El gobierno ahora debe buscar la recomposición de su relación con la S-22

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+ El Magisterio y  los normalistas protestan para que les otorguen plazas automáticas


Las reiteradas protestas de los integrantes de la Sección 22 del SNTE y de los egresados de las normales que exigen plazas automáticas de trabajo, han sido alimentadas por la indolencia gubernamental que ha desdeñado la necesidad de establecer con claridad cuáles serían los linderos de la nueva relación entre el magisterio y el gobierno de Oaxaca. No se delinearon los límites y ahora Oaxaca está nuevamente en medio de un problema.

En efecto, desde hace por lo menos dos semanas la Sección 22 ha activado una serie de protestas que pudieran parecer inusitadas, si no fuera porque de las causas por las que se manifiestan hay corresponsabilidad del propio gobierno estatal. ¿De qué hablamos? De que en la aparente “nueva relación” entre el gobierno y el magisterio, no parece haberse dejado lo suficientemente claro que todo acuerdo tiene los límites establecidos por la reforma educativa, y que esos límites son imposibles de traspasar por el propio gobierno estatal. En la pésima construcción de esos argumentos, bien pueden explicarse las protestas actuales. ¿Por qué?

Porque hoy los integrantes de la Sección 22 del SNTE protestan en gran medida porque se realice, en una mesa de negociación política, la regularización de las más de 3 mil 600 plazas que apenas en diciembre el gobierno de Oaxaca y la SEP accedieron a reconocerle a la Sección 22 del SNTE con el carácter de provisionales, pero que sólo podrían alcanzar el carácter de definitivas si se cumplían con el requisito de la evaluación, que es parte de la médula de la reforma educativa que los integrantes de la 22 rechazan.

Evidentemente, ni la dirigencia magisterial ni los normalistas están dispuestos a cumplir ese requisito porque ello implicaría el reconocimiento tácito de la reforma educativa, que por definición han repudiado. De ahí la virulencia de las manifestaciones para que sea a través de la presión política y las mesas de negociación, que se cumpla con dicho acuerdo, a pesar de que resulta evidente que la SEP no engañó ni al gobierno de Oaxaca, ni a la 22, respecto a que ese era un límite a cualquier negociación.

Basta con releer el comunicado emitido a partir de la primera mesa de trabajo ocurrida el 7 de diciembre, en la que el gobernador Alejandro Murat anunció el inicio del proceso de la regularización de las plazas de trabajo a la Sección 22, que hoy son motivo de discordia. En aquel entonces los límites parecían claros. Ahora habría que ver quién cometió el error de traspasarlos a partir de la peregrina idea que se le ha alimentado al magisterio de que pueden conseguir más a partir de esta “nueva relación” con el gobierno, o bien por medio de la presión política.

El comunicado de aquella fecha dice lo siguiente: “En estricto apego a la Ley —establecía el comunicado—, el Gobierno del Estado se comprometió –bajo un esquema financiero responsable- a regularizar la situación laboral de los trabajadores de la educación que comprobaron estar laborando, previa revisión realizada escuela por escuela por personal del IEEPO. El gremio magisterial se comprometió a no afectar el calendario escolar y cumplir con su trabajo en las aulas. Asimismo, se acordó el calendario de pago de los adeudos con los trabajadores que serán regularizados”. Esto, dijeron, para dotar de certeza laboral a 3 mil 699 trabajadores de la educación, entre personal docente y administrativo, que comprobaron estar en servicio.

En otra parte, sustancial, el comunicado de referencia señalaba que “para regularizar su situación laboral, los 2 mil 401 trabajadores docentes y mil 298 administrativos, las autoridades educativas federal y estatal los contratarán inicialmente con una plaza temporal, en tanto se valida su antigüedad  y son convocados a los procesos de evaluación que por Ley corresponden. Lo anterior permitirá, bajo los causes normativos correspondientes, brindar certeza laboral a las y los trabajadores de la educación, que es uno de los principales objetivos de la Reforma Educativa”.

Todo esto, además de dejar en claro que dicha negociación no implicaba que esos trabajadores quedaran al margen de la vigilancia administrativa del IEEPO, ni tampoco que los egresados de las escuelas normales fueran a recibir plazas de trabajo sin participar en los procesos de evaluación de ingreso a realizarse en las semanas siguientes.

Entonces, ¿por qué protestan?

ENTONCES, ¿QUIÉN LOS ALENTÓ?

Esa es una pregunta que bien valdría la pena que se hicieran al interior del mismo gobierno. Hoy, la administración estatal está padeciendo las consecuencias de un problema que ellos mismos provocaron y estimularon, no porque no fuera necesaria una nueva relación con la Sección 22 –es, de hecho, indispensable— sino porque parece que no fueron lo suficientemente capaces de establecer límites concretos a esa relación, a partir de un diálogo basado en la claridad no sólo con la dirigencia sino con todo el gremio magisterial.

Pues si no revisa las declaraciones de todos los funcionarios estatales, al más alto nivel, uno podrá corroborar que el rasgo distintivo es la vaguedad y la ambigüedad en los planteamientos. Es decir, nunca lograron pasar de los planteamientos y argumentos generales (todos del tipo: “vamos a construir una nueva relación”; “vamos a dialogar con los profesores”; “vamos a construir juntos una mejor educación para Oaxaca”, etcétera) a discursos más elaborados en los que se dejara perfectamente en claro —no a la dirigencia magisterial sino a todos los maestros— cómo y bajo qué condiciones se podría construir primero esa nueva relación; y segundo, cuáles serían las posibilidades de diálogo del gobierno y cuáles sus límites, para que a esos se atuvieran todos sin engaños y sin medias verdades.

En esa lógica, se entiende que la Sección 22 tiene como política nunca ceder y siempre ir por todo, y sobre todo por lo que no les fue ofrecido. Esa ha sido una forma histórica de negociación que siempre ha complicado su relación con el gobierno. Sin embargo, junto con eso también valdría la pena que el gobierno de Oaxaca comenzara a reconocer que ha fallado gravemente en la forma en que ha conducido su relación con el magisterio, y que buena parte del problema que vivimos hoy los oaxaqueños se deriva de esa inconsistencia discursiva, de la ambigüedad, y de los alientos que en particular le han dado algunos funcionarios estatales a la Sección 22, para hacerlos pensar que sí pueden conseguir las plazas automáticas para los normalistas, o la regularización de las más de tres mil 600 plazas que les dieron en diciembre, pero sin pasar por los procesos de evaluación que desde el inicio se dijo que tendrían que superar.

MALA INTENCIÓN

Al final, parece haber una muy mala intención; o una muy mala relación; o una pésima interlocución. Todos saben, desde antes del 1 de diciembre, que la administración de la educación pública compete al gobierno federal; todos han sabido, desde siempre, que el gobierno de Oaxaca puede hacer poco en realidad para incidir en temas relacionados con las plazas y la estabilidad laboral del magisterio, porque en gran medida el IEEPO es hoy una oficialía de partes de la SEP en la entidad. Así, si se supone que a todos les queda claro todo eso, ¿entonces quién habrá sido el de la brillante idea de abrir la puerta a una “nueva relación”, que en realidad ha sido una pesadilla para la entidad, y una caja de pandora para la ya de por sí maltrecha gobernabilidad en la entidad?

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