+ Presupuesto: un arma electoral de riesgos
Teóricamente, la lucha por el poder político se da desde al menos tres vertientes: la lucha desde el poder, la que se libra por el poder, y la que se endereza contra el poder. Aunque esto pareciera un mero juego de palabras, son claras las distinciones que existen entre cada una de esas acepciones. La lucha desde el poder la encabeza quien ya lo ejerce y se dedica a preservarlo; las que se libran por el poder, se dan entre quienes desean acceder a él; pero la lucha contra el poder se da entre quienes pretenden destruirlo. En el México actual, tendríamos que ver qué tipo de lucha libran nuestros representantes políticos, porque de esa visión depende fundamentalmente nuestro porvenir como nación.
Ocupémonos, muy a grandes rasgos, de la distinción entre la lucha por el poder, y la lucha contra el poder. La primera es la que se libra institucionalmente, entre entes legitimados que pugnan por llegar a los altos espacios del poder para tratar, desde ahí, de instaurar cierta visión o plan ideológico o de gobierno, pero siempre entendiendo que más allá de las batallas políticas existe un marco fundamental que no debe ser cuestionado ni trastocado.
Mientras tanto, la lucha contra el poder entraña diferencias sustanciales con la primera, porque en ésta sí existe un intento claro por dinamitar las estructuras políticas, se opta por luchar al margen de la institucionalidad, y se tiene como objetivo desarticular todas las bases de legitimidad, credibilidad y fuerza del Estado, para luego reconstruirlas pero con fundamentos distintos a los establecidos. Como puede verse, mientras la primera de las acepciones se refiere a una lucha democrática, como la que teóricamente libran los partidos políticos y sus representantes que buscan acceder al poder, en la segunda lo que se busca es un rompimiento institucional.
Así pues, una vez establecidas esas dos vertientes, tendríamos que preguntarnos qué tipo de lucha se libra en México entre los partidos y facciones políticas. Teóricamente, lo que ocurre en el país es una civilizada y nutrida lucha política, que tiene como objetivo que grupos e individuos identificados con ciertas corrientes políticas o ideológicas, luchen democráticamente, y dentro del marco de las instituciones, la equidad y los equilibrios políticos, por conseguir las investiduras que se renuevan periódicamente a través de la voluntad popular.
Lo cierto es que, sistemáticamente, esta lucha —que tendría que ser eminentemente institucional y desprovista de otro tipo de alcances más riesgosos para la estabilidad nacional—, deja de ser por el poder, y se convierte contra el poder. Es decir, que en lugar de establecer un marco democrático en el que se privilegie el debate, la contrastación de opiniones, e incluso la confrontación de las mismas, lo que se pone bajo todo tipo de cuestionamientos, son a las mismas instituciones democráticas, de justicia y de gobierno mismas.
Por eso, en México hemos visto tan reiterados intentos por transformar las instituciones y los órganos ejecutivos y garantes de la democracia, la justicia y el gobierno mismos — supuestamente para hacerlos más creíbles y confiables a la vista de la población. Lo que hemos logrado, también sistemáticamente, es perfeccionar ciertos órganos que, sin embargo, no han tenido el suficiente sustento (porque no depende de ellos, sino de quienes interactúan con éstos) como para lograr que la sociedad tenga confianza y verdaderamente se convenza de que las instituciones sí representan la visión democrática que tantas veces ha hecho falta en quienes tienen en sus manos el deber de materializarla.
PRESUPUESTO EN JUEGO
Esta visión de lucha por y contra el poder, la hemos visto sistemáticamente plasmada en las competencias electorales. En 2006, un candidato presidencial llegó al extremo de mandar al diablo a las instituciones, y a manifestar todas las formas posibles de desconfianza no sólo en contra del órgano autónomo encargado de organizar y conducir los procesos electorales, sino también del gobierno y el Estado mismo.
Puede decirse que Andrés Manuel López Obrador sólo evitó —y qué bueno— la vía armada; pero es también evidente que con sus protestas —en gran medida fundadas, por los ataques sistemáticos que se enderezaron en su contra durante toda la campaña presidencial— finalmente no logró ninguno de sus objetivos, pero sí consiguió un doloroso desgaste que puso en tela de juicio el sistema de partidos, la democracia, las instituciones garantes de la legalidad y la constitucionalidad, y los poderes mismos. ¿Los poderes? Sí. Y si no, como ejemplo recuérdese aquello del “gobierno legítimo” y también aquello del “presidente espurio”.
El caso es que ese no es el único ejemplo que existe sobre las luchas que se tornan contra el poder en México. Otra de ellas, que es menos estruendosa, pero a su vez más riesgosa, es aquella que año con año se libra por el Presupuesto de Egresos de la Federación. ¿Qué pasó hace un año? Que el Congreso de la Unión decretó un alza a los impuestos, en la que los priistas apoyaron una propuesta del PAN. Había dos explicaciones posibles: primera, salvar al país del colapso económico; y segunda, hacer una serie de concesiones e intercambios de tipo político o partidista.
Los tricolores, teniendo la oportunidad de asumirse como garantes de la visión de Estado, asumiendo el primero de los argumentos, se decidieron por el segundo. De ahí derivó todo un escándalo por las alianzas electorales que se trabaron en entidades como Oaxaca, Puebla o Sinaloa. El PRI había pactado incrementar impuestos a cambio de un tema partidista. Y para bien o para mal, la población fue quien pagó esos pactos que, por su justificación, resultaron ser a todas luces inmorales.
¿BAJAR IMPUESTOS?
Hoy van en reversa. Aún cuando la economía del país sigue colapsada, y los signos de mejoría son mínimos, hoy los priistas, también por una revancha partidista, van por una baja a los impuestos. En 2010 decidieron tener a un gobierno rico frente a un pueblo pobre; y ahora pretenden ellos seguir teniendo recursos a cambio de rasurar presupuestos y programas, motivados también por una revancha que nada tiene que ver con las razones de Estado. Ciertamente, bajar impuestos es muy popular. ¿A cambio de qué, o a costa de qué lo están haciendo? Más allá de la popularidad, ¿esto será viable para el país? Al actuar así, no luchan por el poder, sino en su contra.
