+ Relevos en la Fiscalía y Órganos Autónomos deben hacerse con aciertos
El relevo de Alfredo Lagunas Rivera en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), marcó una pauta importante de cómo podrían ocurrir los cambios en otros órganos independientes del Poder Ejecutivo como la Fiscalía General del Estado, la Auditoría Superior, el Instituto de Acceso a la Información y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Esa es una agenda importantísima que el Gobernador y el Congreso deben desahogar con inteligencia, prudencia y responsabilidad con Oaxaca.
En efecto, Lagunas Rivera era presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura y, por ello, era el titular del Poder Judicial del Estado por un periodo que concluía en enero de 2019. Su relevo ocurrió luego de un proceso de negociación política en la que participaron no sólo Lagunas y el Ejecutivo, sino también los verdaderos representantes del grupo político que apuntaló al ahora ex Presidente del TSJE, y que solicitaron ciertas garantías para poder hacer el relevo en la presidencia del Tribunal.
Por la estabilidad constitucional del cargo, y por la dimensión del movimiento, no había otra forma en que ocurriera el relevo, ya que la vía de una reforma constitucional para la remoción de Lagunas habría implicado un proceso jurídica y políticamente muy sinuoso y violento, que habría puesto a la entidad en el candelero la crítica nacional, por el posible atropello a las instituciones y a la certidumbre constitucional, que se supone que es uno de los pilares de la división de poderes.
Por eso, el grupo gobernante optó por la vía de la negociación política para la transmisión ordenada de la titularidad del Poder Judicial, que resultaba importante más por una cuestión de mensaje de poder que de funcionamiento orgánico del aparato de justicia. En todo ello, resulta tan relevante el enroque como la vía trazada, que es por la que ahora habrán de transitar los cambios que siguen en esa agenda de gobierno, de instituciones tan relevantes como la Fiscalía y los órganos constitucionalmente autónomos.
¿De qué hablamos? De que, en los hechos, al fiscal Héctor Joaquín Carrillo Ruiz la nueva administración estatal lo tiene completamente marginado y materialmente relevado de todas las decisiones importantes de la entidad que se supone que aún encabeza. Desde el mes de diciembre, la misma oficina del titular, en Ciudad Judicial, fue ocupada por enviados de la nueva administración que asumieron todas las funciones de mando y responsabilidad que tuvo el Fiscal hasta el último día de noviembre, y desde entonces éste despacha —“despachar” es un decir, en sus condiciones actuales— en una oficina del viejo edificio de la PGJE de los rumbos de La Experimental.
Así las cosas, además de haber perdido el mando, pareciera que el Fiscal perdió también la dignidad y se ha mantenido aferrado a la designación que le dio el Congreso del Estado, a pesar de que no pudo defender la autonomía que la Constitución le reconoce a la Fiscalía, y tampoco pudo establecer vasos comunicantes con la nueva administración para que le reconocieran la plena validez de su nombramiento y cargo, y le permitieran continuar desarrollando sus funciones dentro del marco que establece la Constitución.
Durante estos tres meses, parecía toda una interrogante conocer si, en ese caso, el grupo gobernante había también entablado una negociación con el Fiscal para el relevo en el cargo, o si lo había arrinconado para obligarlo a renunciar. La vía elegida fue la segunda, aunque en realidad pareciera que están estirando los tiempos en busca de algún tipo de negociación.
Como quiera que sea, las pautas están dadas y sólo sería cuestión de tiempo para oficializar la sustitución del Fiscal, muy seguramente a través de un mecanismo parecido al que se utilizó en el caso de Lagunas Rivera. Lamentablemente —para el Fiscal—, en esta negociación no participarían ni el llamado Grupo Oaxaca, ni el medio informativo que los respalda, ni tampoco los factores políticos que le permitieron a Lagunas continuar como magistrado a pesar de todos los cuestionamientos que pesan sobre el desempeño y manejo administrativo de su gestión.
ENTES AUTÓNOMOS
En el mes de enero hubo el primer amague del Congreso del Estado respecto a una posible reforma que permitiría la reintegración de la Auditoría Superior del Estado. El mensaje, enviado por el Ejecutivo a través de tres diversas bancadas —PRI, PAN, PT— en el Congreso del Estado, fue el de establecer los parámetros mediante los cuales sí podrían haber quitado, sin mayor problema, al titular de la ASE, Carlos Altamirano Toledo, y por el que aún podrían hacerlo cualquier día si esa fuera la intención.
Hoy, a la luz de los hechos, queda claro que el de entonces fue un ensayo pero que a partir de ahora podría venir el intento real de la sustitución tanto de Altamirano Toledo, como de los titulares de otros organismos constitucionalmente autónomos como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. En el caso del Auditor, éste se debe sentir aún cobijado por la desdibujada bancada perredista en el Congreso local que encabeza su pariente, Carol Antonio Altamirano.
Sin embargo, es claro que hasta ahora el PRD no ha podido generar ninguna sinergia con el Ejecutivo, o con la bancada priista, por lo que no se aprecia cuál pudiera ser —en algún momento— el factor de negociación para lograr su permanencia. Por eso, si se lo propusieran, cualquier día el Congreso podría tumbar al Auditor con la suma de los votos de las bancadas del PRI, PAN, PT y Morena. Cuestión que podría ser el “Plan B” si llegara a fracasar la negociación para la entrega de la Auditoría.
En condiciones muy similares tendría que ocurrir —y ese sí por el daño que le provoca a Oaxaca— el relevo de Arturo de Jesús Peimbert Calvo de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Tanto en el Ejecutivo como en el Congreso deberían ya tener claro que él es el verdadero comandante de los grupos radicales que recurrentemente agitan temas como el de Nochixtlán, y otros conflictos en comunidades que son verdaderos focos rojos para la gobernabilidad y la seguridad de las personas. Peimbert es un representante muy similar a Lagunas, en cuanto ambos representan a grupos políticos que acompañaron a Gabino Cué en su administración, y a los que éste les entregó parcelas a cambio de respaldo para su gobierno.
Hoy, Gabino Cué ya no es Gobernador, y Peimbert debería irse de inmediato —o ser relevado por el Congreso— por la actitud de agitación y control de movimientos sociales bajo la figura del Defensor de los Derechos Humanos. A estas alturas es inocultable su táctica de agitar los conflictos para luego ir a resolverlos. Una vieja maniobra que a estas alturas resulta indeseable para un gobierno del que, además, no es un aliado sino una amenaza.
En las siguientes semanas podríamos ver la consolidación de algunos de esos enroques. Las pautas, mientras, ya están dadas.
GOBIERNO OPACO
Se tenía la idea de que al cumplir 100 días de administración, el gobierno ya tendría al menos una página web digna y que cumpliera con las obligaciones que le impone la ley. Pero no. El sitio www.oaxaca.gob.mx sigue abandonado, carente hasta de la información más básica. Y la Secretaría de la Contraloría viola flagrantemente la ley al haber hecho prácticamente nada para actualizar la información de los sitios OaxTransparente (oaxtransparente.oaxaca.gob.mx) y Ventanilla Única de Acceso a la Información (infopublica.oaxaca.gob.mx) que siguen arrumbados en el cajón del olvido, tanto por los anodinos empleados de la gubernatura, como por el contralor Jesús Díaz Navarro, y sus colaboradores. Inaceptable.
