+ Si hubo sobreendeudamiento de GCM, que lo procesen; pero ¿y si no fue así?
El gobierno de Oaxaca no debería tomar tan a la ligera la enorme incertidumbre que está generando la llamada reactivación económica, que sigue durmiendo el aparente sueño de los justos. La persistencia del enorme vacío de información confiable sobre el origen y las posibilidades de cumplimiento de los adeudos y subejercicios presupuestales, alimenta la idea de las irresponsabilidades institucionales. Y la recién entrada administración estatal debe asumir que o clarifica consistentemente por qué la economía gubernamental está detenida; o de lo contrario, ni siquiera en el mediano o largo plazo podrá cumplir con su promesa de generar derrama económica para la entidad, por encima de las empresas foráneas.
En efecto, la semana pasada el gobierno estatal anunció que a partir de este mes iniciará el pago de adeudos a diversos sectores de la Iniciativa Privada a los que la administración anterior dejó con adeudos. Esto ocurre en un panorama en el que el propio gobierno dijo que del monto original que la administración gabinista les dejó como pendiente de pago —un monto que oscilaba en los dos mil 500 millones de pesos—, a la ventanilla única de recepción de documentos que acreditaran adeudos del sexenio anterior, que instaló la Secretaría de Administración en diciembre para hacer una compulsa real de la situación, sólo hubo reclamos —con soporte documental—, por un monto de alrededor de mil millones de pesos.
Esto dio un panorama más real de los adeudos, aunque en realidad lo que sigue siendo un verdadero problema para el gobierno ha sido explicar los adeudos a la luz de alguno de los supuestos siguientes: a) que el gobierno de Gabino Cué hubiera dejado pagos pendientes que carecían de la cobertura presupuestal para ser liquidados; b) que teniendo cobertura presupuestal, las partidas que se afectarían para esos pagos hubieran sufrido algún recorte o cancelación; c) que dichos pagos no tuvieran la debida gestión de los recursos a través de algún fondo extraordinario, fuere de los ámbitos local o federal; d) que dichas obligaciones hubieran sido contraídas legalmente —es decir, con pagos presupuestados, cobertura y justificación de la necesidad de la contratación—, y que el retraso en los pagos fuera sólo un problema de retrasos en la ministración de los recursos para enfrentar las responsabilidades.
Pues resulta que hasta el momento, el gobierno estatal sigue sin explicar con cabalidad cuál es el origen tanto del retraso en la cobertura de los pagos pendientes a toda la gama de empresas que proveen de bienes y servicios al gobierno, como de las posibles irregularidades heredadas por funcionarios de la administración anterior con relación a dichos adeudos.
En no pocos casos, se sabe que la administración actual ha intentado realizar nuevas negociaciones a partir de esos adeudos, lo cual lejos de aliviar el problema genera más suspicacias a partir de una razón: si se supone que esos fueron adeudos legalmente planeados y presupuestados, lo único que tendrían que hacer es pagarlos; y si no cumplieron con esos requisitos –es decir, que sean gastos fuera de presupuesto o que no cumplen con los requisitos que establece la ley para realizar el pago correspondiente— entonces no sólo no debería negociarlos, sino que tampoco debería pagarlos; y, más bien, debería iniciar procedimientos administrativos y penales en contra del o los funcionarios que violaron un principio constitucional elemental respecto al gasto público, consistente en haber ordenado pagos que no estaban contemplados en el presupuesto o en alguna ley aplicable.
SÓLO EL SILENCIO
¿Por qué no es buena noticia que en muchos casos haya voces que señalen que el gobierno está “renegociando” los adeudos de la administración anterior? En primer término, porque eso alimenta la incertidumbre sobre el tipo de adeudos que dejaron, y el tipo de tratamiento que les está dando el gobierno actual.
En el fondo, no se trata de si los débitos fueron de Gabino Cué o si de son de la camada actual de funcionarios: en realidad, lo grave es que los adeudos —si son comprobables— son un compromiso institucional del gobierno de Oaxaca, lo cual rebasa por mucho los nombres y los sexenios, y se convierte en un asunto de la legitimidad que tendrá el gobierno de cara a quienes lo proveen en sus necesidades y que, en muchísimos casos, lo hacen a crédito y con el solo empeño de la palabra institucional. Si se trata mal la deuda, entonces estarán cerrando —como lo hemos apuntado antes— diversas puertas de apalancamiento al sector público para tiempos futuros en los que, como ahora, todos los problemas tengan su origen en el retraso de las ministraciones federales.
Hay algo más: llevar y traer con tanta ligereza el problema de los adeudos y el manejo del presupuesto estatal, sin ofrecerle a la ciudadanía una explicación puntual y exacta de cualquier problema presupuestal que tuviera el gobierno —porque además, los oaxaqueños merecemos esa explicación—, en alguna medida hace nugatoria la certeza jurídica que se supone que ofrece ese documento que cada año aprueba el Congreso del Estado, denominado Presupuesto de Egresos del Estado.
¿De qué sirve que exista tal documento, si de todos modos una buena parte del manejo presupuestal quedó, o sigue quedando, en la completa discrecionalidad, y en las consideraciones y renegociaciones que pudieran estar haciendo funcionarios a nombre del gobierno, como si el presupuesto se tratara de la bolsa o la riqueza de alguien en específico?
También por esa razón, no es una buena noticia que, por un lado, todo este gran problema presupuestal que enfrenta la entidad exista sin una explicación puntual de la Secretaría de Finanzas; y que, en el otro extremo, estén intentando desacreditar la legitimidad y el valor que se supone que debe tener el Presupuesto de Egresos, como base fundamental del ejercicio del gasto gubernamental, y como garante de la certeza con la que se van a ejercer los recursos.
Al final, si en realidad el problema sigue siendo que el gobierno de Gabino Cué gastó de más; si el problema fue que contrajeron más obligaciones de las que sus presupuestos podían soportar; si se comprometieron a futuro sin contar con las bases legales y presupuestales para cumplir con las responsabilidades institucionales del Estado; y si lo hicieron para heredarle un problema de economías a la administración actual, entonces el gobierno estatal debe dejar de titubear, y de renegociar, e irse con todo el peso de la ley en contra de los ex funcionarios ineptos o corruptos que provocaron este desastre económico.
En el fondo, tanta secrecía, tanta discrecionalidad, y tanto ánimo por mantener a Oaxaca en un prolongado ayuno económico, y de explicaciones sobre las razones creíbles y consistentes que lo provocaron, sólo alimenta la idea de que o están encubriendo a los funcionarios de la administración anterior; o que están queriendo reabrir capítulos presupuestales cerrados para obtener un beneficio; o que definitivamente no tienen la capacidad para enfrentar un problema socialmente tan complejo como éste.
MALA REPUTACIÓN
Al final, no se trata sólo del dinero que se debe, sino de los sectores que están a punto del colapso por la inmovilidad económica, de las miles de familias que dependen de esa economía privada, que están sufriendo sobremanera por este prolongado problema económico que enfrenta Oaxaca; y de la imagen inconsistente que se sigue construyendo el Estado como una persona (moral) que con la mano en la cintura puede desconocer sus compromisos institucionales. Esto último, es lo más terrible de todo.
