La Judicatura realizó el foro “A 10 años de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Avances y Retrocesos en México”
A una década de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas hasta ahora no ha sido suficiente para mejorar la situación de este sector de la población que sigue en la inferioridad porque los Estados no cumplen y hay una distancia entre lo que establecen las normas y la práctica.
Lo anterior fue expuesto por los investigadores Juan Carlos Martínez Martínez, Víctor Leonel Juan Martínez y el magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, integrante de la Sala Indígena del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), durante el foro que sobre este tema se desarrolló en el marco las actividades organizadas por la Dirección de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura.
Destacaron que la Declaración es un instrumento importante para la lucha de los pueblos indígenas que les dio un estándar internacional reconocido y respetado, así como una nueva esperanza de que las cosas podrían cambiar; sin embargo, aún enfrentan desafíos como la pérdida de sus tierras y sus recursos naturales que son pilares centrales de sus medios de vida e identidades culturales.
En su oportunidad, en magistrado Cordero Aguilar, quien fungió como moderador en el foro que tuvo como sede el Centro Cultural San Pablo, apuntó que hay Estados que no han aplicado completamente la Declaración y resistencias a ciertos temas como la autonomía y el gobierno indígena, facultad que tienen para organizar y dirigir su vida interna, de acuerdo a sus propios valores, instituciones, y mecanismos.
Por su parte, el sociólogo Víctor Leonel Juan Martínez resaltó que en Oaxaca se han promovido cambios jurídicos que reconocen a los municipios y diseñado políticas públicas enfocadas a la identidad que no han sido suficientes porque los habitantes de los pueblos indígenas siguen viviendo violaciones a sus derechos.
Consideró que en los últimos años se registró un proceso de recuperación y fortalecimiento de la identidad de los pueblos indígenas, como lo muestran los resultados de los últimos censos realizados por el INEGI, pues mientras en 2010 un total de 15.7 millones de personas se consideraron indígenas, es decir el 14.2 por ciento de la población total del país, en 2015 la cifra incrementó a 21.5 por ciento.
En su oportunidad, el investigador Juan Carlos Martínez Martínez, doctor y maestro en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS) comentó que las comunidades indígenas tienen reglas de convivencia y definiciones jurídicas particulares que han garantizado modos de orden, sociabilidad y distribución distintos que se les deben reconocer. “En vez de construir una sociedad homogénea se está fomentando una sociedad diversa”, dijo.
Agregó la materia político-electoral registra avances ya que se han registrado casos donde los tribunales e incluso la Sala Indígena del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado han declinado competencias en favor de autoridades indígenas para que ellas mismas resuelvan sus conflictos internos. “Nos falta insistir en el tema del financiamiento para que no queden subordinadas a las instituciones del estado”, indicó.
Cabe señalar que fue después de 25 años de discusiones en la ONU y de una larga lucha de los pueblos indígenas, que el 13 de septiembre de 2007, hace diez años, finalmente la Asamblea General aprobó la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
