En este país al revés, el único consenso es a favor de las contrarreformas

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Es inaudito que mientras la política nacional es un caos, el único consenso político aparente sea a favor de una contrarreforma. Es lo que están intentando conseguir desde diversos frentes, todos aquellos que se han pronunciado por una modificación a las condiciones de operación del nuevo sistema de justicia penal. Si consiguen también el aval legislativo —que no es complicado, dadas las condiciones actuales de esa discusión— entonces estaríamos en el preámbulo de la consumación de una de las más grandes felonías cometidas, desde el poder público, en contra de sí mismo, y de las personas. Vale la pena reflexionarlo y entender la trascendencia de ello.

En efecto, desde hace varios meses el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, ha sostenido que la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, ha sido la causa del incremento en los índices delictivos de la capital del país.

Sin argumentar demasiado, y sin ofrecer tampoco datos corroborarles de sus afirmaciones, ha responsabilizado al sistema de justicia y con ello ha intentado disculparse ante la ciudadanía por la explosión delictiva que hoy azota a la Ciudad de México. Su remedio propuesto, hoy llevado ya a la arena nacional, ha sido el de modificar algunas condiciones de justicia para eliminar lo que ahora otros mandatarios han denominado como “hipergarantismo”. Algo verdaderamente atroz, si consideramos que lo que está en juego es el catálogo de derechos fundamentales que compartimos todas las personas.

De hecho, Miguel Ángel Mancera ha hecho de la contrarreforma al Sistema de Justicia Penal su principal tema, ahora que preside la Conferencia Nacional de Gobernadores. Esa bandera ha sido ahora compartida por otros gobernadores que también tienen problemas con sus índices de criminalidad, y que también encontraron la ruta fácil de secundar las intenciones de Mancera de eliminar algunos de los principios del sistema acusatorio para evitar que ese “hipergarantismo” permita que los delincuentes enfrenten sus procedimientos fuera de prisión.

En términos sencillos, eso apunta a regresar, así sea parcialmente, al sistema de justicia que se supone que abandonamos en junio del año pasado cuando entró en vigor la llamada reforma penal; y a volver a esquemas de justicia que sostenidamente probaron ser tan nocivos —y mucho más—, como los que ahora se satanizan por quienes no han entendido que uno de los imperativos de la toda reforma de gran calado radica en ajustar su funcionamiento sobre la marcha, a partir de la experiencia.

El problema, en este caso, apunta a que esa experiencia que ellos están socializando y haciendo pasar por válida, en realidad es la justificación de la ineptitud y la indolencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno por hacer lo que es correspondía, en el tiempo y las circunstancias correctas en lo que corresponde a los esquemas de capacitación y profesionalización de todos los que participan en el nuevo sistema de justicia. Como no lo hicieron cuando debían, hoy el sistema penal no funciona bien. Y lo que quieren es aplicar una contrarreforma para eliminar de la ley los imperativos que ellos no cumplieron, sin reconocer que su prioridad tendría que radicar en ajustar sus políticas y conductas a los requerimientos actuales.

EXTRAÑA UNANIMIDAD

El primero fue Mancera, pero detrás de él han venido otros gobernadores. Los de Hidalgo, Durango, Querétaro y Nuevo León expresaron que el próximo lunes la Conago —ese órgano de gobernadores que con el tiempo se ha ido erigiendo en un grupo de presión, más que en un contrapeso del poder federal— solicitará al Congreso de la Unión cambios legales al nuevo Sistema de Justicia Penal, ante la posibilidad de que miles de reos salgan de la cárcel si solicitan una revisión de su caso para seguir su proceso en libertad, como lo determinó la Suprema Corte, y afinan propuestas para una eventual reforma.

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad dice, por ejemplo, que estudian propuestas de reforma al nuevo sistema penal acusatorio, para evitar “hipergarantismo” que permita a presuntos delincuentes enfrentar sus procesos en libertad, en menoscabo del derecho de las víctimas a tener justicia. Estableció también la necesidad de revisar, en particular, la reclasificación del delito de portación de armas de fuego como no grave, razón por la que los indiciados a causa de ese ilícito no pisan la prisión, tema que “preocupa”, dijo.

“Estoy impulsando una buena parte de la reforma al nuevo sistema de justicia penal acusatorio para reforzarlo, porque los operadores de la justicia, como son los jueces y los ministerios públicos, nos están refiriendo una serie de actitudes de la delincuencia de estar aprovechando algunas cosas del sistema donde hay hipergarantismo o garantismo extremo (…) Se trata de que esto no suceda, queremos exacto equilibrio entre los derechos de los imputados, que deben respetarse todos sus garantías, en eso no vamos a retroceder, pero tenemos que garantizar que no se vayan a poner por encima de los derechos de las víctimas”, señala.

Fayad refutó que los gobernadores busquen señalar fallas al Sistema de Justicia Penal Acusatorio para evadir responsabilidades. “No se trata de que nos justifiquemos o justifiquemos a la violencia. Por eso se realiza una amplia valoración con participación de víctimas, académicos, y la mayoría coincidimos en que debemos ayudar a desarrollar el sistema de justicia”.

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro dijo que los mandatarios coinciden en que se tiene que modificar el nuevo sistema de justicia, porque hay personas que pudieran incluso estar en libertad cuando fueron detenidos por portación de arma. “Vamos a firmar un manifiesto todos los gobernadores para pedirle al Poder Legislativo que legisle en esa materia, pero también estamos tomando medidas en torno a una posible salida [de presuntos delincuentes] de esa manera”, dijo el mandatario al término de la ceremonia por el 15 aniversario de la Fundación de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Francisco Domínguez, mandatario de Querétaro, explicó que van a mandar una carta pública, suscrita por todos los gobernadores, para urgir primero a la Cámara de Diputados y luego al Senado, para que todo lo que determinó la SCJN, respecto a que los criminales sigan su proceso en libertad, se revisen, porque es uno de los defectos del nuevo Sistema de Justicia Penal. “Todos los gobernadores mandaremos una carta pública en todos los medios, a más tardar el lunes, donde los integrantes de la Conago urgimos, con todo respeto, empezando por la Cámara de Diputados y siguiendo al Senado, que todo lo que ordenó la SCJN para que los criminales sigan su proceso en libertad, se revisen. Esos son los defectos del nuevo Sistema de Justicia Penal”.

PRESIONARÁN A LOS LEGISLADORES

El presidente Enrique Peña Nieto ha sido ambiguo en el tema, pero no ha rechazado la posibilidad de una contrarreforma. Y la postura legislativa es la que más preocupa, porque ni por bancadas ni por entidades federativas, ha habido pronunciamientos consistentes a favor o en contra. Parece que los únicos que defienden la preservación del sistema de justicia en sus condiciones actuales, está en quienes lo crearon y en quienes directamente lo operan. Pero ellos no tienen la fuerza y la presencia política de los gobernadores. Así, con esa extraña, inusitada —y nociva— unanimidad que parece haber entre gobernadores, lo que podría ocurrir es que presionen a sus diputados federales y senadores, para hacer que esta contrarreforma pase. Sería la demostración de que existe una nueva grieta en el sistema federal, a partir de la cual algunos se ponen de acuerdo para frenar el perfeccionamiento —así sea turbulento— del Estado de Derecho.