerdo del 2 de diciembre entre la administración estatal y la Sección 22, no era para entregar nuevas plazas laborales sino para reconocer al personal que ya se encontraba trabajando, pero que por alguna causa su situación laboral era irregular.
En esa lógica, ni el gobierno estatal ni la SEP tuvieron el cuidado de puntualizarle a la ciudadanía, a la opinión pública, y a las voces más influyentes en la discusión de los temas educativos, que la finalidad del acuerdo no estaba en el incremento de la burocracia sino en un acto tardío de reconocimiento de miles de personas que, por la razón que fuera, se corroboró física y documentalmente que ya laboraban en el sector educativo sin el reconocimiento respectivo.
Eso dejó un primer espacio abierto a la especulación que, lamentablemente, nadie se ha preocupado por atajar. Han descuidado, en general, aquella vieja máxima de que todo espacio de silencio o incertidumbre en la comunicación de un hecho relevante, es ocupado por la especulación o por la información intencionada —y, la mayoría de las veces, por información malintencionada—. Y eso en nada ayuda a la legitimación de dichas decisiones.
¿QUÉ NEGOCIAR?
Otro de los frentes que están en el descuido, es el del contenido de las mesas de trabajo entre el gobierno y la Coordinadora. Los espacios de silencio han sido también determinantes a partir de una razón ampliamente comprensible: cada que una administración ha intentado negociar con la Coordinadora, ésta ha tomado ventaja para aprovecharse del contexto de la negociación y obtener ventajas desmedidas a cambio de nada.
Fue un primer aliciente el intento de que dichas negociaciones fueran abiertas y públicas. Sin embargo, fue clara la resistencia de la Sección 22 a esa apertura, y eso se ha reflejado en el hecho de que los encuentros verdaderamente importantes han sido a puerta cerrada y con la decisión conjunta, del gobierno y el magisterio, de suministrar muy pocos elementos a la opinión pública para conocer los detalles y las características de dichas mesas de negociación.
En esa lógica, son claros los temores que tiene la gente: desde hace años, la primera parte de todos los pliegos de exigencias —que no de demandas— de la Sección 22 es ocupado por planteamientos de orden político. Éstos van desde temas ideológicos hasta la exigencia de que se abroguen leyes, se reforme la Constitución, se desaplique o se derogue la reforma educativa, se destituya a servidores públicos o se decrete la libertad de personas que están siendo procesadas, y que se encuentran en prisión, por la comisión de delitos como el de secuestro.
A eso le tiene mucho recelo la ciudadanía: a que dichas mesas de negociación sirvan para que la Sección 22 presione al gobierno al cumplimiento de esas demandas, y que éste —porque así ha sido en el pasado, desde hace décadas— termine pactando con la Coordinadora a espaldas de la ciudadanía, temas tan sensibles como la liberación de un grupo de integrantes de la Sección 22 a los que se les responsabiliza del secuestro de dos menores de una familia conocida de la capital oaxaqueña, pero a los que la Coordinadora considera como “presos políticos y de conciencia” del gobierno federal, y por tanto exige su liberación incondicional.
Lamentablemente, ese recelo generalizado, está fundado en la realidad y en los propios antecedentes de las relaciones entre el gobierno y la Sección 22. Y por esa misma razón, los espacios de silencio y especulación que deja la administración estatal alrededor de qué temas se están negociando en las mesas de trabajo con la Coordinadora, permiten que se alimente el morbo y las versiones intencionadas sobre el contenido de las negociaciones.
Esta situación, al final, no debe convertirse en el signo distintivo de la nueva relación del gobierno de Oaxaca con la Sección 22 y con la Coordinadora. Es muy lamentable que por haber dejado esos espacios descuidados hoy el común sean las interrogantes —en la prensa local, y en la de la Ciudad de México— sobre qué se está negociando, qué es lo que potencialmente puede acordarse, y qué temas siguen vedados de las mesas de trabajo porque el gobierno no puede ya ceder a presiones políticas relacionadas con temas como la asignación discrecional de plazas docentes.
El problema es que hasta ahora no hay señales ni decisiones claras para impedir que eso termine ocurriendo. Y de ser así, entonces los espacios vacíos le ganarán la batalla de las percepciones al gobierno estatal que, independientemente de lo que termine negociando y consiguiendo en su relación con la Coordinadora, será perseguido por el cuestionamiento y la duda de lo que habría acordado discrecionalmente a cambio de conseguir cordialidad o el trabajo pacífico —¡vaya paradojas!— por parte del magisterio.
AJENOS A TODO
Curioso, pero en estos tiempos en los que se intenta exacerbar el sentimiento patriótico y de unidad, nadie desde las trincheras políticas en Oaxaca ha buscado hacer algo. Nadie: ni el gobierno o su partido; ni las fuerzas opositoras, ni el empresariado y tampoco la sociedad civil. Parece que a nadie le importa que Oaxaca funciona en gran medida por el dinero de las remesas, o que haya pueblos enteros de oaxaqueños en los Estados Unidos. Nadie. Sólo silencio. Algo que resulta algo sospechoso y muy desalentador.
