+ Acuerdos de diciembre son muy trascendentes para estar sujetos a radicales
Este fin de semana el gobierno de Oaxaca y la Sección 22 del SNTE establecieron acuerdos importantes que lo que buscan es darle estabilidad a sus relaciones y negociaciones del presente año. Para ambos bloques, resulta por demás trascendente defender los acuerdos del siete de diciembre del año pasado. Pero para que eso ocurra era necesario establecer los parámetros de influencia que pueden tener los sectores más radicales del magisterio, al interior de sus órganos de decisión. Por eso, lo establecido el sábado por la dirigencia de la Sección 22 resalta en la consolidación de sus acuerdos.
En efecto, a través de su Secretario de Prensa y Propaganda, la Sección 22 anunció que actuará con “mano firme” contra “aquellos traidores y mercenarios del movimiento que en reiteradas ocasiones han intentado violentar y bloquear los diferentes acuerdos tomados en las asambleas estatales anteriores y la última reciente, en donde con toda puntualidad se ha acordado el cumplimiento de la minuta del 7 de diciembre del 2016, la misma que contempla el tema de regularizados y su certeza laboral a partir del cumplimiento del proceso administrativo, señaló que este grupo de compañeros ha sido utilizado como bandera por los mercenarios y traidores del movimiento a fin de conseguir dividendos económicos”.
Del mismo modo, la Comisión Política de la Sección 22 expresó que “se debe denunciar a todos aquellos dirigentes que impidan o intenten boicotear los acuerdos de asambleas estatales, a aquellos que se movilicen al margen de los acuerdos de las instancias de toma de decisiones y lo más grave, que intenten señalar o afectar a aquellos que han cumplido con la minuta respecto al tema de regularizados, y que amenacen o amedrenten a los compañeros que de manera disciplina a los resolutivos de las asambleas estatales y mesas de trabajo”.
La propia Sección 22 reconoció que sus agremiados que son parte del acuerdo del siete de diciembre del año pasado “asistirán a la ciudad de Puebla para presentar su evaluación que los Acredite como trabajadores con movimiento 95, todos los que asistan a la evaluación estarán siendo respaldados por este movimiento y los niveles serán garantes del cumplimiento de todas las partes”, y exhortó a toda la estructura del Comité Ejecutivo Seccional “a estar vigilantes de denunciar a todo esquirol que se movilice al margen de las instancias de este movimiento”.
¿Por qué es tan importante este reconocimiento expreso al acuerdo del siete de diciembre? Lo es porque, en términos económicos, ese acuerdo tiene gran significado para el propio magisterio primero por el monto económico que representa, pero también por su trascendencia política dentro del movimiento magisterial, porque lo que hicieron tanto la SEP como el IEEPO y la Sección 22, fue avalar un acuerdo —el del siete de diciembre— que tiene un costo anual superior a los mil 200 millones de pesos.
Eso es lo que cuesta la regularización de las más de cuatro mil plazas docentes y administrativas que demandaba la Sección 22, y por eso este acuerdo era también muy importante para la dirigencia magisterial que encabezaba Rubén Núñez Ginez al momento de la firma, y que es lo que ahora está defendiendo el sucesor de Núñez, Eloy López Hernández.
VAN TRAS EL ACUERDO
Este acuerdo, de hecho, es la más importante conquista que la Sección 22 ha conseguido desde que se rompió el diálogo previo a los comicios federales de 2015, cuando Gobernación dio por concluidas las negociaciones de orden político con el magisterio oaxaqueño, y canalizó todas las demandas a la autoridad administrativa en la Secretaría de Educación Pública.
En este sentido, para la SEP y el IEEPO era muy importante avanzar en esta negociación, así tuviera que generar cuatro mil plazas más con cargo al presupuesto educativo federal, y permitir que éstas fueran un logro político de la Sección 22, y no del gobierno de Oaxaca. Esa importancia radicó siempre en el hecho de que asegurar esas plazas significaba, primero, desactivar la principal demanda magisterial de los últimos años; y, segundo, afianzar la realización de los procesos de evaluación, a los que quedarán supeditadas esas nuevas plazas ya regularizadas.
De hecho, si se revisa el pliego de demandas de la Sección 22 en el último año, la regularización de esas más de cuatro mil plazas era la que estaba a la cabeza, de entre todo lo que sí podía ser alcanzable. Es decir, que al margen de las demandas políticas (como la abrogación de la reforma educativa, la libertad de los presos políticos y algunas otras), la exigencia de la regularización de dichos trabajadores es para la 22 oxígeno puro en su necesidad de demostrar que sigue teniendo capacidad para avanzar en sus demandas sustantivas, como las salariales y de condiciones de trabajo de sus agremiados.
Para el IEEPO y la SEP, avanzar en esa negociación era también importante porque lo que han buscado es la implementación gradual de la reforma educativa, y el establecimiento de una relación más civilizada con las secciones integrantes de la Coordinadora. En esencia, eso es lo que explica por qué el acuerdo del siete de diciembre fue tan trascendente; por qué lo llevó de inmediato la dirigencia a su Asamblea Estatal; y por qué, aunque la propuesta fue inicialmente rechazada por la Plenaria del magisterio oaxaqueño en diciembre del año pasado, de todos modos era previsible que al final dicho acuerdo sería confirmado por la Asamblea Estatal y avalado por el Comité Ejecutivo para no poner en riesgo la regularización y la estabilidad laboral de los más de tres mil nuevos integrantes que tiene la Sección 22 gracias al acuerdo.
En esa lógica, queda también claro por qué desde hace por lo menos un mes y medio el gobierno y la Sección 22 han venido trabajando en la construcción de este acuerdo que se concretó el fin de semana. Tenían que construir el acuerdo milimétricamente de tal forma que cuando se diera a conocer, quedara claro que ni el gobierno ni el propio Comité Ejecutivo le darían más cabida ni eco a los grupos radicales que reiteradamente intentaron romper esta importante posibilidad de acuerdo, y que —algunos— lo hicieron como una respuesta de los grupos políticos a los que ellos responden, pero que —otros— lo hicieron porque tienen una especie de convicción por no aceptar ninguna negociación con el gobierno porque para ellos eso significa claudicar en su movimiento y traicionar las causas por las que iniciaron sus movilizaciones.
Esto resulta importante para todos, porque el gobierno de Alejandro Murat debe preparar sus verdaderas baterías de negociación y diálogo rumbo al año próximo, que es de elección presidencial; y para la Sección 22 también era relevante porque al menos en 2017 esto deja prácticamente conjurada la posibilidad de un paro indefinido de labores, y los deja también a salvo en el proceso de acumulación de fuerzas para poder participar políticamente en la elección presidencial del próximo año, a través de sus ya conocidos mecanismos de influencia en los procesos electorales.
¿QUÉ SIGUE?
Administrativamente, continuarán las mesas de trabajo entre el gobierno y la Sección 22, para establecer los “cómos” que le darán contenido y estructura a los acuerdos ya alcanzados. Políticamente, lo que queda es generar las condiciones para que el previsible enrarecimiento que intentarán sembrar los grupos radicales, no merme el delgado equilibrio que está intentando alcanzar la relación gobierno-sindicato en las condiciones actuales.
