+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

La elección del 1-J deja enseñanzas que partidos y candidatos deberán comprender en el largo plazo

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Toda elección deja ganadores y perdedores y, generalmente, también deja a partidos y candidatos aturdidos por los resultados electorales. Ese aturdimiento ocurre casi siempre entre los partidos y candidatos que, o teniendo el poder lo pierden por la reprobación ciudadana, o porque habiendo tenido una victoria cómoda terminan siendo derrotados por quien no pensaban que podría ganarle. Todos esos escenarios han ocurrido en México, pero seguramente ninguno de tanta profundidad y trascendencia como el que arrojó la elección del 1 de julio pasado.

En efecto, la elección del domingo pasado fue histórica, entre otras razones, porque permitió el arribo de las fuerzas políticas más cercanas a la izquierda en México y, sobre todo, porque fue una de las más copiosas de las últimas décadas, y la que dio luz a un ganador con la más amplia legitimidad de que se tenga memoria.

El enojo social combinado con el hartazgo por ciertos hechos en concreto, y frente a la circunstancia de un candidato presidencial que hizo campaña durante 12 años continuos y supo capitalizar cada una de las situaciones en las que se vio envuelto, llevó a Andrés Manuel López Obrador a arrasar en las elecciones, y a darle a su partido y sus aliados —Morena, y el Partido Encuentro Social, y el Partido del Trabajo—, la más amplia posibilidad de gobernar con una mayoría legislativa relativamente cómoda, que no se había visto en todos los años que han pasado desde que ocurrió la gran apertura democrática de mediados de los noventas.

De hecho, si hasta ahora hubo un signo distintivo de nuestra democracia, eso fue el hecho de que ningún partido lograba concretar una mayoría dominante frente a sus adversarios. Desde que en 1997 el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, ningún presidente y ningún partido logró traspasar ese umbral en las tres siguientes administraciones federales.

No lo logró Vicente Fox, que ganó indiscutiblemente los comicios del año 2000, pero en los que la ciudadanía —y el PRI, con su maquinaria electoral y sus gobernadores— impidieron que éste tuviera la mayoría legislativa que le habría permitido hacer cambios de fondo —y sobre los cuales tampoco tuvo convicción, ya que rápidamente se resignó a gobernar bajo las reglas del antiguo régimen claudicando a impulsar la transición democrática que había prometido.

Tampoco lo logró Felipe Calderón. Él, de hecho, gobernó siempre con una bancada panista minoritaria. Su falta de legitimidad de origen nunca pudo ser superada por ninguna de sus acciones de gobierno. En las dos legislaturas que vivió en su periodo presidencial, tuvo importantes problemas para mantener una relación civilizada con las fuerzas de oposición. El PRI, principalmente, fue el partido que se le opuso y le atajó todas las reformas que impulsó. Por eso fue un Presidente que casi abusó del decreto presidencial para gobernar y que en realidad tuvo muy pocos resultados tangibles durante su gestión. Hubo, es cierto, disciplina financiera y relativo crecimiento en el entorno de la crisis económica mundial de 2009. Pero se mantuvo el proceso de suspenso legislativo en todos los temas importantes.

Incluso el gobierno de Enrique Peña Nieto, que tuvo como sello inicial las reformas estructurales y el Pacto por México, tuvo coordenadas poco claras respecto a la mayoría que le dio la ciudadanía a través de las urnas. Esa mayoría, más bien, fue artificial y se la dio el consenso que generó con las principales fuerzas políticas del país, que se sintieron orilladas a generar un pacto gubernamental dada la ideal de la reinstauración del régimen de partido hegemónico. Peña Nieto no pudo ir más allá dados sus propios cuestionamientos como gobernante. Y finalmente los visos de corrupción y la incapacidad natural de su gobierno de generar un consenso social, combinado con la ruptura de los tejidos con las capas sociales más numerosas del país, generaron la debacle que vimos el 1 de julio.

Aún en ello, hay algunos elementos que vale la pena considerar porque son parte del aturdimiento que es visible entre todas las fuerzas derrotadas, por un partido disfrazado de movimiento.

CONTRADICCIONES

Apunta, entre muchas otras, Javier Tejado en un texto (https://bit.ly/2IWvnGn) publicado esta semana en El Universal, algunas que son fundamentales. Las coaliciones traicionaron a sus candidatos presidenciales: analizando el voto que los partidos Nueva Alianza (NA), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y Verde Ecologista de México (PVEM) obtuvieron de manera individual para el Congreso de la Unión, y comparando esto con lo que cada uno de ellos aportó a su respectiva coalición presidencial, es claro que hubo un voto diferenciado y hasta operado a favor de Andrés Manuel López Obrador y no para su respectivo candidato, fuera este José Antonio Meade o Ricardo Anaya. Así, los “votantes” de los partidos chicos de las coaliciones perdedoras votaron por su rival (AMLO).

Otro elemento importante: No se explica de otra manera la votación —tan consistentemente diferenciada— entre cada una de las elecciones. Esto también refleja que con las encuestas de los días previos a la jornada electoral hubo un intenso cabildeo político para beneficiar a López Obrador. Digamos que ningún partido chico quiso pelearse con él, al contrario, decidieron ayudarlo en la elección de este primero de julio. (* cifras con corte del PREP a las 18:30 horas de ayer). Incluso, ya podemos decir que la estrategia del “voto útil” únicamente favoreció al candidato de Morena.

Esto da como resultado que José Antonio Meade y Ricardo Anaya hayan sido, electoralmente, los peores candidatos en la historia de sus respectivos partidos y coaliciones. Ambos fueron “abandonados” por su respectiva coalición.

Este hecho hace poco probable que las coaliciones tengan viabilidad, tal como funcionan ahora, para elecciones futuras. Está claro que la alianza con partidos pequeños fue perjudicial tanto para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como para Acción Nacional (PAN), pues el costo electoral de ceder candidatos a diputados y senadores a costa de sus propios militantes fue muy alto, en comparación con el exiguo apoyo que recibieron de sus coaligados sus candidatos presidenciales. De igual forma, a Morena poco ayudó su coalición, pues por sobre-representación perderá legisladores frente al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Encuentro Social (PES).

DESCANSO

Esta columna tomará dos semanas de descanso, a partir del próximo lunes. Volveremos a leernos en este mismo espacio, el próximo 23 de julio. ¡Hasta entonces!

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