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+ Fue a prisión por voracidad y desaseo en función pública
Si entendieron bien la información ofrecida por el secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro, el sábado en el marco de la aprehensión en Guadalajara del ex secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, varios de los funcionarios de la administración de Gabino Cué deben estar muy preocupados. Tenorio cayó en las manos de la justicia no sólo por los excesos cometidos durante su ejercicio como funcionario, sino por haber incurrido en ominosa forma de burlar la ley para obtener provecho. El hecho de que haya sido encarcelado por el delito de abuso de autoridad, no significa que no pueda haber nuevos procedimientos. Vale la pena analizarlo.
En efecto, es necesario releer algunas de las líneas dadas por el titular de la Contraloría, el sábado en la conferencia de prensa que ofreció junto con el fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, en el marco de la detención de Tenorio en Guadalajara, esa misma mañana y su inmediato traslado a Oaxaca. Ahí, luego de explicar cómos e inició en general la ejecución de programas gubernamentales durante la administración pasada en diversas dependencias, Díaz Navarro dijo lo siguiente:
“Se revisó la totalidad de los programas y, en el caso de los Servicios de Salud del Estado, se detectaron expedientes sobre dotación de infraestructura sanitaria en las regiones más marginadas. Se advirtió que las obras no fueron realizadas y que dichas contrataciones se realizaron de manera irregular, tanto en su procedimiento administrativo, como en los límites del marco legal aplicable.
“Ante tal situación, se procedió a la ejecución de las fianzas que se constituyeron para garantizar su cumplimiento, advirtiendo en ese momento que se trataba de documentos falsos. Estas irregularidades, no hubieran ocurrido sin la participación –a través de conductas omisas- del ex funcionario, ahora detenido, que tenían la obligación legal de vigilarlas. (…) Las conductas descritas, constituyen por una parte maquinaciones encaminadas a defraudar al Estado, e involucran una serie de conductas por parte de servidores públicos que procuraron diversas acciones y con ello el desvío de recursos. El daño al Estado, no solo consiste en la pérdida económica, sino también el menoscabo en infraestructura que perjudica directamente a la sociedad y población en general.”
¿Por qué poner particular énfasis en esto? Porque lo que queda claro es que a Tenorio lo pudieron procesar —independientemente del asunto de los quebrantos financieros que propiamente deben estar determinados en las cuentas públicas, o que pueden incluso estar en vías de concretarse a través de la Auditoría Superior del Estado, y la federal— por haber incurrido en un asunto que fue, y ha sido, una práctica común entre los contratistas y el gobierno para poder ejecutar libremente obra pública y servicios aminorando costos para estirar las utilidades que luego sirven para los diezmos, las complicidades, los noches y, en general, la corrupción. Esto es, la falsificación de documentos, contratos y fianzas.
Según Díaz Navarro, dichos procedimientos —por abuso de autoridad— se iniciaron al haber establecido que había obras de infraestructura sanitaria existentes en documentos, pero que nunca se realizaron materialmente, y que al tratar de hacer valer las fianzas correspondientes, establecieron que éstas eran falsas.
De ser así, entonces no sería Tenorio el único procesado porque, evidentemente, tampoco sería el único involucrado en la realización de esa conducta, en la que debieron participar coordinadamente diversos funcionarios para poder brincarse el cumplimiento de diversos requisitos que la ley establece para la realización de obra pública, y luego para cobrar los anticipos, estimaciones y finiquitos de obras que sólo existieron documentalmente y que alguien les debió validar para poder realizar los pagos.
LA OBRA Y EL BOTÍN
En general, para la contratación de una obra con el gobierno, la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados de Oaxaca, exige en su artículo 37 que el contratista o constructor exhiba las siguientes garantías: I.- Cheque certificado o fianza por un valor que cubra la cantidad total del monto concedido, para garantizar los anticipos; II.- Cheque certificado o fianza por un importe del 10% del valor total de la obra, para garantizar el cumplimiento del contrato; y III.- Cheque certificado o fianza por un importe del 10% del valor total de la obra, para garantizar los vicios ocultos, por un periodo de doce meses contados a partir de la fecha de entrega de la obra.
Aunque éste es un requisito lógico y hasta un acto de responsabilidad, en Oaxaca ha sido una práctica muy reiterada que existan personas o agrupaciones que se dediquen a vender o “arrendar” los documentos necesarios para la contratación de una obra. Hay quienes “rentan” los documentos de constitución y fiscales de constructoras para que terceros contraten obra y la ejecuten; hay quienes venden pólizas de afianzadoras que en realidad son apócrifas pero que, al menos en apariencia, sirven para solventar ese requisito que deben cubrir ante las autoridades que los contratan por exigirlo así la ley de obra pública.
De hecho, cuando no existe “acuerdo” —complicidad— entre el constructor y el gobierno que lo contrata para la ejecución de una obra, corroborar la validez de una póliza emitida por una afianzadora es relativamente fácil. Pues ha sido tan reiterada la práctica de las pólizas apócrifas que todas las afianzadoras tienen líneas telefónicas directas para la verificación de las pólizas a través del número de folio y otras características. El problema, como en este caso, surge cuando sí hay acuerdo de complicidad entre la autoridad y el constructor, porque entonces uno integra el expediente técnico con documentos falsos, y el segundo lo valida, omitiendo deliberadamente corroborar la legalidad y vigencia de los documentos que recibe contra el pago del anticipo y las demás estimaciones sobre la ejecución de la obra.
Así, al ser esto lo que ocurre, queda claro que Germán Tenorio está en prisión por la realización de conductas ilícitas relacionadas con casos específicos de la contratación de obra pública relacionada con el área de la salud, de las que debió estar enterado y debió haber participado —como lo dijo el secretario Díaz Navarro el sábado—, independientemente de las investigaciones específicas sobre los quebrantos financieros de los Servicios de Salud de Oaxaca.
En todo esto, la pregunta que ahora deben estarse haciendo diversos ex funcionarios de diversas dependencias, y el temor que varios de ellos deben estar sintiendo, es por la posible reiteración y “normalización” de este tipo de prácticas, durante la administración de Gabino Cué para obtener algún tipo de provecho indebido.
LIMPIAR LA OBRA PÚBLICA
En el fondo, ninguna de estas son prácticas aisladas y, al contrario, son bien conocidas por todo aquel que se dedica a la obra pública en la entidad, y que conoce los entresijos y las complicidades que existen para evadir las obligaciones que impone la ley. Por eso, más bien el gobierno de Oaxaca hoy está explorando una nueva veta que le podría permitir poner ante la justicia a más ex funcionarios por este tipo de conductas, pero que también debería poner en capilla a particulares que a través de esas prácticas alientan los actos de corrupción. En este caso, es evidente que para que todo este haya ocurrido, eran necesarios tanto funcionarios como particulares que participaran de la corrupción, de los negocios, y ahora de las consecuencias.
