A pesar de la reforma educativa, y de la tenue moderación del magisterio oaxaqueño frente a las nuevas reglas relacionadas con su empleo y salario, la educación pública en Oaxaca sigue inmersa en un doloroso círculo vicioso del que, al menos en el corto plazo, no tiene posibilidad de salir. Aún con los cambios recientes, lo cierto es que no existen para la entidad alternativas posibles a un problema educativo y de gobernabilidad añejo, complejo y plagado de chantajes, intereses y corrupción. A la vista de todos se encuentra una solución que siempre ha parecido la idónea. Aunque todo todo el mundo sabe que al menos en Oaxaca esa, la de la municipalización de la educación, sería una solución imposible.
En efecto, en Oaxaca se ha discutido ampliamente la propuesta de municipalización e la educación. Se ha dicho que sería una alternativa que garantizaría de modo más efectivo la correcta administración y vigilancia de los recursos económicos, humanos y materiales que el Estado dedica a la educación. Se ha dicho también que esa sería la forma de dar mayor certidumbre respecto a la cercanía entre profesor-padre de familia, y entre éstos y la autoridad reguladora, que es también la que funge como pagador de los servicios de los profesores, y que en este caso sería la autoridad municipal. Incluso, se entiende como razón natural que siendo relativamente pocos los centros educativos, y los maestros, habría un mejor control de ellos.
Todo eso, que suena muy bien, tuvo su mayor auge durante el conflicto magisterial y popular de 2006. Cuando el entonces gobernador Ulises Ruiz decidió dar un manotazo a la Sección 22, comenzó a tomar decisiones para desmantelar el poder que ésta tenía, pasando justamente por eliminar al personal directivo que tenía el magisterio en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. A partir de eso, el gobierno estatal anunció que habría una reforma profunda al sistema educativo local. Y una de las propuestas —que fue de las más atendidas por la sociedad oaxaqueña aunque no había sido propuesta oficial— fue la de poner en manos de la autoridad municipal todo lo relativo a los asuntos magisteriales.
Esa propuesta fue aceptada con agrado por diversos sectores, menos por el magisterio democrático. Éste ha tenido claro que cualquier proceso de pulverización de la fuerza magisterial equivaldría a un desmantelamiento de su poderío y capacidad de organización. En particular, han asumido que tanto el gobierno estatal, como luego de la reforma de 2013 el federal, han siempre aparecido como un “adversario-patrón” perfectamente visible y ubicado. A partir de eso, han sabido con quién ir a negociar en un solo bloque. E implícitamente, han entendido que con un proceso de municipalización de la educación ese “patrón” se pulverizaría en por lo menos 570, con lo que cada “sección municipal” tendría que hacer sus propias jornadas de lucha para obtener sus beneficios particulares.
Todo esto, obviamente, hace inviable esta propuesta en lo material. La Sección 22 fue capaz de hacer todo durante 2006 con tal no sólo de obtener beneficios económicos, sino también de no perder su capacidad de organización y de disciplina entre sus agremiados. Esos dos elementos se amalgamaron perfectamente hasta que en 2015 le fue requisado el IEEPO a la estructura magisterial. Lo paradójico es que, a pesar de ello, la Sección 22 ha logrado mantener buena parte de los esquemas de disciplina entre sus agremiados, y a pesar de todos los amagues nunca ha dejado de movilizarse. Se pensó que con la expropiación del IEEPO a la Sección 22 eso se terminaría. Sin embargo, queda claro que aún con todos los movimientos hasta ahora intentados, persiste la capacidad de movilización y de presión, con lo que se mantiene vigente no sólo la interrogante sobre las medidas de control con posibilidad de ser ejercidas para contenerla, sino también la posibilidad de emprender nuevas estrategias de fondo para lograr que los maestros no abandonen las aulas y cumplan con sus funciones docentes.
MUNICIPALIZACIÓN DE FACTO
Sin embargo, en Oaxaca también hemos visto procesos fácticos de municipalización de la educación claros, y hasta forzados, aunque no formales. Los maestros de la Sección 22 se han enfrentado a diversos problemas que en el pasado no tenían. Particularmente, la referencia es a los conflictos que han tenido con pobladores de diversos municipios, llegando hasta su punto máximo en enfrentamientos que han tenido con pobladores de varias localidades, que han presionado a los maestros a no abandonar las aulas a pesar de los llamados sindicales, e incluso han expulsado a maestros cuando incumplen estas exigencias de la comunidad.
¿Qué ha pasado en esos casos, seguramente recordados por la ciudadanía oaxaqueña? Que aunque las autoridades municipales no aparecen como “patrones” de los profesores democráticos, y tampoco los padres de familia tienen calidad específica para exigirles cuentas, en varias poblaciones ya ha habido reacciones francas de inconformidad respecto a la actuación de los profesores, e incluso ha habido condicionamientos respecto a su actividad, a sus decisiones y a su actividad sindical.
En varios municipios han sido las propias autoridades, y la población, quienes han exigido a los profesores —bajo la pena de no permitirles el acceso a sus centros de trabajo—, que dejen de suspender labores, que no alteren la paz pública con sus acciones de protesta, e incluso que no involucren sus asuntos sindicales con los temas educativos que involucran a los niños, a sus padres y a la población en general.
Bajo esa misma figura, de la municipalización de facto, se encuentra también anclada la supervivencia de los centros educativos que aún mantiene en su poder la disminuida Sección 59. Cada una de las escuelas que están bajo la tutela de lo que antes del 2006 se conocía como Consejo Central de Lucha, tiene vida propia y legitimidad no gracias al Estado o al IEEPO o a la Sección 22, sino a la decidida colaboración de los padres de familia, que en cada una de las comunidades han respaldado a los profesores, a partir de que éstos no realizan actos de agitación, ni paros de labores, ni condicionan su trabajo al hecho de que los padres o las autoridades cumplan sus caprichos, no los cuestionen, o hagan lo que ellos quieren.
PADRES, DORMIDOS
Lamentablemente, fuera de eso no existen más visos de la municipalización de la educación, y seguramente en Oaxaca tampoco los habrá en el corto plazo. No parece haber, hoy, poder o gobierno capaz de hacer frente a un conglomerado bien amalgamado como la Sección 22. Así seguirá todo, sólo hasta que los padres de familia dejen de permitir, escuela por escuela, que la educación siga estando supeditada al sindicalismo y la voracidad del magisterio democrático.
