Elecciones 2018

Magistrados del Tribunal Electoral de Oaxaca, frente al espejo de las ilegalidades

La recentralización de la organización y resolución de los comicios en México, decidida por los poderes federales a través de la reforma constitucional electoral de 2014, tuvo como uno de sus mensajes de fondo la reprobación a las entidades federativas por haber sido promotoras del desorden, la inequidad y la ilegalidad en los procesos electorales que le tocó organizar durante el tiempo que ejercieron su soberanía para ello. El hecho de que la federación le quitara a las entidades dichas facultades, implicó un mensaje de reprobación por la “minoría de edad” demostrada. Hoy, cuando se supone que debía haber mayor confiabilidad y certidumbre en la actividad electoral —máxime la jurisdiccional—, con sus resoluciones inconstitucionales, los magistrados electorales de Oaxaca demuestran que sigue sin ser así.

En efecto, a lo largo de los últimos años el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca ha sido ejemplo de inestabilidad e incapacidad en el desempeño de sus funciones. Son reiteradas las ocasiones en que tanto la Sala Xalapa como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), han revocado fallos emitidos por el tribunal estatal al considerarlos indebidos.

Uno de los casos más recientes, fue aquel en el que los magistrados locales aplicaron un criterio inexplicable en la decisión relacionada con la asignación de diputados locales por el principio de representación proporcional, y sin base jurídica que soportara su resolución, decidieron quitarle diputados a un partido para asignárselos a otro, bajo la extraña consideración de que el primero debía ser considerado como coalición y el segundo como partido (Morena y el PRI, respectivamente), cuando por separado, ambos participaron en alianza con otras fuerzas políticas en el reciente proceso electoral.

No obstante, si esa fue una resolución extraña y polémica —que ya le fue revocada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, y que se encuentra en vías de ser resuelta definitivamente por la Sala Superior ante los alegatos de violaciones constitucionales que siguen pendientes de ser resueltos—, ninguna resolución podría ser tan reveladora de la extrañeza —por decir lo menos— de los criterios y las capacidades demostradas por los magistrados electorales oaxaqueños, como la recaída ante la pretensión del Partido Encuentro Social de conservar su registro como partido político estatal, a pesar de no haber cumplido con el requisito constitucional fundamental para ello; y de que, aún con eso, y para beneficiarlo indebidamente, el Tribunal Electoral oaxaqueño lo haya reconocido como un partido político indígena.

SENTENCIA INEXPLICABLE

¿De qué hablamos? De que en el proceso electoral reciente, el Partido Encuentro Social (PES) no alcanzó el porcentaje de votación mínimo establecido en la Constitución federal para mantener su registro como partido y, lo más importante, el acceso a los recursos económicos por concepto de prerrogativas y a los tiempos oficiales de radio y televisión, entre otras cuestiones. En sus márgenes de votación para los cargos de elección popular del orden estatal, el PES no llegó al umbral de captación del tres por ciento del total de la votación emitida.

Esa fue la razón por la que el IEEPCO le revocó su registro como partido político estatal. Como era de esperarse, el PES se inconformó ante el tribunal electoral local, argumentando diversas cuestiones, entre ellas que su composición era la de un partido político de composición indígena. ¿Por qué argumentó esto? Porque la fracción XIV del artículo 25 de la Constitución local establece que cuando se trata de partidos políticos con registro estatal y reconocimiento indígena, sólo deben acreditar la captación del dos —y no del tres— por ciento de la votación válida emitida para cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo.

El problema es que dicha disposición fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte en la Acción de Inconstitucionalidad 53/2015 y sus acumuladas 57/2015, 59/2015, 61/2015, 62/2015 Y 63/2015. En ella, en el punto 85 y siguientes, la Corte estableció que existen lineamientos específicos que el texto constitucional federal marca a los Estados, de los cuales no es posible permitir modulaciones o modificaciones. Entre uno de estos mandatos se encuentra la exigencia de cierto apoyo ciudadano para la conservación del registro de los partidos políticos de carácter local, el cual está establecido, sin excepciones, en la captación de por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en comicios estatales.

En esa lógica, la Corte estableció que, alejándose de un mandato constitucional expreso, el legislador de Oaxaca disminuyó arbitrariamente el porcentaje requerido para la conservación del registro como uno de los derechos de los partidos políticos locales, por lo cual contradice abiertamente el texto de la Constitución Federal. Incluso, la SCJN aclara que esta declaratoria no se ve afectada por el hecho de que pudiera tratarse de partidos políticos con “reconocimiento indígena”, ya que, en ningún precepto de la legislación estatal, o federal, se advierte una definición de lo que es un partido político con registro estatal y reconocimiento indígena y si éstos difieren de los partidos políticos con simple registro estatal.

Según la sentencia de dicha Acción de Inconstitucionalidad, en el resolutivo octavo se declaró la inconstitucionalidad de la fracción XIV del artículo 25 por 10 votos de los ministros, por lo que dicha resolución tiene el carácter de declaratoria general de inconstitucionalidad. En ese precepto, a todas luces inconstitucional, se apoyaron los magistrados oaxaqueños para emitir la sentencia con la que decidieron extender indebidamente la vida jurídica del Partido Encuentro Social.

EN CAPILLA

Los magistrados electorales oaxaqueños hoy están expuestos a todo, por su contradictoria convicción de reconocer deliberadamente como partido indígena a quien no lo es, y por extenderle la vida a una de las fuerzas políticas aliadas al nuevo grupo gobernante. Al respecto, el segundo párrafo del artículo 72 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 constitucional, dice: “Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria se aplicara la norma general declarada inválida, el afectado podrá denunciar dicho acto de conformidad con el procedimiento previsto para tal efecto en la Ley de Amparo”. Dicho procedimiento establece que la autoridad que dolosamente aplique una norma declarada como inconstitucional, será separado de su cargo, inhabilitado, multado e incluso recluido en prisión. Los magistrados son, por definición, abogados y por ende peritos en derecho. ¿Cómo alegar, en esas circunstancias, el desconocimiento de que una norma había sido declarada inconstitucional, y que por esa razón la aplicó sin dolo? Imposible.

La elección del 1-J deja enseñanzas que partidos y candidatos deberán comprender en el largo plazo

Toda elección deja ganadores y perdedores y, generalmente, también deja a partidos y candidatos aturdidos por los resultados electorales. Ese aturdimiento ocurre casi siempre entre los partidos y candidatos que, o teniendo el poder lo pierden por la reprobación ciudadana, o porque habiendo tenido una victoria cómoda terminan siendo derrotados por quien no pensaban que podría ganarle. Todos esos escenarios han ocurrido en México, pero seguramente ninguno de tanta profundidad y trascendencia como el que arrojó la elección del 1 de julio pasado.

En efecto, la elección del domingo pasado fue histórica, entre otras razones, porque permitió el arribo de las fuerzas políticas más cercanas a la izquierda en México y, sobre todo, porque fue una de las más copiosas de las últimas décadas, y la que dio luz a un ganador con la más amplia legitimidad de que se tenga memoria.

El enojo social combinado con el hartazgo por ciertos hechos en concreto, y frente a la circunstancia de un candidato presidencial que hizo campaña durante 12 años continuos y supo capitalizar cada una de las situaciones en las que se vio envuelto, llevó a Andrés Manuel López Obrador a arrasar en las elecciones, y a darle a su partido y sus aliados —Morena, y el Partido Encuentro Social, y el Partido del Trabajo—, la más amplia posibilidad de gobernar con una mayoría legislativa relativamente cómoda, que no se había visto en todos los años que han pasado desde que ocurrió la gran apertura democrática de mediados de los noventas.

De hecho, si hasta ahora hubo un signo distintivo de nuestra democracia, eso fue el hecho de que ningún partido lograba concretar una mayoría dominante frente a sus adversarios. Desde que en 1997 el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, ningún presidente y ningún partido logró traspasar ese umbral en las tres siguientes administraciones federales.

No lo logró Vicente Fox, que ganó indiscutiblemente los comicios del año 2000, pero en los que la ciudadanía —y el PRI, con su maquinaria electoral y sus gobernadores— impidieron que éste tuviera la mayoría legislativa que le habría permitido hacer cambios de fondo —y sobre los cuales tampoco tuvo convicción, ya que rápidamente se resignó a gobernar bajo las reglas del antiguo régimen claudicando a impulsar la transición democrática que había prometido.

Tampoco lo logró Felipe Calderón. Él, de hecho, gobernó siempre con una bancada panista minoritaria. Su falta de legitimidad de origen nunca pudo ser superada por ninguna de sus acciones de gobierno. En las dos legislaturas que vivió en su periodo presidencial, tuvo importantes problemas para mantener una relación civilizada con las fuerzas de oposición. El PRI, principalmente, fue el partido que se le opuso y le atajó todas las reformas que impulsó. Por eso fue un Presidente que casi abusó del decreto presidencial para gobernar y que en realidad tuvo muy pocos resultados tangibles durante su gestión. Hubo, es cierto, disciplina financiera y relativo crecimiento en el entorno de la crisis económica mundial de 2009. Pero se mantuvo el proceso de suspenso legislativo en todos los temas importantes.

Incluso el gobierno de Enrique Peña Nieto, que tuvo como sello inicial las reformas estructurales y el Pacto por México, tuvo coordenadas poco claras respecto a la mayoría que le dio la ciudadanía a través de las urnas. Esa mayoría, más bien, fue artificial y se la dio el consenso que generó con las principales fuerzas políticas del país, que se sintieron orilladas a generar un pacto gubernamental dada la ideal de la reinstauración del régimen de partido hegemónico. Peña Nieto no pudo ir más allá dados sus propios cuestionamientos como gobernante. Y finalmente los visos de corrupción y la incapacidad natural de su gobierno de generar un consenso social, combinado con la ruptura de los tejidos con las capas sociales más numerosas del país, generaron la debacle que vimos el 1 de julio.

Aún en ello, hay algunos elementos que vale la pena considerar porque son parte del aturdimiento que es visible entre todas las fuerzas derrotadas, por un partido disfrazado de movimiento.

CONTRADICCIONES

Apunta, entre muchas otras, Javier Tejado en un texto (https://bit.ly/2IWvnGn) publicado esta semana en El Universal, algunas que son fundamentales. Las coaliciones traicionaron a sus candidatos presidenciales: analizando el voto que los partidos Nueva Alianza (NA), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y Verde Ecologista de México (PVEM) obtuvieron de manera individual para el Congreso de la Unión, y comparando esto con lo que cada uno de ellos aportó a su respectiva coalición presidencial, es claro que hubo un voto diferenciado y hasta operado a favor de Andrés Manuel López Obrador y no para su respectivo candidato, fuera este José Antonio Meade o Ricardo Anaya. Así, los “votantes” de los partidos chicos de las coaliciones perdedoras votaron por su rival (AMLO).

Otro elemento importante: No se explica de otra manera la votación —tan consistentemente diferenciada— entre cada una de las elecciones. Esto también refleja que con las encuestas de los días previos a la jornada electoral hubo un intenso cabildeo político para beneficiar a López Obrador. Digamos que ningún partido chico quiso pelearse con él, al contrario, decidieron ayudarlo en la elección de este primero de julio. (* cifras con corte del PREP a las 18:30 horas de ayer). Incluso, ya podemos decir que la estrategia del “voto útil” únicamente favoreció al candidato de Morena.

Esto da como resultado que José Antonio Meade y Ricardo Anaya hayan sido, electoralmente, los peores candidatos en la historia de sus respectivos partidos y coaliciones. Ambos fueron “abandonados” por su respectiva coalición.

Este hecho hace poco probable que las coaliciones tengan viabilidad, tal como funcionan ahora, para elecciones futuras. Está claro que la alianza con partidos pequeños fue perjudicial tanto para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como para Acción Nacional (PAN), pues el costo electoral de ceder candidatos a diputados y senadores a costa de sus propios militantes fue muy alto, en comparación con el exiguo apoyo que recibieron de sus coaligados sus candidatos presidenciales. De igual forma, a Morena poco ayudó su coalición, pues por sobre-representación perderá legisladores frente al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Encuentro Social (PES).

DESCANSO

Esta columna tomará dos semanas de descanso, a partir del próximo lunes. Volveremos a leernos en este mismo espacio, el próximo 23 de julio. ¡Hasta entonces!

A pesar de las dudas, México sí estaba preparado para el arribo del supuesto ‘candidato antisistema’

A partir de las 20.30 horas del domingo, México demostró que estaba preparado para lo que nadie creía: el candidato supuestamente antisistema, aquel que había cuestionado a las instituciones democráticas y que había puesto en duda la credibilidad y certeza del proceso electoral, se alzaba con una victoria aplastante sobre todos sus adversarios. Y no sólo eso: minutos después de haberse dado a conocer los primeros datos preliminares sobre el resultado de la elección, sus tres competidores en la carrera por la Presidencia de la República, salieron a reconocer el resultado y, no sólo eso, sino también a felicitarlo. Poco a poco, las voces de propios y extraños se sumaron a lo que ya habían hecho los ciudadanos: expresar pacíficamente su voluntad y reconocimiento a favor de la mayoría. México sí estaba preparado, pues, para lo que nadie creía.

En efecto, hoy podemos ver en perspectiva la larga trayectoria que ha tenido el país en la construcción de su democracia. Plagada de tropiezos y de sinsabores, queda claro que este proceso de transición inició luego de la matanza del 2 de octubre de 1968, y que tuvo sus primeros reflejos claros en la elección presidencial de 1988, cuando hubo un cuestionamiento claro al resultado electoral, y un primer señalamiento de fraude. Al margen de lo que se diga, quedaba claro que el régimen de partido hegemónico (el PRI corporativo, avasallante y unívoco de aquellos años) no permitiría una transición como la que ambicionaron quienes construyeron el Frente Democrático Nacional, pero tampoco podría ser capaz de frenar la construcción de ese proceso de transición que, al menos en el ámbito electoral, hoy vemos consolidado.

Lo cierto es que a partir de 1988, México inició una carrera democratizadora llena de claroscursos pero con resultados tangibles 30 años después. A partir de ese año comenzó el proceso de separar del Ejecutivo a las instituciones encargadas del ejercicio de la democracia representativa, de dotarlas de autonomía, y de ciudadanizar los procesos relacionados con el ejercicio del sufragio. A la par de ello, las fuerzas opositoras iniciaron un proceso largo y complejo de empuje hacia la segunda fase de la apertura democrática.

La primera había ocurrido con la reforma política de 1977, cuando se reconoció la existencia, y se incluyó la representación de los partidos opositores de izquierda que habían estado en la ilegalidad. Y esa segunda fase –impulsada luego de la elección de 1988, y consolidada luego de la primera alternancia de partidos en el año 2000— consistió en el empuje del respeto y ejercicio pleno de libertades fundamentales como la de expresión, asociación en fuerzas distintas al partido oficial, de competencia democrática y de cuestionamiento libre al régimen gobernante sin el temor a ser reprimido por expresar sus ideas y disensos.

Pareciera que en esa segunda fase se luchó por algo que ya existía. Aunque en realidad lo que pasaba, es que esas libertades estaban escritas en el texto constitucional desde el inicio de su vigencia, pero no eran ejercidas por quienes tenían temor de ser censurados o reprimidos, y tampoco eran respetadas por quienes seguían ejerciendo la práctica de los “ierros” —encierro, destierro o entierro— ideada por Gonzalo N. Santos, uno de los constructores del régimen que había sido derrotado en la elección del año 2000, en contra de cualquiera que no estuviera de acuerdo con sus políticas, prácticas o proyectos.

A partir del año 2000, la censura y la intolerancia comenzaron el proceso de vencimiento por una ciudadanía exigente o pujante. Y la tercera fase consistió en generar ciertas condiciones para que hubiera una tercera opción en la Presidencia. Se intentó en 2006 con un resultado cuestionado; se volvió a ensayar en 2012, cuando la ciudadanía asumió que el fracaso de los doce años de la primera alternancia se resolvería con un aparente regreso al pasado; y finalmente llegamos a esta elección, en la que ya había señalamientos fundados de un aparente acuerdo entre cúpulas para impedir el paso de la tercera vía.

Esa tercera vía, en su momento cuestionó y repudió a las instituciones y las normas que decía que estaban hechas para proteger a quienes no permitirían su ascenso al poder; también señaló a quienes veía como los protagonistas de esa gran empresa destinada a frenarlos. Cuestionó a lo que denominó “la mafia en el poder”, y dudó de las instituciones que se habían ido construyendo a fuego lento. Incluso, hace poco tiempo advirtió lo que podría ocurrir si se repetía un fraude electoral: habría un tigre suelto en el país, y no habría forma de que algo así fuera contenido.

RESULTADO NECESARIO

“El país ya no aguanta más”, se dice y con razón. El país carga no sólo con seis años de agravios, sino con un ánimo profundo de reivindicación de los esfuerzos y sacrificios que han hecho no sólo los luchadores sociales, sino quienes han puesto su bienestar en juego en pos de un proyecto que desde hace tiempo pareció haber llegado a su clímax, y que hoy genera más dudas que certezas sobre su utilidad y viabilidad para México. Por eso, el resultado de la elección de ayer era no sólo previsible, sino necesario, porque para la mayoría era necesario seguir avanzando en este ejercicio democrático de “prueba y error” que ha dejado un saldo rojo que nadie sabe si podrá ser revertido.

La tercera vía luchó y alcanzó el poder con el respaldo de la mayoría. Lo hizo sin que hubiera visos de fraude. Lo logró a pesar de las posibles confabulaciones o acuerdos cupulares en su contra. Lo hizo con un resultado implacable e incuestionable hasta por el más fervoroso de sus adversarios. Y lo hizo con el respaldo de una ciudadanía que salió ordenada y ejemplarmente a votar, y que ejerció sus derechos políticos civilizada y pacíficamente, en una jornada en la que no hubo violencia que determinara, ni coacciones que valieran, y mucho menos movilizaciones que pudieran detener lo que la mayoría quería.

Todavía antes de las 20 horas del domingo 1 de julio, había quien se cuestionaba si en realidad la mafia en el poder permitiría el triunfo del supuesto candidato antisistema. Supuesto, porque a pesar de cuestionar y disentir, ese candidato siempre jugó dentro del marco de la ley: fue, nos guste o no, una lucha por el poder y no contra el poder, porque lo primero que hizo al saberse ganador fue reconocer a la Constitución, a las instituciones de la República, y a la mayoría civilizada que se expresó a su favor a través de las urnas. Por eso refrendó —y ojalá así lo haga— su respeto al orden democrático, a la ley, y a las reglas políticas establecidas en el devenir histórico de nuestra nación.

SUMA

Luego vino la suma. Sí, la suma de todos los factores reales y formales del poder que, igual que él, decidieron no romper el orden ni cuestionar el ejercicio democrático de los ciudadanos. Por eso, en pocos minutos, el Presidente, los ex Presidentes, líderes políticos, partidistas y sociales, empresarios —y hasta los adversarios históricos del ganador de la elección— salieron a reconocer su triunfo. Lo hicieron no como parte, sino como reflejo instintivo de la sociedad madura en la que se dieron cuenta que viven. Por eso nadie rompió ni cuestionó. Con eso, todos demostraron que las instituciones nacionales son lo suficientemente robustas como para responder a las decisiones que podrían parecen impensables hace —relativamente— muy poco tiempo.

1-J: histórica lección de civilidad, y un decisivo triunfo de la ciudadanía en México

Al margen del resultado electoral, ayer la ciudadanía en México dio una portentosa lección de civilidad y congruencia, al acudir a las urnas y dejarle claro al régimen de partidos que no había forma de incidir en el resultado electoral por encima de lo que la mayoría dictara. Por eso, hubo un resultado concreto y visible en la elección presidencial, y por esa razón apenas pasadas las veinte horas de anoche, todos los contendientes habían salido a reconocer la tendencia a favor de Andrés Manuel López Obrador, atajando con ello cualquier viso de inestabilidad, de los muchos que se vislumbraban. A reserva de ir desmenuzando la compleja jornada electoral del 1 de julio, van los primeros apuntes.

Participación de la ciudadanía. No ocurrió ninguno de los escenarios de violencia que se preveían. Al menos Oaxaca, ha sido siempre un espacio complejo en el que las efervescencias se llevan al límite. Lamentablemente, en esta ocasión hubo varios muertos y diversos ataques armados en contra de candidatos a cargos de elección popular. Ello hacía posible un escenario de mayor violencia el día de la jornada electoral.
Actos violentos, aislados. Quedó claro, sin embargo, que una cosa es la violencia que se ejerce entre grupos de poder y al interior de los partidos o las facciones políticas, y que otra muy distinta es el ejercicio democrático entre los ciudadanos. Pues salvo algunos hechos aislados —como el que se reportaba en Santa Cruz Xoxocotlán pasadas las 21 horas, en donde habría ocurrido un intento de robo de urnas—, la jornada electoral transcurrió en calma a partir de que hubo mucha gente que salió a votar, y que lo hizo en paz y civilizadamente, como muchos no lo habrían considerado apenas unos días antes. Esa participación de la gente de a pie yendo a votar, atajó cualquier posibilidad de violencia que sí se había considerado como posible.
Resultado consistente. Era fundamental un resultado que no dejara dudas sobre el triunfo. Había mucha polarización, en gran medida provocada por el enojo de quienes se habían sentido despojados en dos ocasiones consecutivas de la Presidencia de la República —hay razones concretas para pensar que sí, en 2006; pero no en 2012, cuando también hubo un resultado consistente a favor de Enrique Peña Nieto—, pero también por quienes veían en Andrés Manuel López Obrador un peligro para México, y así lo expresaban de forma tajante. Al final, esa polarización sólo habría de quedar zanjada con un resultado indiscutible. A partir de hoy será tarea de quien ganó, de López Obrador —y que sus simpatizantes lo respalden—, la labor de impulsar el proceso de reconciliación del país. Sin ese elemento, será imposible que pueda gobernar democráticamente como todos —los que comulgan con su causa, y los que no— lo esperamos.
Votación plural. Los sondeos que se presentaban en las primeras horas de anoche, daban cuenta de un Congreso dividido. Ello será indispensable para generar el escenario de contrapesos que necesita el país frente a una Presidencia fuerte. Ni Vicente Fox en el año 2000, ni Peña Nieto en 2012, ganaron con ese margen tan cómodo sobre sus adversarios, como lo hizo anoche López Obrador sobre José Antonio Meade Kuribreña y Ricardo Anaya Cortés. La amplia victoria morenista en la Presidencia de la República, debía ser contrastada con un Congreso plural que frene al próximo Titular del Ejecutivo, y lo obligue a los consensos que no existirían de hacerse de una mayoría absoluta en las cámaras legislativas federales. Aunque eso puede ser tomado como un freno al proyecto de López Obrador, la pluralidad de fuerzas políticas es algo que no deja de ser saludable para la democracia.
La civilidad demostrada por los partidos y sus candidatos, son consecuencia de la actitud de la ciudadanía. Millones de mexicanos salieron a votar en paz y decididamente, y una actitud distinta por parte de los institutos políticos o los aspirantes presidenciales derrotados, sería contrastante y contraria al sentido democrático con el que la gente salió a votar. Este elemento vale la pena remarcarlo: ayer domingo fue un día como cualquier otro. Había gente en las calles, personas abriendo su negocio o yendo a trabajar con normalidad. Hubo niños y familias en los parques y las mismas actividades cotidianas de cualquier domingo. Esa normalidad reflejó la valentía de la gente, que vio el día de la jornada como uno más, en el que tenía que acudir a cumplir con un deber cívico pero sin romper la rutina por miedo, incertidumbre o perspectiva de que algo inusual iba a ocurrir. No ocurrió en la gente; tampoco en los partidos. Y qué bueno, porque ese fue uno de los verdaderos triunfos históricos de la jornada de ayer.
Reconocimiento de los resultados. Qué bueno que minutos después de abierto el espacio para los pronunciamientos públicos, luego de la jornada electoral, todos salieron a reconocer el resultado porque con eso no sólo le dieron certidumbre a las élites y los mercados, sino que sobre todo, con eso proscribieron cualquier posibilidad de violencia e incertidumbre, que en el fondo era lo que más le preocupaba a millones de mexicanos independientemente del resultado de los comicios.
Ponderar las coincidencias. Propios y extraños, comenzando por los abanderados presidenciales derrotados, salieron a reconocer que la mayor coincidencia en esta elección es México. Qué bueno, y ojalá eso mismo lo reconozca siempre el candidato ganador. Nunca más que ahora es visible —y doloroso— aquel lugar común que dice que México ya no aguanta más. Es tan cierto como el resultado electoral. Por esa razón, ahora como nunca habrá que ponderar permanentemente las formas y establecer coordenadas muy claras de qué país queremos y cómo debemos construirlo en los siguientes años, poniendo quizá como punto de referencia esta decisión democrática tomada ayer domingo en las urnas.
Oposición racional. Los mexicanos debemos exigir eso: unas fuerzas opositoras capaces de construir desde la derrota. Será una mezquindad volver a esa oposición condescendiente —la que existió hasta pocos años antes del fin del régimen de partido hegemónico—, o a la oposición irracional de la primera alternancia de partidos —del 2000 al 2012— en el poder presidencial. Necesitamos todos —ganadores y perdedores, además de la ciudadanía— una oposición que equilibre y construya. Tener sirvientes del poder, o fanáticos del “no”, será tanto como no haber aprendido la lección de esta tercera alternancia. Se puede construir también el país desde la oposición. Las fuerzas derrotadas deben pensar y ponderar al país, a México, más allá de la siguiente elección, para demostrar una verdadera actitud constructiva a favor del país.

El hackeo ruso es mucho más que una leyenda urbana… y varios mexicanos lo han comprobado

Estamos en la víspera de los comicios en México, y una de las historias que hemos escuchado con insistencia durante todo el año —el periodo electoral comenzó desde finales de 2017— es la de los llamados ‘hackers rusos’ que podrían estar maquinando noticias falsas y manipulación digital para influir en el resultado de las elecciones, igual que como se acusa que ocurrió en la elección estadounidense que en 2016 ganó el republicano Donald Trump. Quién sabe si eso sea totalmente cierto, pero lo que sí está muy documentado es otro tipo de intervención rusa, que más bien tiene que ver con el robo de información. Y varios mexicanos han sido blanco de ello.

En efecto, a finales de 2017 Monserrat Oliver fue víctima de algún hacker que filtro sus fotos intimas con su novia llamada Yaya Kosikova Son fotografías en las que se ve a la pareja en momentos íntimos y privados que fueron difundidas en las redes sociales. Monserrat al ver sus fotos en las redes por medio de su cuenta de Instagram compartió un mensaje para todos apenándose y disculpándose con lo sucedido y expresaba que una de esas fotos está editada.

Luego, apenas en la segunda semana de junio, se filtró a redes sociales un video en el que aparece el ex futbolista mexicano Luis Roberto Alves “Zague” mostrando su miembro viril. Luego de horas de bromas respecto al video, Zague tuiteó lo que pasó, según él. El exfutbolista se declaró una víctima más de los hackers. Según su versión difundida también en redes sociales, los ciberdelincuentes “son cada vez más creativos”, y ahora el comentarista de Azteca “tendría que soportar”, además de las burlas en redes sociales, a Luis García y Christian Martinoli, según dijo en su perfil de Twitter.

Hubo un tercer caso, muy similar. La conductora mexicana Patty López de la Cerda causó furor en las redes sociales por una secuencia de fotos subidas en Instagram, y ahora dejó impactados a todos con un video pornográfico el cual comenzó por WhatsApp, según diversos medios. El supuesto video fue filtrado la semana pasada junto con fotos íntimas de las sexy analista deportiva de Azteca Deportes, que actualmente se encuentra cubriendo el mundial de Rusia 2018.

Esos tres casos tienen algo en común, independientemente del morbo y el escándalo que despiertan en ciertos sectores de la sociedad: los hackers rusos como protagonistas del robo de información contenida en teléfonos celulares, ipads, tabletas electrónicas y computadoras de gente que viajó a Rusia para cubrir los eventos deportivos que actualmente se desarrollan por el torneo mundial de futbol. Parece que, en el caso de los mexicanos, nadie les advirtió de los riesgos que corrían al llevar aparatos electrónicos a aquel país, y someterlos sin ningún a conexiones no seguras que en realidad podrían haberles “drenado” esa y más información sensible, como datos de tarjetas de crédito, contactos y todo lo que es posible almacenar en un teléfono inteligente, computadora o tableta.

LA OTRA TRAMA RUSA

En un interesante texto publicado esta semana en El Universal, Javier Tejado Dondé advierte algunas coordenadas de esta bien elaborada trama rusa. En un artículo denominado “cómo hackearon a Zague y a otros en este Mundial” (https://bit.ly/2IsArBK), apunta que previo al inicio del Mundial de Rusia 2018, las agencias de inteligencia y contraespionaje de Estados Unidos y del Reino Unido alertaron a todos sus ciudadanos que iban al Mundial a que fueran cuidadosos con sus equipos electrónicos (celulares, computadoras y iPads) para evitar hackeos. Incluso, recomendaron no llevar equipos electrónicos.

Por el lado de Estados Unidos, William Evanina, director del Centro de Contraespionaje y Seguridad Nacional (National Counter Intelligence and Security Center) alertó que la información contenida en aparatos electrónicos —sobre todo la información personal— sería accesada por el gobierno ruso o por cibercriminales. Incluso, recomendó sólo llevar el mínimo de aparatos electrónicos, tratar de que fueran nuevos para que no tuvieran información personal, como fotos o tarjetas bancarias, además de quitarles la pila o apagarlos cuando no estuvieran en uso.

Por el de Reino Unido, el National Cyber Security Centre mandó una alerta a todos sus ciudadanos que viajaban a Rusia para el Mundial, titulada: “Evita que te metan un ciber gol este verano”. En esta comunicación, disponible en ncsc.gov.uk, también recomiendan acciones para minimizar riesgo de hackeos.

Todo apunta a que los cibercriminales en Rusia acceden a los datos e imágenes en dispositivos electrónicos por dos vías: a) infiltrando un virus (como troyanos, malware o ransomware) a los routers —dispositivos que permiten la conectividad a nivel de red— de hoteles, centros comerciales, y por esta vía bajan la información; y, b) instalando dispositivos para dar internet, que se asemejan a los reales, en sitios públicos (parques, restaurantes, tiendas, hoteles, estadios) y a la hora de que los usuarios se conectan a estas redes en búsqueda de señal WiFi, los piratas informáticos bajan toda la información de los equipos electrónicos. Con cualquiera de estas dos formas le dieron “baje” a toda su información, incluidas imágenes y videos, a Montserrat, Zague y otros.

En México, nos hemos desde escandalizado, hasta reído y apenado por estas imágenes. Más allá del mal rato que han vivido las tres personas y sus familias, el tema que no se debe de ignorar es que, a diferencia de otros países, aquí ninguna autoridad —ni la Cancillería, el Instituto Federal de Telecomunicaciones o la Policía Federal— alertó a los más de 40 mil mexicanos que están en Rusia sobre el riesgo al que están expuestos y las precauciones que deben tomar. Sirva esta columna para ello.

Pero, ¿qué se puede esperar en un país en el que no hay política alguna en materia de ciberseguridad y en donde hasta al Banco de México (y otros bancos) los hackers le roban cerca de 800 millones de pesos y nada más no pasa nada?

Los riesgos del hackeo y de la ciberdelincuencia están ahí. Desde el robo de millones vía transferencias ilegales, hasta el robo de información, pasando por la mercantilización de imágenes privadas. Nada en el mundo digital es seguro, por lo que además de ciertos cuidados, desde luego se recomienda prudencia con lo que uno guarda en sus dispositivos electrónicos.

INTIMIDAD VULNERADA

Quizá después de esto, en general se deba tomar en serio aquella previsión de evitar las conexiones públicas a internet o la permisividad en los controles de los aparatos electrónicos. Evidentemente, este es un juego de morbo, aunque sólo en lo superficial. Luego de eso hay otras cuestiones más de fondo como el ciber robo o los ataques masivos. Algo para pensarse.

Votar ‘5 de 5’, a favor del partido que sea, es un riesgo para nuestra débil democracia

En el último tramo de las campañas proselitistas, las principales coaliciones y partidos que participan en la carrera por la Presidencia de la República, intensificaron el llamado a que los ciudadanos votemos “cinco de cinco”, el día de la jornada electoral. Dicha frase implica que la ciudadanía emita su sufragio por el mismo partido o coalición en las cinco papeletas electorales que recibirá el día de los comicios, para elegir Presidente de la República, Senadores, Diputados federales, Diputados locales y Presidentes Municipales. Las fuerzas políticas lo hacen por una conveniencia concreta. Sin embargo, ¿qué tanto le conviene a la democracia ese salto al vacío?

En efecto, desde el mes de marzo pasado el candidato presidencial de la coalición Morena-PES-PT, Andrés Manuel López Obrador cambió radicalmente el sentido de su discurso, y dejó de orientarlo al llamado “proyecto alternativo de nación” o a su figura en específico, para centrarlo en el voto a los candidatos a diputados federales, senadores y cargos locales (diputaciones y alcaldías) de su partido.

En alguna lectura política, ese cambio se interpretó como parte de la confianza del tabasqueño sobre su fortaleza y posible triunfo; aunque también, y sobre todo, eso fue tomado como la preocupación del tabasqueño por la aparente imposibilidad de romper la inercia de la pluralidad en la integración de las cámaras federales, y con ello ver frenados —frustrados, quizá— los objetivos de su gobierno.

Y es que desde hace tiempo, López Obrador se ha asumido como un candidato robusto que ya no necesita seguir alimentando el ego de la imagen, y que más bien debe comenzar a preparar las condiciones para su gobierno. En esa lógica, lo que en un inicio pudiera verse como un desplante o un acto de soberbia, en realidad parecería estar más encaminado a generar las condiciones que hacen falta para poder consolidar un gobierno cómodo que le permita los márgenes para cumplir con su polémico y contradictorio programa de gobierno, y con las promesas concretas que también ha lanzado.

Si a Andrés Manuel le queda claro que aún en una democracia incipiente como la nuestra, sería imposible gobernar por decreto, entonces le debe preocupar sobremanera no ganar los suficientes espacios en el Congreso. Esa misma preocupación hoy es compartida por los demás candidatos presidenciales y fuerzas políticas, ya que tanto en la coalición PRI-Partido Verde-Nueva Alianza, como en la alianza PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, han compartido el llamado a que los ciudadanos votemos el 1 de julio por los candidatos de los mismos partidos en todas las boletas electorales.

Todos quieren, en esencia, ganar no sólo la Presidencia sino la mayoría de los espacios en disputa. El sentido y la trascendencia de este llamado, es la misma que la del tabasqueño: romper la pluralidad de fuerzas políticas en el Congreso, porque eso implica un proceso más complejo y tortuoso de negociación entre partidos para sacar adelante casi cualquier reforma.

Paradójicamente, hoy que la sociedad está más polarizada y que el resultado electoral es particularmente incierto, resulta que todos le apuestan al ‘5 de 5’ como una fórmula de brincarse la impronta de la pluralidad que ha tenido nuestra democracia desde hace más de 20 años.

GOBERNAR CÓMODOS

¿Por qué quieren votos ‘5 de 5’? Van algunas razones:

López Obrador ha dicho que de llegar a ser Presidente podría tomar decisiones del tamaño de la cancelación de la obra del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, la venta del avión presidencial, la cancelación de las reformas educativa y energética, y la modificación de los esquemas de combate a la corrupción y de nombramiento de los integrantes de órganos del Estado a los que la Constitución federal ya les reconoce plena autonomía, y sobre los que señala que su nombramiento es potestad del Congreso y no del Ejecutivo.

A AMLO le debe quedar claro que habría algunas decisiones que sí podría tomar y procesar como Presidente sin romper la división de poderes, pero que habría otras sobre las que simplemente no podría actuar. En el caso de la cancelación del nuevo aeropuerto o la venta del avión presidencial, tendría que establecer innumerables condiciones no sólo relacionadas con las acciones del Ejecutivo, sino también con la forma en que el propio Estado procesa los compromisos que contrae de forma institucional.

No obstante, todo cobra mayor complejidad cuando se asume la sola posibilidad de que el tabasqueño quisiera cancelar la reforma educativa o la energética. En ambos casos, la implementación y seguimiento de las reformas se encuentra en manos de órganos constitucionalmente autónomos —el INEE, en el caso de la reforma educativa; y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, entre otros órganos no dependientes ni de Pemex ni de Hacienda, en el caso de la reforma energética— y no del Ejecutivo, como para que él quisiera encabezar los trabajos de desmantelamiento de dichas reformas.

Más aún: el propio Andrés Manuel sabe que en el caso de reformas como la educativa, tendría que ser su obligación no sólo la de impulsar la derogación de las disposiciones actuales, sino también y sobre todo, la de suplir esas normas por otras. Sería imposible pensar que podría derogar la reforma educativa —con todo el entramado legal que eso implica— para simplemente dejar todos los temas educativos en la situación en que se encontraban antes de la reforma. El principio constitucional y convencional de progresividad de las normas que contienen derechos humanos —y el derecho a la educación es uno de ellos— impedirá una derogación lisa y llana, y le terminará imponiendo la obligación de quitar una reforma educativa para impulsar otra.

Todo eso debe estarle preocupando a Andrés Manuel, a partir de una cuestión bastante concreta: está entendiendo que a pesar de la autocracia de su partido y de la verticalidad de las decisiones en el partido político que él comanda, al país no podrá administrarlo de la misma forma. Habrá diversos contrapesos a los que se tendrá que sujetar, y tendrá también que someterse al desgaste ciudadano que implicará el hecho de que deje de ser el líder opositor para convertirse en el presidente en turno.

COMODIDAD COMPARTIDA

Por esa razón, Andrés Manuel y todos los demás candidatos presidenciales, hoy están preocupados por impulsar el voto para sus demás candidatos, como una forma de allanarse el camino de su posible gobierno, pero también de salvarse —al menos parcialmente— del implacable juicio de los ciudadanos que ya están enojados, y que aún con el triunfo de cualquiera de los candidatos, seguirán molestos como hasta ahora cuando se den cuenta que las promesas de campaña son más fáciles de decir que de cumplir. Por eso el ‘5 de 5’ representa más riesgos que beneficios para nuestra democracia.