+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

UABJO: todos, ajenos a cualquier posibilidad de rescatarla

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+ Gobierno y grupos internos, todos a favor de la “familia real”


Lamentablemente, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca enfrenta calamidades muy superiores a las de sus sindicatos, y sus chantajes y amenazas de huelga de cada año. La Universidad, en realidad, atraviesa por una situación crítica que se agrava por el desinterés e incapacidad tanto de la administración estatal, como de la mayoría de sus grupos internos, para impulsar cambios de fondo. Con la inercia que lleva, su única ruta posible es la de la ruina.

En efecto, el fin de semana la administración universitaria anunció el fin de la huelga que había sido decretada por una facción del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca (STAUO) que, para variar, había sido resultado indirecto de las presiones y chantajes orquestados por el secretario administrativo de la Universidad, Taurino Amilcar Sosa Velasco, que es funcionario universitario y a la vez impulsor del grupo sindical que organizó la huelga. La huelga —ilegalmente estallada— terminó no por las acciones jurídicas impulsadas por la rectoría para declarar su ilegalidad, o por la capacidad de concertación del gobierno estatal, sino por la firma de acuerdos hasta ahora no del todo clarificados por parte del rector, Eduardo Bautista Martínez.

Aunque este fue un alivio, todos saben que en realidad el vía crucis anual de la Universidad por la relación con sus sindicatos apenas inicia. Dentro de no mucho tiempo vendrán las acciones que impulse el STEUABJO; y luego vendrán las de los demás sindicatos (SUMA, STAUO y los otros grupos con reconocimiento como organizaciones sindicales) que igualmente presionarán a la administración universitaria no sólo para que les cumpla sus demandas y presiones de orden laboral o económico, sino también porque a través de la vida sindical de la UABJO, se desahogan buena parte de los problemas políticos que ahí existen.

En ese escenario, resulta una voz solitaria la del rector Bautista Martínez, que cada que puede insiste en señalar los graves problemas financieros que enfrenta la Universidad, y la imposibilidad de continuar cumpliendo los caprichos y demandas de todos sus sindicatos. En reiteradas ocasiones, Bautista Martínez ha dicho que la crisis económica de la universidad es profunda, pero su actitud de sometimiento a la familia Martínez Helmes le ha impedido ir más allá para exigir la clarificación de las cuentas y los estados financieros e la Máxima Casa de Estudios, que en buena medida se encuentra en crisis gracias al prolongado y desbordado control que han ejercido durante mucho tiempo el ex rector Abraham Martínez Alavés y sus hijos.

Si ese es un problema en sí mismo grave, todo se profundiza cuando se reconoce que si bien el tema financiero es grave, éste no es el peor de los problemas de la Universidad. Impacta, sí, en el hecho de que la Universidad tiene una carencia enorme de personal académico capacitado y reconocido en sus competencias reales, y que la propia administración universitaria ha fomentado y permitido la existencia de toda clase de vicios, tales como la manipulación del alumnado, la tergiversación del voto universal para las elecciones universitarias, y el discrecional y totalmente opaco sistema de asentamiento de calificaciones.

Aunque al final, la permanencia de cada uno de esos vicios es un abono a la tergiversación de la vida universitaria, y la existencia de los estrictos controles políticos por parte de la llamada “familia real”, que en el fondo se combinan con otros problemas más de fondo sobre los que nadie tiene voluntad o decisión para enfrentar y resolver de fondo.

TODOS AVALAN

A LA FAMILIA REAL

Aunque tienen una de las peores famas dentro de todos los cacicazgos universitarios en el país, nadie se ha atrevido a intervenir el poder de la familia Martínez Helmes. No lo ha hecho el rector Bautista Martínez, que no sólo no tiene ninguna voluntad para enfrentar a los Martínez, sino que tampoco podría tener la capacidad de hacerlo. Él, que es un investigador de cierto renombre y al que sus compañeros le reconocen amplias capacidades intelectuales, está totalmente solo y copado en la administración universitaria por los distintos grupos, y por los afines a los Martínez Helmes; pero además es un Rector que no tiene ganas ni fuerza para enfrentarlos.

Ello es lo que explica por qué el rector Bautista se ha resistido a reconocer la existencia de facciones contrarias dentro de la Universidad, y por qué también se ha negado sistemáticamente a entablar diálogo con los grupos disidentes en facultades y en conflictos como el de Derecho, que cualquier día podría volver a hacer crisis si al rector “legal” le vuelven a dar ganas de enviar a sus porros a tratar de desalojar a quienes tienen en su poder el edificio central universitario.

¿Por qué el rector Bautista se niega a dialogar con la disidencia en ese conflicto? Toma esa postura, no sólo porque le es más cómodo evadir el problema y no reconocerlo en su dimensión real, sino sobre todo porque es muy evidente que tiene miedo de que eso contradiga las decisiones y los intereses del ex rector Martínez Alavés, y haga algo que ponga en riesgo su supuesto bastión político de la Facultad de Derecho. Por eso, él —con todo y sus supuestas resistencias y diferencias con la “familia real”— sigue siendo el principal aliado de la permanencia en el poder de los Martínez.

En esa lógica, es trágico que hasta ahora la disidencia en el conflicto de la Facultad de Derecho tampoco haya tenido la capacidad de generar el eco y la atención necesaria en el Gobierno del Estado. Particularmente, el Secretario General de Gobierno, Alejandro Avilés Álvarez, tiene una situación más cómoda evitando involucrarse en el conflicto ya que tiene una particular cercanía con la ex rectora Leticia Mendoza Toro, secretaria General de la Universidad —el hijo de ésta, Nahum Carreño Mendoza, es el secretario Particular de Avilés—, que a su vez tiene una alianza cargada de intereses con los Martínez Helmes.

Ahí, de hecho, la responsabilidad recae no sólo en la actitud deliberadamente indolente y convenenciera de Avilés —que, como casi siempre, calcula a favor de sus conveniencias sus movimientos, importándole poco si eso mismo le conviene al Estado—, sino también en el hecho de que los disidentes de la Facultad de Derecho no han logrado afianzar un movimiento que les permita el reconocimiento universitario, pero también la intervención política del Estado para darle cauce a su problemática de fondo.

Al final, la realidad apunta que por un lado los intereses políticos, y por el otro la displicencia, terminan beneficiando a los Martínez Alavés, que a pesar de tener de rodillas a la universidad, y sus arcas verdaderamente a punto del colapso, siguen gozando de cabal salud política. Nadie ni nada los ha movido, a pesar de todo el daño que le han hecho a la Máxima Casa de Estudios; y, como van las cosas, no habrá en el futuro cercano algún movimiento que permitan entrar de fondo a la revisión de su Ley Orgánica, de su funcionamiento interno, y de la auditoría a sus cuentas.

IMPUNIDAD

A estas alturas, ya a nadie le importa que uno de los tantos socios de Jorge Castillo Díaz, fue justamente el antecesor del rector Bautista Martínez, Eduardo Martínez Helmes. Los propios ex funcionarios universitarios de aquella administración, relatan cómo contabilizaron “utilidades” ilegales del presupuesto universitario, por más de 20 millones de dólares, que habrían ido a parar a las cuentas particulares de varios personajes, incluidos entre ellos los “facilitadores” financieros del gobierno de Gabino Cué.

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