+ Festinar hace juego a oposición; descalificar, al tricolor
Ayer, en el noticiero radiofónico de la periodista Carmen Aristegui, se dieron a conocer cuatro grabaciones telefónicas en las que participa el gobernador Ulises Ruiz con el candidato del PRI a la gubernatura Eviel Pérez Magaña, el coordinador de medios de la campaña priista, Raúl Castellanos, y el consejero presidente del órgano electoral, José Luís Echeverría. La filtración de esas conversaciones, es parte evidente de las armas electorales que tarde o temprano habría de utilizar la oposición en contra de los tricolores, y es también una muestra del grado de descomposición que prevalece, en general, alrededor de los procesos políticos que ocurren en el país.
Es claro, en un primer momento, que la difusión de conversaciones telefónicas es parte de una añeja maniobra de amague o ataque directo, que se orquesta desde el gobierno federal en contra de determinados adversarios políticos. Si volteamos a la década previa, podremos encontrar que prácticamente en cada una de las filtraciones que involucran conversaciones telefónicas, existió un interés del gobierno federal en turno —de extracción priista, o emanado de Acción Nacional— para socavar a los participantes en las mismas.
En este caso en particular, esta parece ser una maniobra panista, calculada, de respuesta a las acciones del priismo. Se han revelado conversaciones similares de los gobernadores de Puebla y Veracruz, y algunos reportes periodísticos dan cuenta del seguimiento que se da, desde el aparato federal, a gobernadores de entidades federativas del norte del país, también extraídos del tricolor. Parecen “respuestas claras” del panismo a sus adversarios, porque detrás de cada Mandatario priista exhibido, están también estados de la República en los que el panismo busca, sin una expectativa contundente aún de victoria, arrancar victorias electorales a los tricolores.
Ese ha sido el común denominador, y es parte de la estrategia que se utiliza desde las fuerzas de oposición para tratar de conseguir sus objetivos. Exactamente igual que como ocurrió la semana pasada en el caso de la difusión de conversaciones telefónicas del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, en el caso de Oaxaca ayer mismo los dirigentes de las fuerzas de oposición exigieron la renuncia del Mandatario, del Presidente del IEE, y sendas explicaciones a los demás personajes involucrados, pero decidieron no hacer mención alguna a la forma en cómo fueron obtenidas y difundidas estas conversaciones.
En la diferenciación entre la forma y el contenido de las conversaciones, seguramente podremos encontrar un criterio más claro alrededor de este asunto. ¿Por qué? Porque respecto del contenido de las mismas, lo que queda en claro es la realidad —hasta ahora por todos negada, pero por todos ejercida— de que los Titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas tienen un control absoluto de sus funciones y responsabilidades formales, pero también de las tareas que deberían realizar funcionarios partidistas, representantes de organismos autónomos, e incluso los titulares de los otros dos Poderes del Estado —Legislativo y Judicial—.
Es evidente que si todo se observa desde una perspectiva legal rigorista, difícilmente se podría configurar la comisión de delitos respecto a lo revelado en las conversaciones, independientemente de que éstas revelen posibles comportamientos o posturas personales que rayan en lo inmoral e inaceptable.
Sea como sea, lo que se revela en ellas es parte de esa dolorosa realidad —legaloide e inmoral, pero aceptada— que, sin embargo, nadie se ha preocupado verdaderamente por cambiar. Esta es, la del desmedido poder e influencia que tienen hoy quienes gobiernan las entidades federativas, y las maniobras ilegales que se cometen, a la vista de todos, por entes presuntamente federales para tratar de contrarrestar la influencia de los Ejecutivos locales.
VICIOS DE ORIGEN
Si lo que Acción Nacional pretende demostrar con esas conversaciones, son los excesos, la comisión de delitos y las inmoralidades de los priistas, lo único que lograron es poner en evidencia que ellos son parte de esas acciones inadmisibles. Es cierto que los gobernadores involucrados pudieran estar fungiendo también como jefes de campaña de los candidatos de sus partidos, o incluso como “patrones” de quienes tienen la titularidad de los órganos electorales. Pero, ¿Cómo tratar de demostrar todo eso a través de medios ilegales?
En realidad, lo que hizo Acción Nacional y el gobierno federal, fue colocarse en el mismo nivel de todo lo que descalifican. Si para efectos jurídicos es inadmisible una prueba obtenida por vías ilegales, para efectos de moralidad y legitimidad política es también un desatino tratar de evidenciar al adversario, cometiendo ellos mismos delitos flagrantes.
De este modo, en el caso de que se corroborara como cierto todo lo revelado en las conversaciones privadas de los personajes involucrados, también los panistas tendrían que exigir que se indagara la forma en cómo fueron emprendidas estas acciones de espionaje telefónico. Si exigen que caigan los primeros por las intromisiones que ya fueron reveladas, también deberían exigir —aunque esto nunca ocurrirá, porque al parecer son los mismos quienes espían que quienes persiguen la comisión de esos delitos— que se clarificara la forma en cómo se obtuvieron las grabaciones.
Por eso, en el aspecto político, cada uno de los actores, partidos y grupos políticos involucrados tendrá que defenderse en la medida que pueda hacerse. Fuera de ellos, es tan inadmisible el contenido de las grabaciones, como el modo en que éstas fueron reveladas. Nadie razonable podría estar, en ningún sentido, a favor de la comisión de faltas y delitos, que en ambos bandos se cometen.
SUMISIÓN
Qué bueno habría sido escuchar ahora, o antes de esta ola de difusión de conversaciones privadas, a cualquiera de los representantes de la oposición hablar de lo que verdaderamente sería la transición democrática. Gane quien gane los comicios, nuestro sistema político apunta a que el Gobernador sea el Jefe Máximo del Estado. Mientras no varíen las bases en que se finca el poder político, sea Eviel Pérez Magaña o Gabino Cué el próximo Mandatario, los titulares de todos los entes públicos estatales les seguirán rindiendo cuentas. Alternancia no implica necesariamente transición.
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